Voces del Director
Desde Filomeno Mata 8
Por Mouris Salloum George (*)
Uno de los aspectos más repulsivos que se manifiesta en tragedias como la desencadenada por los terremotos de 7-19 de septiembre, es la de la rapiña que agiganta el dolor y el luto colectivos.
Ese crimen de lesa humanidad se puede datar en varios tiempos: La rapiña institucionalizada, que tiene su vieja expresión en la permisividad-complicidad-moches de agentes de gobierno frente a las deliberadas transgresiones de los especuladores de las industrias de la construcción e inmobiliaria, que venden peligros de muerte a sabiendas.
La rapiña instintiva, que surge espontáneamente en individuos que medran sobre el caos en las horas más críticas de la confusión y el desamparo social.
La rapiña organizada, que se comete con las tres agravantes a la hora en que empiezan a liberarse recursos financieros para el auxilio las víctimas, como la que se ha detectado particularmente en la Ciudad de México.
La rapiña electorera, que tiene como perpetradores a ciertos partidos políticos y algunos potenciales cazadores de candidaturas a puestos de elección popular.
Sobre esas tipificaciones antisociales subyace la sospecha de la corrupción, que no cesa ni siquiera a la vista de los cadáveres y el duelo y el llanto de sus familiares.
Destacamos un signo en esta revisión: Verbigracia, la súbita y casi anónima promoción de cuentas bancarias para que los solidarios depositen en efectivo sus socorros.
En ese sentido, vale destacarse la reacción del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que ha publicado reglas para que solicitantes y donantes especifiquen si sus aportaciones son en efectivo o en especie (superiores a 117 mil pesos), y en su caso el destino o uso específico e identificación del donante (potencial solicitante de deducibilidad fiscal). Transparencia, pues.
Otras acciones gubernamentales dejan mucho a deber.
¿Qué hace Virgilio Andrade en la gestión de recursos públicos?
Por ejemplo, la gestión de recursos públicos para la reconstrucción, que tienen como destinatarios los damnificados en los estados.
En tratándose de dinero de los contribuyentes, no deja de ser preocupante que la Secretaría de Hacienda haya escogido como intermediario de esos apoyos al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
Bancefi es una antigua institución (Bonos del Ahorro Nacional), ahora inscrita en la banca de desarrollo. Por ciertos incentivos, modestos ahorradores -mayoritariamente viudas o pensionados) la prefirieron sobre la banca comercial para el cuidado de sus precarios capitales.
La cuestión es que Bancefi es regenteado ahora por Virgilio Andrade Martínez, un impresentable burócrata que logró fama a su paso por la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde se acreditó como un contralor de consigna para exonerar a conspicuos personajes del gobierno sospechosos de operaciones y nexos con corporativos privados usufructuarios de contratos públicos.
No hagas cosas buenas que parezcan malas, recomienda la conseja popular. No hacerlas, agregamos, en un caso en que está de por medio la solidaridad humanitaria.
Estado pobre, contribuyentes, además de ricos, remisos
Otro asunto que no acaba de convencer, es el de los socios de Fuerza México, una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial puesta en cartelera en las horas en que, sin de hacerse aún la cuantificación del desastre, se dieron a conocer los primeros presupuestos para la reconstrucción.
Lo que llama la atención en este caso, es que ese fideicomiso -adscrito a la banca de desarrollo- sin dar a la publicidad las aportaciones de sus socios, si es que las hay, basa sus pedidos de donaciones en México y en el extranjero en el solo beneficio de la deducibilidad fiscal, cuando es sabido que, para atender la contingencia, se preparan ajustes a la baja de los presupuestos de 2018, lo que limita la disponibilidad estatal para hacerse cargo de la emergencia de dimensiones todavía insospechables.
Uno de los factores de la desconfianza popular es que, en todos los planes de reconstrucción, no se atienden hasta ahora las exigencias públicas de que en la gestión de los auxilios se permita la contraloría social en que debiera tomarse en cuenta a aquellas personas o grupos no gubernamentales que, antes que cualquier autoridad oficial, se hicieron cargo del socorro y rescate de las víctimas. O de aquellos organismos comprometidos en el combate a la corrupción.
En eso cabe aquello de que la mula no era arisca; la hicieron a palos. Vale.