Akire Lincho
El 5 de junio de del 2009 a las tres de la tarde, en Hermosillo, Sonora se incendió la Guardería ABC. En ella se encontraban 176 niños de entre cinco meses y cinco años de edad durmiendo la siesta, acompañados de 50 empleados; 49 niños murieron y otros 106 resultaron heridos.
70 NIÑOS Y CINCO ADULTOS sobrevivientes fueron hospitalizados con lesiones de consideración; 26 niños fueron atendidos por intoxicación y 30 más tuvieron que ser trasladados de urgencia a Estados Unidos para recibir atención especializada por quemaduras de distintos grados; muchos de ellos van a requerir tratamiento de por vida por las lesiones que los afectaron.
LA GUARDERÍA ABC era una estancia infantil subrogada por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) a una asociación civil, que como todas ellas, requería el registro de la extinta SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) para recibir asignación de presupuesto; adicionalmente estas estancias son supervisadas por el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) en materia técnica operativa y por las instancias locales en materia de Protección Civil.
EN SU RESPUESTA a una solicitud de acceso a la información realizada en diciembre del 2009 sobre los requisitos necesarios para instalar una guardería, seis meses después del incendio de la Guardería ABC, tristemente la misma SEDESOL respondió que, para registro y asignación de presupuesto, solo pide a los operadores de las estancias infantiles ocho requisitos, entre los que se encuentra el de que deben destinar un espacio de dos metros cuadrados por cada niño registrado y otros siete requisitos burocráticos dentro de los que no se incluye la obligación de que las casas que serán utilizadas como estancias infantiles cuenten con salidas de emergencia, sensores de humo o extinguidores, incumpliendo así con todas las exigencias de la Norma Oficial Mexicana para guarderías; incluso, si no se cuenta con las instalaciones necesarias para abrirlas, como drenaje o personal capacitado con un nivel mínimo de educación secundaria, “se pueden hacer excepciones” (1). Con esta metodología no se puede uno explicar que tragedias, como la de la Guardería ABC, no hayan sucedido con mayor frecuencia.
Se Destapa La Cloaca
En esta materia, el cambio de régimen que se dio en México el 1 de diciembre del 2018 llevó a la nueva administración a decidir la implementación de un canal de distribución diferente al que se venía utilizando para entregar los fondos del presupuesto que se destinan para apoyar a las madres y padres que no tienen con quien dejar a sus hijos, de entre cinco meses y cuatro años de edad, mientras ellos asisten a sus trabajos.
La decisión se tomó en el sentido de entregar esos fondos directamente a los padres de familia, desde la Tesorería de la Federación hasta una cuenta bancaria con tarjeta de débito registrada a nombre del padre o la madre de los niños, en lugar de entregárselos a través de organizaciones intermediarias o de las estancias infantiles, como se venía haciendo en los gobiernos anteriores, en los que SEDESOL destinaba una cantidad determinada a las estancias infantiles o, a organizaciones intermediarias, en función del número de niños que tuvieran registrados a su cuidado; por ejemplo, la Guardería ABC tenía un presupuesto asignado de $ 422,000.00 pesos mensuales y ni siquiera contaba con detectores de humo, extintores o salidas de emergencia.
Lo anterior se decidió tomando en consideración básicamente cuatro elementos de juicio: (a) se logra que el dinero llegue completo a los padres beneficiarios, evitándose que parte de las cantidades destinadas para ello sean utilizadas por los intermediarios para fines distintos de los que implica el cuidado de los niños; (b) se reconoce que los padres son las instancias mejor calificadas para seleccionar y pagar la estancia infantil o el servicio de cuidado de sus hijos que consideren más adecuado y que serán ellos quienes evalúen las características que debe tener la prestación de este servicio para ser contratado, como lo hace cualquier padre al seleccionar una escuela para que sus hijos estudien; (c) se le otorga a los padres de familia la calidad de adultos responsables, capaces de decidir dónde y cómo invertir más convenientemente el apoyo económico que reciben del gobierno para el cuidado de sus hijos; y (d)en el entendido de que los padres de familia serán los clientes de las estancias infantiles y podrán decidir libremente contratar o no sus servicios, éstas seguramente mejorarán sus instalaciones y la calidad de su servicio a fin de conservar o, incluso, incrementar su número de clientes.
Para lograr esto en forma eficaz y sin desperdicio, lo primero que tuvo que hacer el gobierno fue una evaluación inicial sobre los reportes del DIF relacionados con la operación de las 9,536 estancias infantiles registradas por SEDESOL en todo el país, y un censo de los padres y de los niños que se encontraban bajo el cuidado de estas estancias, y fue así como se destapó la alcantarilla.
Como resultado del análisis realizado por el gobierno, sucede que solamente el 2,860 de las 9,536 estancias registradas, el 30 por ciento, reúnen las condiciones necesarias para que los niños y niñas a su cargo no estén en situación de riesgo; otras 2,480 de las 9,536, 26 por ciento, presenta situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños, y requieren ser atendidos a corto plazo; y otras 3,815 de las 9,536 estancias, el 40 por ciento, están en riesgo total para las niñas y niños atendidos, y deberían haberse cerrado para proteger a los menores de una desgracia potencial de consecuencias similares a las que se vivieron en la Guardería ABC; es decir, que casi 10 años después de esa tragedia, 70% de las estancias infantiles, 6,675 de las 9,536 registradas, mantienen en situación de alto riesgo a los niños y niñas que deberían cuidar y proteger.
