La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Ese imperativo se cumplió frente a la importancia de pacificar México.
Todavía anoche, las pantallas de televisión metropolitanas difundieron prolijamente terribles escenas en las que se observa la acción del México bronco, que ha sentado plaza particularmente en el estado de Guanajuato.
El macabro recuento en la primera semana de marzo, no se circunscribe sólo a los estados de El Bajío, donde la resistencia del huachicol contra las operaciones punitivas se ha desbocado.
En otras entidades de la República, los crímenes de alto impacto en sus diversas tipificaciones retratan la magnitud del desafío en materia de Seguridad Pública y su máxima expresión, la Seguridad Nacional.
Incluso en la Ciudad de México, donde el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ahora senador, se obcecaba en su negación a admitir la invasión del crimen organizado en esta entidad, los reportes de sucesos comprueban que la barbarie no proviene sólo de la delincuencia común.
Las características de la pugna territorial y de ajustes de cuentas en la Ciudad, son típicas de los cárteles que medran en los tráficos de drogas, armas y personas, y actividades conexas.
Para la Iniciativa Mérida, todo se vale
El trágico cuadro de violencia empezó a pintarse en 2006, en la tierra de origen de Felipe Calderón: Michoacán. Puesto el huevo de la serpiente, los reptiles se arrastran por todo el país.
Desde entonces, la Republica está de facto militarizada: Desde donde se impuso a México la Iniciativa Mérida, a fines del sexenio del michoacano, funcionarios del Departamento de Estado equipararon la respuesta a la acción de los cárteles a una guerra de contrainsurgencia, coartada para tratar de justificar la presencia de la tropa en las calles.
Con independencia de la semántica bélico-política, el hecho es que en el oscuro periodo tenemos un saldo de más de 300 mil muertos, miles de desaparecidos, millones de desplazados de sus lugares de origen y la excusa para que las calificadoras extranjeras amenacen con bajar las expectativas de la economía mexicana al grado de negativas. No hay inocencia en ese amago.
Faltan aún largos trechos legislativos por recorrer
El imperativo de urgente y obvia necesidad primó la agenda legislativa. Ayer, con los votos de 19 congresos estatales se dio por reconocida la constitucionalidad de la reforma a la Carta fundamental, procesada por el Congreso federal, para crear la Guardia Nacional, iniciativa aún cuestionada por organizaciones no gubernamentales.
No se puede aún levantar banderas blancas: La reforma constitucional -si bien advierte un término de 90 días-, tiene que clarificarse y sustanciarse en al menos cinco leyes secundarias.
La de la propia Guardia Nacional, la de uso de la fuerza, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de Registro de Delitos.
No es de poca monta la de extinción de dominio sobre bienes producto de la corrupción, que implica una nueva codificación de delitos no graves, muy complaciente desde hace cinco sexenios, especialmente con los crímenes económicos, públicos o privados.
Por supuesto, algunos de esos ordenamientos, como la Ley General del SNSP debe encontrar su correspondencia en las constituciones y las leyes secundarias respectivas en los estados, donde no son pocos los gobernadores omisos. Por lo pronto, la dejamos de ese tamaño.
Contra el poder del Estado, ¿cuándo contra el poder del mercado?
Una acotación: Acaso no sólo no sólo el cuerpo jurídico que obliga al Estado exija reformas. Quién sabe si también las Ciencia Sociales.
Los de la Sociedad Civil, en términos generales, olvidan que el concepto apareció en el tránsito de la separación Estado-Iglesia, en cuyo caso la sociedad religiosa, diferenciada de la sociedad política, demandaba y merecía la protección de sus garantías. Devino la cuestión conveniente dicotomía para efectos político-ideológicos.
Las asociaciones no gubernamentales, ahora, se abanderan con los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, toda su agenda se centra contra el poder del Estado, haciendo abstracción del poder el mercado.
Los tráficos de droga, armas y personas se amparan en el libre mercado. Incluso, por ahí tenemos traspapelada la sentencia absolutoria de un juez estadunidense, que consideró inadmisible condenar a narcos, por considerarlo atentatorio contra la libre iniciativa individual. Ay, los ortodoxos del neoliberalismo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluso, tipifica los crímenes de los narcotraficantes desde la óptica fiscal, por lo que toca a la evasión, no como problema de Salud Púbica ni, para efectos internos, de Seguridad Pública. Es cuanto.