En insólita oportunidad, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Luis Téllez Kuenzler, se ganó “la de ocho” poniendo en tela de juicio la gestión de la llamada partida secreta que la Cámara de Diputados federal asigna (o asignaba) al Presidente en turno.
Tiempo hace que algunos legisladores federales, de la oposición por supuesto, cuestionan esas partidas y las onerosas pensiones de que disfrutan los ex presidentes, algunos de los cuales se retiraron con el santo y la limosna.
Si hay partidas secretas en los presupuestos públicos, es obvio que su manejo queda cubierto por un espeso velo de misterio. De repente, sin embargo, surgen algunos gobernadores que aparecen en las pantallas televisivas afeitados como filántropos de las mejores causas humanas que en el mundo han sido.
Sólo por excepción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados llega a detectar el destino de algunos recursos supuestamente destinados a obras altruistas. Las dependencias de fiscalización de los estados poca cuenta dan de ese gasto, pues sus titulares son protectores del gobernador que propuso su nombramiento a los congresos respectivos.
El altruista Javier Duarte de Ochoa
Un caso que hizo historia legislativa, fue el de la ex gobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega. No tuvo reparo en enviar a su Legislatura una iniciativa de Ley por el que se darían, divididos en partidas anuales durante diez años, 300 millones de pesos a una fundación privada. Fue aprobada casi por unanimidad. Le faltó un voto.
Pero en eso de quedar bien con el dinero público, hay gobernadores que llevan su generosidad al límite de la prodigalidad; mérito suficiente para recibir masajes al ego en algunas empresas de medios.
Ejemplar es el expediente del priista veracruzano Javier Duarte de Ochoa. En 2016 se ganó buenos tiempos electrónicos Triple A con la donación de 100 millones de pesos.
Apenas hasta ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que pedirá al gobierno de Guatemala la extradición de ese ilustre político mexicano.
Antes de ser defenestrado, el gobernador priista de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, soltó alegremente su firma en un cheque de 27 millones de pesos, con los mismos nobles fines.
No todos los mandatarios priistas ceden a la tentación mediática. El ex gobernador de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán Lizárraga, en su hora, tuvo que excusarse diciendo que el Congreso del estado no le daba presupuesto para otros objetivos que no fueran las políticas públicas y que de su sueldo sólo podía hacer algunos depósitos dominicales en los cepos de la iglesia.
Ayer, en el Centro Histórico de la Ciudad de México se observó cierta conmoción por los operativos de seguridad en el entorno del Club de Banqueros de México.
Por la Avenida Madero se vio transitar al gobernador panista de Baja California, Francisco Vega. Espaciados, llegaron los flamantes gobernadores, panista de Puebla, José Antonio Gali; panista de Durango, José Rosas Aispuro. El híbrido Miguel Ángel Mancera no tuvo problema para llegar al lugar del encuentro. Caminó unos cientos de metro desde la sede del gobierno de la Ciudad de México.
¿Qué cita y motivo tan importantes convocaban a esos prominentes políticos? Sólo sus secretarios particulares y sus jefes de seguridad que manejan las agendas ejecutivas, saben la respuesta. La dejamos de este tamaño.