Lo anterior implica que ni el gobierno de Calderón ni el de Peña Nieto, se preocuparon en absoluto por tratar de evitar una tragedia similar a la de la Guardería ABC, a pesar de que contaban con estas cifras por medio de los reportes de supervisión que realizaba el DIF.
Pero esto no es todo; también se estaban robando el dinero del presupuesto asignado para cuidar a los niños.
¿Niños fantasma?
El censo realizado del 1 al 17 de marzo del 2019 por la Secretaría del Bienestar, que vino a sustituir a la corrupta SEDESOL, encontró que de los 310,617 niños y niñas que están registrados en el padrón y a los que se destinaban fondos del presupuesto, solamente se localizaron de 213,437; es decir, que 97,180 niños y niñas registrados (31.2 por ciento del total) no estaban siendo atendidos por las estancias infantiles o por organizaciones intermediarias que los reportaban, pero estas instancias sí estaban recibiendo los fondos federales necesarios para atenderlos.
¿A dónde se iban alrededor de mil millones de pesos anuales que se destinaban a la atención de niños inexistentes?
El censo también señaló las causas por las que no se pudo localizar a los padres de los 97,180 niños que las estancias infantiles decían atender, pero que no existían: domicilios inexistentes, registro de personas en un municipio con datos de otra entidad, personas que no viven en domicilios registrados, titulares con registro de hijos en entidades diferentes, niñas y niños que no asisten o que dejaron de asistir a la estancia en 2018, estancias sin funcionamiento desde 2018, y cambios de domicilio no reportados.
Con estos resultados, nadie que por lo menos cuente con una mediana capacidad cerebral, puede pensar que se justifica el modelo que se ha venido aplicando en el programa de las estancias infantiles.
A defender el negocio, sin escrúpulos y sin vergüenza
EN UNA SUERTEde maroma con salto mortal invertido, grupos que fueron beneficiados por este programa, que la misma Suprema Corte calificó como sumido en un “desorden generalizado”, han desatado un escándalo mediático para defender su negocito, y apoyados en instancias legales por “asesores” del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, que actúan como pepenadores post-neoliberales, han anunciado con fanfarreas que tramitaron 175 demandas de amparo para tratar de obligar al gobierno de la Ciudad de México a que reasigne 200 millones de pesos a fin de mantener sus estancias funcionando, fundamentados en “violaciones al derecho a la educación, al trabajo, a la alimentación y sano esparcimiento y al interés superior de la niñez”, como si todo esto hubiera sido tomado en cuenta durante la aberrante aplicación del programa de estancias infantiles.
Secundados por legisladores locales del PRI, lo que ya no extraña a nadie, prometen que “buscarán que se establezcan mecanismos de supervisión y vigilancia para el garantizar que los recursos utilizados sean en verdad para el cuidado de los menores”; es decir, ahora nos juran que ya no se van a robar el dinero.
Para entender el nivel de simulación y descaro que implican estas acciones, es necesario recordar la participación más destacada que han tenido los priistas y los panistas en relación con el programa de las estancias infantiles, la cual se resume en los antecedentes y las causas que derivaron en la tragedia de la Guardería ABC.
La señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de la esposa del entonces presidente Calderón, Margarita Zavala (ambos panistas) y del entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours, se asoció con Sandra Luca Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquides para formar la Asociación Civil responsable de la Guardería ABC; el contrato de subrogación de la Guardería ABC fue firmado por el panista Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS, y los socios de la guardería. El entonces panista, hoy priista Javier Lozano Alarcón era titular de la dependencia responsable de supervisar las condiciones de seguridad de la guardería incendiada.
El mismo edificio de la guardería era compartido por una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. Después del incendio se realizaron tres peritajes en los que se hallaron evidencias de que el fuego pudo haberse iniciado en cajas de archivo en la bodega de forma intencional.
La Procuraduría General de la República a cargo del priista Jesús Murillo Karam tuvo testimonios que afirman que el incendio de la Guardería ABC fue provocado por una orden desde el Palacio de Gobierno en Sonora con el objetivo de quemar la bodega para desaparecer documentos de la administración priista.
El 5 de junio por la tarde, el gobernador priista Eduardo Bours mandó sus condolencias desde Arizona. El 6 de junio algunos de los niños recibieron la visita de los panistas Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, quienes manifestaron que México estaba de luto y que prometían justicia y castigo a los culpables.
El 9 de junio de 2009 los dueños de la guardería dieron una conferencia de prensa en la que declararon que “ignoraban que la guardería se encontraba en riesgo, y que las inversiones que habían realizado respondían a un interés legítimo”. Siempre lamentaremos profundamente que el interés legítimo de las inversiones de los dueños de la Guardería ABC y los 422 mil pesos mensuales que cobraban por cuidar a los niños no les hayan alcanzado para instalar detectores de humo, extintores, y salidas de emergencia en la guardería.
El negocio fue más importante.