Sinfonía Telúrica
Por Abraham García Ibarra
Desde la transición de la presidencia militarizada a la presidencia civilista, en México cobró estado el rentable negocio del tráfico de influencias -configurativo del fraude a la ley. Desde esa misma temporada, las páginas de nota roja de los medios glorificaron a ciertos litigantes como El zar o El rey del amparo, recurso estimulante de la impunidad; la peste que convoca a la reincidencia criminal.
Cuando, por fin, hace una década el artículo Primero de la Constitución dio carta de naturaleza a los Derechos Humanos, asistimos a algunos foros en que se celebró esa conquista de los mexicanos. De algunos ponentes escuchamos la voz preventiva: Es necesario formar a los jueces en una nueva cultura judicial.
Por los mensajes que un día sí, y otro también, emite el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Zaldívar, aquella noble iniciativa se atora a contrapelo de la realidad judicial.
“El delito de fraude se castiga hasta con 12 años de prisión”
En pleno confinamiento por el coronavirus, sin embargo nos llegan algunos testimonios que denuncian que, en la intimidad de sus hogares, un gran número personas indefensas son acosadas por sicarios telefónicos que, en nombre de supuestos o reales acreedores, las amenazan con penas corporales, en este tenor: El delito de fraude se castiga hasta con doce años de privación de la libertad.
Sabemos que, excepcionalmente, algunas personas amenazadas han intentado abrir juicios a esos extorsionadores por daño sicológico. Obviamente, hay juzgadores que se constituyen en autoridad siquiátrica y mandan a la goma a los denunciantes.
Lo que tememos es que, por la suspensión de actividades no esenciales decretada por la autoridad sanitaria, las moras en las que caen algunos deudores en la amortización de contratos de crédito, sean víctimas del afamado anatocismo (la fase superior de la usura: Intereses, sobre intereses, sobre intereses hasta el infinito en que habitan los embargos y los remates del patrimonio personal y familiar).
Despachos de abogados y notarios incitan al fraude fiscal
El asunto nos viene a tema por una advertencia que leímos el pasado 3 de junio y que, no obstante su relevancia, no tuvo mayores resonancias ni mediáticas ni gubernamentales, como si se tratara del tópico de todos los días.
Ahora que, en emergencia nacional, el Estado pretende poner en orden la política tributaria para fondear las finanzas públicas, han sobrado coléricas reacciones que acusan a la administración de persecución confiscatoria por tratar de negociar finiquitos de créditos fiscales a grandes corporativos privados, algunos trasnacionales.
La declaración a la que nos referimos, pertenece a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro: En la investigación sobre la materia aparecen implicados despachos de abogados y notarios, cuyas ofertas preferenciales se orientan a evadir el fisco.
Lo que nos remite a expedientes que se convirtieron en piedra de escándalo en tiempos no lejanos, cuando poderosos empresarios, asistidos por aquel tipo de despachos, lograron que la Secretaría de Hacienda les rembolsara descomunales sumas de impuestos, tanto al Valor Agregado como Sobre la Renta.
Combinación perfecta: Ejercicio privado-fuero legislativo
En un caso en particular, los gestores de ese beneficio combinaron su función profesional privada con el ejercicio del fuero legislativo, de lo que siguió que compañeros de escaño del mismo partido acusaran de falta de ética de quien se valió del tráfico de influencia para mejorar el balance entre dietas parlamentarias y honorarios profesionales a través de las costas de la gestión administrativa.
Quién sabe hasta dónde vaya a llegar la nueva normalidad en esas asignaturas. Por lo pronto, doña Raquel Buenrostro ha puesto el dedo en la llaga. Es cuanto.