Voces del Periodista Diario

Corrupción, amnistía e impunidad

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

A Vicente Fox, los politólogos apoyadores en campaña -algunos del grupo San Ángel– empezaron a reprocharle desde los primeros meses de su mandato la evasión de su compromiso de combatir la corrupción tricolor, con el que abanderó su proselitismo electoral en 2000.

Al primer año del sexenio, el filósofo de San Cristóbal pretendió defenderse: El combate a la corrupción es obligación legal y ética; es asunto de principios; no de propaganda política o de ajuste de cuentas. Dijo: Se procede con toda pulcritud jurídica.

¿Quién no sabe cómo terminó el sexenio a partir del monstruoso saqueo de la renta petrolera?

La élite política sólo teme al voto de castigo del elector

Ajuste de cuentas, mencionó el guanajuatense. Hay una aplicación que nada tiene qué ver con venganza entre o contra personas.

Ajustar “cuentas con el pasado”, es ajustarse a la realidad para ajustar cuentas con ella. Colegimos que, con la realidad previa, que se prometió enmendar para recuperar la confianza no sólo de los votantes, sino de la sociedad en su conjunto.

Subclase, le llaman algunos sociólogos a la élite política. Ésta sólo ve el ajuste de cuentas en un proceso electoral y en los riesgos de resultados adversos en su exposición a la voluntad popular. Esa élite se siente exenta de responsabilidades por crímenes de carácter social y económico.

Será por eso que, desde que hace más de dos décadas empezó a demandarse la creación de una Comisión de la verdad, sus promotores le asignaron la facultad de atender sólo los crímenes políticos del pasado.

En la tabla de valores democráticos sobre actos de autoridad, ¿pesan más aquellos que afectan a un segmento específico de la clase políticamente militante, o los atentados económicos que golpean el interés general de la comunidad nacional, sobre todo de los sectores más desfavorecidos?

La suma de la corrupción, igual a los presupuestos de 2019

Esa es la gran cuestión: Como producto de la economía criminal, en la que convergen los delitos de cuello blanco y sus perpetradores, la corrupción público-privada carga sobre la sociedad civil su costo que, según investigaciones confiables, alcanza más de un billón de pesos al año.

Si sólo se hiciera el balance de un sexenio gubernamental -sin ponerle data ni nombres a sus detentadores-, estamos hablando de seis billones de pesos. Es el monto de los presupuestos para 2019.

El asunto es que, por encima de la ética republicana, está primando ahora la Republica amorosa, que no quiere ser identificada por el instinto de venganza. Sólo un subconsciente medroso puede curarse en salud.

Los corruptos de ayer bailan al son de Los ángeles azules

La economía criminal es una perversa hazaña del Estado neoliberal mexicano. Cuando, verbigracia, se anunció que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) sería el primero de la era posneoliberal, la gente tuvo derecho a pensar que el combate a la corrupción iba ir en serio.

Los usufructuarios de la corrupción del sexenio pasado, andan bailando un jarabe tapatío con la partitura de Los ángeles azules: Unos de sus sones es la impunidad, la siguiente tanda se baila al ritmo de la amnistía.

“Asunto de principios”; pulcritud jurídica, dijo en su momento el clásico guanajuatense: A otro perro con ese hueso. Es cuanto.

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