El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
Si los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) están seguros de que en conciencia sus actuaciones se ciñen a los principios de Legalidad, Objetividad e Imparcialidad que a su función impone la Constitución, su autodefensa se basaría en méritos propios. O hasta sería innecesaria.
Hace unas tres semanas -en relación con las controversias generadas por los resultados electorales del pasado 4 de junio y su entorno- se percibió una señal de que el INE empieza a sentirse incómodo con fallos y observaciones de la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En días posteriores, a raíz del clamor que exige la renuncia de los consejeros electorales federales, se ha recurrido a la teoría de la conspiración por la que se denuncia una suerte de conjura contra las instituciones electorales en su conjunto.
El manifiesto de Los abogados del Diablo
En entrega anterior para este mismo espacio (Los ex jóvenes turcos están fatigados), apuntamos que ciertos segmentos intelectuales han dado un giro a sus posiciones militantes y se han domiciliado en la casa de enfrente. No citamos nombres.
Con el asunto de las críticas al INE, algunos de aquellos intelectuales y académicos decidieron sudar la camiseta y a fines de la semana pasada firmaron y difundieron una carta en la que salen en heroica defensa de los consejeros federales.
Antes de continuar, acotamos que el propio consejero presidente del INE, doctor Lorenzo Córdova, al referirse al descrédito en que ha caído el órgano electoral, no ha tenido reparo en señalar que ese proceso de desgate viene desde que operaba el Instituto Federal Electoral (IFE).
Dicho lo cual, sólo apuntaremos dos nombres de los que suscriben el citado manifiesto público: José Weldenberg y Leonardo Valdés Zurita.
El primero, fue consejero presidente del IFE en 2000. En su gestión fueron piedra de escándalo los casos del Pemexgate, del PRI, y Amigos de Fox, del PAN. Ambos, por financiamientos ilícitos a las campañas de Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox, respectivamente. Está el expediente en el TEPJF.
El IFE sancionó aquellos resultados electorales que permitieron al guanajuatense instalarse en Los Pinos.
Valdés Zurita llegó como consejero del IFE en 2008 y hasta 2013 fungió como consejero presidente. Por sus manos pasó el expediente de la sucesión presidencial de 2012, marcada por el asunto de las tarjetas Monex y Soriana que habrían servido al PRI para la compra de votos.
Respecto de 2000, los ahora consejeros electorales; el propio Córdova y Ciro Murayama acreditaron una investigación académica abundantemente documentada.
Sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, circula ahora mismo suficiente literatura académica basada en el recuento de las transgresiones al régimen electoral en esos dos procesos.
Es de respetarse la Libertad de Expresión de detractores y abogados de los órganos electorales mexicanos, pero darle rango de conspiración al señalamiento de conductas inconvenientes, para llamarlas suavemente, de consejeros y magistrados federales, induce a la sospecha de que algo se trama para la sucesión presidencial de 2018. Y esto si calienta. Es cuanto.