La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
En 2018, dos consumados transgresores del régimen electoral aparecieron retratados en la boleta de elección presidencial. La indígena María de Jesús Patricio, a quien menos infracciones se le comprobaron, no.
Hace medio siglo, nos conmovió este mensaje desde lo alto del poder republicano: Es hora de que dejemos de utilizar la estampa indígena como mera mercancía de folclor. El Instituto Nacional Indigenista, profundizó la misión para la que fue creado. Fue desaparecido hace más de dos décadas.
Dedicados a construir una “sociedad de derechos”
Sostenemos con terquedad en nuestros textos editoriales, que la palabra es un sacramento de muy delicada administración. (José Ortega y Gasset.)
El 22 de septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto ocupó el atril de la Asamblea General de la ONU, que incluyó en su agenda la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas
Ahí, el presidente mexicano declaró: Estamos dedicados a la construcción de una sociedad de derechos. Dijo que la cuestión indígena está en las raíces de nuestras identidades y nuestras circunstancias históricas, sociales y políticas,
Señaló, además, que la desigualdad, la injusticia y la discriminación son una realidad lacerante. Eso fue a mitad del actual sexenio: 2014.
El antecedente en la ONU todavía vivo, es el del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo a finales del siglo XX, en que el primer derecho que se consagró, fue el Derecho de los pueblos originarios a su tierra.
Migración por violencia, militarización y necesidad económica
En menos de diez días, tuvimos dos expresiones en torno al Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto).
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres denunció: Cada vez más indígenas son forzados a migrar de sus tierras ancestrales por violencia, degradación ambiental o necesidad económica.
Muchos indígenas son objeto de reubicación sin su consentimiento libre, previo e informado. Peor aún: Los indígenas no huyen solamente de la privación económica, sino de la militarización.
Con aplicación en México, la relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos originarios, Victoria Tauli, en un reporte especial elaborado después de su visita al país en noviembre pasado, sostuvo que la situación de los pueblos indígenas refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Acusó la relatora de la ONU que aquella brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la Reforma Energética, que tiene impacto significativo en territorios indígenas. (Ya de por si devastado por la industria extractiva. NdR.)
Urgen medidas, recomendó Victoria Tauli, para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como de pobreza, marginación y discriminación estructural.
Cárcel, falta de oportunidad educativa, pobreza y miseria
Primera “realidad lacerante”: El sistema penitenciario mexicano tiene entre su población prisionera en cárceles federales a seis mil 938 indígenas; sólo 306 por delitos graves.
Segunda “realidad lacerante”: El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sostiene que, en materia de enseñanza indígena, el desafío actual es la calidad y la pertinencia de los aprendizajes que se les imparte.
Otro reto, encuentra la investigación, es la desigualdad en la escolarización, pues los indígenas hablantes de una sola lengua no sólo tienen menor escolaridad, sino también las tasas más elevadas de analfabetismo.
Otros factores: La pobreza y la falta de equipamiento de las escuelas a las que asisten son obstáculos para mejorar sus aprendizajes.
Un hallazgo más: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM reporta que apenas un tres por ciento de la matrícula universitaria lo conforman estudiantes indígenas.
La tercera realidad es aún más lacerante: El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social encuentra los mayores rezagos en los pueblos originarios “respecto del resto de los ciudadanos”: Siete de cada diez indígenas están en situación de pobreza. Si se trata de mujeres o adultos mayores, la precariedad se agrava aún más.
Los números absolutos indican que 8.3 millones de indígenas viven en pobreza y tres millones 200 mil son víctimas de la miseria.
De su lado, el Consejo Nacional para Prevención de la Discriminación, en su más reciente encuesta revela que las prácticas de discriminación tienen en efecto sobre el ejercicio de los derechos en nueve de cada diez trabajadores de alguna lengua indígena, que no tienen contrato laboral ni prestaciones de Seguridad Social.
La cadena de valor insultada y perseguida por Trump
Con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT/ONU) en México son expuestos al mercado laboral más de tres millones de niños. Hijos de familias jornaleras de origen indígena son explotados en reservaciones rurales en diversas zonas agrícolas, especialmente en campos dedicados a la muy rentable agricultura de exportación. Ay, las “ventajas comparativas”.
Históricamente, a partir de la década de los cincuenta, la mayor cadena de valor que usufructúa la economía de los Estados Unidos, es la que representan nuestros indígenas emigrantes. Basta con observar la fisonomía de los perseguidos por Donald Trump, y con eso esta dicho todo.
La indígena María de Jesús Patricio ni siquiera logró que el Instituto Nacional Electoral la inscribiera como candidata independiente a la Presidencia de México.
¿Quién abogará desde el poder por los derechos de nuestros pueblos originarios? A decir verdad lo ignoramos. Parecen todavía invisibles, avasallados desde las metrópolis criollas. Es cuanto.