La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Para no recorrer todo el sexenio de los records, sólo nos remitiremos a los últimos diez meses del mandato del priista Enrique Peña Nieto.
Lo que está en el centro de gravedad de este tema, es el monstruoso costo social del conjunto de políticas neoliberales de los últimos sexenios y, particularmente, la privatización de la gestión financiera de los fondos de los trabajadores para su retiro, a partir de 1996.
Si vale precisarlo, al atacarse el régimen de Seguridad Social mexicano, el viejo sistema pensionario quedó en manos de las privadas Administradoras de Fondos de Retiro (Afore). Subrayamos, fondos de los trabajadores.
Para 2012, las Afore tenían acumulados recursos por un billón 900 mil millones de pesos. Al cerrarse el ejercicio fiscal de 2017, tres billones 400 mil millones de pesos.
Las Afore no pagan aún la primera pensión a los titulares de las cuentas individualizadas. Cuando empiecen a hacerlo, según coincide la mayoría de estudios actuariales, sólo alcanzarán entre 25 y 30 por ciento del equivalente al último salario previo a su jubilación.
Por diez pesos diarios, el gobierno se alza con 49% del ahorro
Para decirlo pronto, de 27.7 pesos diarios de aportaciones a los fondos de pensiones, al gobierno corresponde cotizar 10.1 pesos.
Cuando reformas legislativas sucesivas autorizaron a las Afore disponer de un porcentaje del ahorro acumulado al través de las Asociaciones de Inversión Especializadas (Siefore), esos recursos se expusieron al mercado especulativo en la Bolsa Mexicana de Valores y en algunos pisos extranjeros.
Según la condición de esas reformas, la disposición de los recursos del ahorro se destinaría a obras de infraestructura productiva. Industria energética y telecomunicaciones, verbigracia.
Primera gráfica: Para 2018, sobre del total acumulado por las Afore, el gobierno había girado 49.2 por ciento en papeles de portafolio. Entre esos usufructuarios, están los gobiernos de los estados. El saldo adicional pesa sobre los más de 600 mil millones de pesos de deuda acumulada por los gobernadores. Diez estados están bajo observación por riesgos de insolvencia financiera.
A deuda privada nacional corresponde 19.5 por ciento con el que se han fondeado empresas mexicanas. A deuda internacional, 1.31 por ciento. Casi 70 por ciento de la liquidez acumulada.
Embotelladores, restauranteros, banqueros, de todo hay
¿Recursos para infraestructura productiva? Debieran ser, por ejemplo, para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, como sector estratégico para el desarrollo nacional. Lo han recibido en mínima proporción del gran total.
Sin embargo, entre aquellos que se han agandallado de los fondos para el retiro aparecen embotelladoras de aguas azucaradas, restaurantes, cadenas comerciales, televisoras, radiodifusoras, bancos extranjerizados, productoras de papel, etcétera.
Para el segundo semestre de 2018, las Afore habían saltado la barrera de los tres billones 500 mil millones de pesos.
Para el ahorrador, las sistemáticas minusvalías
Según los vaivenes diarios del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa, el alcance en los estados de las cuentas individuales se refleja en una sistemática minusvalía.
En noviembre pasado, sólo por la suspensión del proyecto de un Aeropuerto Internacional en Texcoco, la minusvalía alcanzó más de 131 mil millones de pesos.
Los datos trascritos, que debieran ser consultados en los reportes de la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro a la Cámara de Diputados federal, no aparecen, no obstante, con la gravedad debida, en la exposición de motivos de las iniciativas para reformar el sistema de pensiones.
La representación legislativa del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para, de plano, desaparecer las Administradoras de Fondos para el Retiro.
En el periodo de la transición presidencial, los prospectos para dirigir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enunciaron un proyecto para reformar el sistema pensionario.
La semana pasada, el Ejecutivo federal presentó finalmente su propia iniciativa de reforma.
Frente al riesgo de la misma gata, nomás que revolcada
En ese proyecto, se propone flexibilizar el régimen de inversión de las Afore, para ampliar la composición de sus portafolios por instrumentos, sectores y mercados.
Según el texto, se pretende lograr mejores rendimientos que se traduzcan en mejores pensiones para los trabajadores. Las Afore-Siefore permanecerían bajo la cobertura de fondos de inversión, Fiefore (sic).
Es el caso que, en el proceso legislativo, para efecto de dictamen, serán Hacienda y el Banco de México los que determinen qué tipo de instrumentos serían los más idóneos para darle al ahorrador mejores rendimientos, siempre expuestos a la oferta privada.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), ipso facto ya echó su cuarto a espada.
Ese ente, después de casi un cuarto de siglo de gestión, se le encendieron las meninges y propone un esquema de cobro de comisiones compuesto por dos elementos: 1) sobre el saldo administrado, y 2) por el desempeño de las inversiones. Hallazgo de esa ecuación: El ahorrador contará con un beneficio doble “al obtener mayores rendimientos”.
Tres factores no encontramos en esas iniciativas: Los usufructuarios del actual modelo, los dueños de las Afore y las Siefore, no han dicho aún esta boca es mía.
Todavía en 2018, esos gestores pujaban tercamente por el incremento de casi al doble de las cuotas para el retiro y en el aumento de la edad para hacer efectivo el derecho a la jubilación.
Por lo que se percibe, habrá borrón y cuenta nueva
De otro lado, tampoco vemos el propósito de auditar y depurar el paquete de los instrumentos en bonos corporativos, renta variable y Fibras, que en los cinco años recientes han absorbido un billón 400 mil millones de pesos del ahorro, 42 por ciento del total de inversiones en portafolio.
Finalmente, aunque este factor entraría propiamente en la acción administrativa del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, no se habla de alguna forma de rescate de la población ya pensionada, cuyos recursos están tácitamente en hipoteca en manos de usureros a cuenta de préstamos por convenio o domiciliados que dejan a operadores privados y bancos hasta un tercio del abono mensual a la pensión.
El abismo: Unos con 2,800 pesos diarios; otros, 20 pesos al día
Ya lo hemos comentado en otras entregas de esta sección: En nóminas de algunas instituciones públicas, hay personal jubilado que, por diversos arreglos contractuales con la parte patronal, gozan de una pensión hasta de dos mil 800 pesos diarios; del otro lado de la carátula, hay obreros y empleados que sólo perciben 20 pesos diarios.
Si en algunos temas referidos a la Justicia Social hay que poner algunos puntos sobre las jotas, por la situación de gente de la tercera edad -a la que se le prometió una vejez digna-, el de las pensiones no puede quedar sólo al criterio de los grandes mandarines de la burocracia y de los usufructuarios verdaderos de la gestión privada de los fondos para el retiro. Es cuanto.