Los consultorios médicos de farmacia han sido tema de alta relevancia en días recientes. El Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, se expresó mal de ellos y advirtió que “son un gran engaño” y podrían “poner en riesgo la salud y la vida” de los pacientes. “Lo deseable sería que no existan”, remató el funcionario.
La polémica desatada por López-Gatell arrojó datos de gran importancia para medir el impacto de este subsistema “informal”. La consultora Georesearch registró 52 mil farmacias en el país, hasta mediados de 2020. La asociación de farmacéuticos (Anafarmex), señala que hay 18 mil consultorios adyacentes (CAF). Éstos, en promedio, atienden a 350 mil pacientes al día, cifra equivalente a 10 y medio millones de consulta al mes. Por mayoría, son personas no aseguradas en ningún sistema oficial.
Por lo que se sabe, los consultorios de farmacias resuelven varios problemas al país: primero, son de bajo costo; segundo, ocupan a miles de médicos que de otra forma estarían en el desempleo, puesto que los sistemas de salud público y privado han sido incapaces de absorberlos; tercero, resuelven problemas de saturación de los hospitales y clínicas públicos; y cuarto, solucionan problemas de tiempo a los pacientes.
Sin descartar que parte de los CAF pudieran supeditarse a intereses de mercadotecnia en la atención a los pacientes, una mayoría de quienes se expresan en redes de internet considera que los CAF dan buen servicio, en general.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador no concrete su promesa de que los mexicanos podamos tener un servicio médico como los mejores del mundo -que incluya consulta y medicamentos gratuitos para los no asegurados-, los CAF deben ser respetados, y sus médicos estimulados por el gobierno, de alguna forma.
No es hora de pretender eliminar un subsistema informal que aporta grandes beneficios, sino de supervisarlo debidamente. También ofrecerle facilidades, mientras no se logren los superiores objetivos del gobierno en tan estratégica materia.