Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
¿De dónde viene la tipificación de México como Estado fallido? Cuando los órganos de Inteligencia política y militar arriban a esa disolvente conclusión, es que hicieron previamente una evaluación y calificación de los componentes del entramado institucional.
Aquel monstruoso dictamen, no es producto de las encuestas de opinión, siempre maleables. Se fundamenta en investigaciones y estudios de instancias oficiales -en algunos casos las responsables de la política interior-, académicas, institutos universitarios especializados y asociaciones no gubernamentales de corte moralista.
Si apartamos la Universidad Pública y algunas profesiones religiosas, partes del Estado mexicano, en la década que corre, centrándonos en las instituciones de los Tres Poderes de la Unión, difícilmente la mayoría cruza ilesa por el proceso de evaluación.
Instituciones públicas decadentes e incorregibles
Desde un método de calificación de 10 puntos, una fuente (2018) nos informa que las que no alcanzan los 5 puntos, son la Presidencia de la República, las policías civiles, las Cámaras legislativas, los partidos políticos y los sindicatos.
En ese caso, el primer estigma es el de la corrupción, la falta de resultados en materia de eficiencias y eficacia, y otros que indican el reclutamiento de sus cuadros con base en el nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo. Lacras que, a decir del ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, son la marca de la casa del Poder Judicial de la Federación.
Para 2019, con independencia del personal de base, un padrón de recursos humanos de la Federación dio una cifra fluctuante entre 600 mil y 700 mil mandos medios y altos.
Tomando como referencia la percepción de la corrupción pública, encontramos varias secretarías encargadas de despacho que, con una nómina menor a cinco mil servidores, están convertidas, como las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en incesantes piedras de escándalo, según lo reflejan las Cuentas Públicas revisadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
El Ejército mexicano, con el más alto grado de aprobación
En las evaluaciones que consultamos, haciendo abstracción de la Universidades y las iglesias, la primera institución que goza del más alto grado de confianza es el Ejército mexicano, no obstante haber sido expuesto irresponsablemente en los últimos 15 años al desgaste de su imagen al lanzarlo inconstitucionalmente a tareas de Seguridad Pública, en respuesta al descrédito de los aparatos civiles.
Entre 2017 y 2019, el Ejército obtuvo una aprobación de entre 70 y 75 por ciento de los ciudadanos, tendencia que se confirmó cuando en una amplia consulta 6 de cada 10 mexicanos se pronunciaron porque las Fuerzas Armadas permanecieran en las calles, a falta de otras corporaciones confiables.
Al iniciar la actual administración, el Ejército disponía de más de 200 mil elementos en activo. Las razones del apoyo popular se basan en dos soportes: 1) Su comportamiento histórico, que honra el lema, Siempre leales, y 2) Más allá de su reconocimiento como salvaguarda de la Patria, la gente le reconoce su participación en el auxilio en casos de desastres y tareas de alfabetización, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales.
No obstante moverse en escenarios tan peligrosos y corruptores, como los tráficos de drogas, armas y personas, sólo por excepción algunos activos son sorprendidos en actos de corrupción, en cuyo caso son las propias instancias ministeriales y jurisdiccionales militares las primeras en actuar, impidiendo que la impunidad auspicie tentaciones inadmisibles.
Un imperativo atendido: Capacitación en Derechos Humanos
A mayor abundamiento, al menos desde hace una década, la política de la Secretaría de la Defensa -confiada ahora al bajacaliforniano Luis Crescencio Sandoval González, “hombre de campaña, formado en el Heroico Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra– se ha orientado a la formación de sus contingentes en disciplinas de protección de los Derechos Humanos en sus operaciones punitivas y en su relación con la sociedad civil.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido esa preocupación del Estado mexicano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un reporte 2018-2919 verificó que las quejas en esa materia han disminuido un 60 por ciento al pasar de mil 335 en la primera década del siglo a 551 en los recientes años.
No todo está podrido en Dinamarca
Si, como lo informan las investigaciones y estudios sobre Fuerzas Armadas y las consultas públicas, es el Ejército la institución con el más alto grado de confianza pública, cuando se habla de Estado fallido puede decirse que no todo está perdido. La cuarta transformación tiene en las tropas y mandos militares una gran reserva moral que merece ser respetada y preservada.