Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
Cuando Carlos Salinas de Gortari se rehusó en 1993 a exigir que se incorporara en el Tratado Libre Comercio (TLC) el capítulo de libre intercambio de mano de obra entre los tres Estados firmantes de ese instrumento, lo obvio fue que, de lo que se trataba, era de ofrecer a potenciales inversionistas extranjeros una de las más exquisitas subvenciones: Las ventajas comparativas, consistentes en contratos laborales simulados, sindicatos blancos y los más bajos salarios entre los tres países, aquí pagados en devaluados pesos y en los otros dos en dólares, situación que se mantiene subyacente en el nuevo T-MEC.
Desde entonces, las marcas de la casa neoliberal se rotulan con estos cuatro conceptos: 1), Desempleo y subempleo, y 2) Precarización del empleo y de los salarios, en muchos casos pagados los segundos a destajo. Para eso se ha creado el ejército de reserva.
Desde los albores del modelo neoliberal se observó una tendencia alrededor del sistema de contratación laboral en México: Los contratos de protección empresarial con que los charros del sindicalismo oficial beneficiaron a la industria maquiladora, floreciente en los estados del norte de la República.
Al diablo con los contratos Ley y de contratación colectiva
En el proceso se empezaron a atacar los Contratos Ley, cuyo impacto automático de dio sobre los contratos colectivos de trabajo. Surgieron como hongos nuevos membretes sindicales, reclamando la titularidad de estos contratos; de preferencia en los sectores servicio y comercio.
Apareció el cártel de la contratación laboral terciarizada
Si Vicente Fox declaró que su gobierno era de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios, lo “lógico” era que en 2002 tomara la plaza contractual la Asociación Mexicana de Capital Humano, ahora integrada por 28 socios.
Esos corporativos, de los cuales los más exitosos rentablemente tienen sus matrices en los Estados Unidos, Suiza y Holanda, son las que operan mayoritariamente las outsourcing (terciarización contractual), a la que están sometidos unos ocho millones de obreros y empleados mexicanos.
Como parte de la reciente reforma laboral, se propuso adicionalmente un ordenamiento específico para prohibir esa forma de contratación, cuya primera negación es la Seguridad Social. Sus usufructuarios han dispuesto incluso, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, de licitaciones irregulares dadas por la Federación en áreas de limpia y mantenimiento, y transporte, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha pillado a algunas de esas empresas en omisión de pago de impuestos y actos configurativos de lavado de dinero.
Ricardo Monreal (Morena) se erige en abogado del diablo
La reacción de los operadores de ese mercado negro de mano de obra a la iniciativa de prohibición, no se dejó esperar. El Senado, pastoreado por Ricardo Monreal Ávila (Morena), se encargó de meterle hielo con la coartada de que se remitiera a foros de Parlamento abierto.
Aun sabiendo que en la Cámara alta se teje un manto protector, el casi el total de las operadoras invitadas le ha rodeado a la invitación a comparecer; sólo lo han hecho dos que tres.
Como ocurre desde la implantación del Estado neoliberal, el eslabón más débil de la cadena tutelar de los derechos de la clase trabajadora, que obliga al Estado, se sigue rompiendo sin expectativas reales de que el corporativismo empresarial sea metido en cintura.
A mayor abundamiento, otras prescripciones de la reforma laboral están siendo evadidas, a tal grado de que, como resultado del nuevo T-MEC, el gobierno de los Estados Unidos y su par de Canadá se han adjudicado el papel de gendarmes para fiscalizar el cumplimiento del compromiso del gobierno mexicano de homologar salarios en algunas poderosas industrias, como la automotriz. Pero qué necesidad…