El gasto exorbitante que representa el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido motivo de inconformidad casi desde su creación, al dar nacimiento a una burocracia dorada. Solo en los últimos cinco años recibió 81 mil millones de pesos, de los cuales el 50% fue destinado al pago de su abultada y privilegiada nómina.
Semejante gasto representa el presupuesto de muchos hospitales o universidades juntos.
Al paso de los años, de poco ha servido el exhorto ciudadano y las promesas de los partidos políticos –a través de sus fracciones legislativas- para poner orden ahí. Siempre con la mira de fortalecer al propio instituto y a todo el sistema electoral, para darle credibilidad indiscutible.
No ha resultado fácil a los entes políticos, a partir del conflicto de interés que confrontan, puesto que reciben de ese organismo su propio financiamiento.
Desde su creación, en 1990 -cuando nació como Instituto Federal Electoral (IFE)-, una parte de la sociedad ha reprobado sus excesos.
El candidato Andrés Manuel López Obrador fue sensible a tal inconformidad y la adoptó. Al llegar a la presidencia fue una de las primeras promesas que trató de cumplir. Presentó su iniciativa de reforma, bajo el principio de que en toda la administración pública -en los tres poderes y niveles de gobierno-, nadie ganara más que el presidente de la república.
Parecía absolutamente razonable, por la índole de las responsabilidades de cada quien.
Como es sabido, los consejeros del INE se ampararon contra la naciente ley, en sincronía con funcionarios de organismos autónomos y descentralizados e integrantes de otros poderes.
La Suprema Corte, con vela en el entierro, los respaldó, puesto que sus privilegiados ministros también se sintieron afectados por el nuevo ordenamiento.
Desde entonces todo sigue igual que antes. En la alta burocracia hay funcionarios muy privilegiados, aunque otros no tanto. Porque, hasta eso, AMLO ha sido laxo en su compromiso de mantener una administración austera. Todos los altos mandos tienen ingresos sobre los cien mil pesos al mes, libres, y con muy atractivas prestaciones. En ningún lado eso es austeridad.
El hecho es que el presidente no ha logrado hacer realidad esa anhelada reforma. La tiene en la mira todavía, pero es uno de sus grandes pendientes.
Toca a los ciudadanos presionar a las fuerzas políticas para que alcancen un acuerdo, bajo el principio de que la democracia no tiene por qué ser un lujo.