Voces del Director
Desde Filomeno Mata 8
Por Mouris Salloum George (*)
Los detractores del Estado neoliberal mexicano no critican esta perversa institución per se: Su argumento es que el neoliberalismo es intrínsecamente corrupto.
No andan esos críticos tan desencaminados: En el quinto periodo de ejercicio neoliberal, en este sexenio el costo de la corrupción que pesa sobre las espaldas de los mexicanos, es de un billón de pesos anuales.
El tema se puede documentar con dos referentes irrebatibles: Durante su gestión como secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid coordinó la Reforma Administrativa para someter la gestión gubernamental a los principios de control, eficiencia y eficacia. El primer concepto, como imperativo de vigilancia de las cuentas de gobierno.
La renovación moral de la sociedad
Consecuente con esos objetivos profilácticos, ya como Presidente De la Madrid instituyó la Secretaría de Contraloría de la Federación (hoy de la Función Pública), a la que le encomendó la renovación moral de la sociedad.
La acotación obligada es que De la Madrid procuró tocar lo menos posible la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que asigna funciones y facultades a los secretarios encargados de despacho e identificaba a las cabezas de sector a cuyas estructuras estaban inscritas dependencias y organismos del entonces conocido como gabinete ampliado.
Los atajos para llegar a la posmodernidad
Al tecnócrata neoliberal Carlos Salinas de Gortari, a quien De la Madrid confió su sucesión, le pareció que con aquel esquema no se transitaría a la posmodernidad: Ciertamente, no desarticuló el formato general de gobierno, pero en su sexenio empezaron a aparecer como hongos entes burocráticos paralelos a los gabinetes formales.
En grado y medida, los secretarios del gabinete legal, en no pocos casos, quedaron de facto sometidos al mando y criterio de los responsables de dichos órganos paralelos: Banco de México, tribunales, procuradurías, comisiones, institutos para esto y para lo otro, fondos, fideicomisos, etcétera, a algunos de los cuales, por añadidura, se dotó de autonomía.
Efecto número 1) El costo laboral y operativo de esos órganos disparó exponencialmente el gasto corriente. Efecto 2) El manejo de recursos gubernamentales, en otros casos, quedó exento de la fiscalización por parte de la Cámara de Diputados y, efecto 3) Los consejeros, magistrados, comisionados y titulares de otros esperpentos burocráticos tuvieron manos libres para manejar onerosos contratos de arrendamiento inmobiliario o tecnológico con particulares; de adquisiciones, de obras y servicios, etcétera.
Por sus obras los conoceréis…
Pongamos la mira en los resultados: Los consejeros y magistrados electorales no acaban de acreditar una mejora en la calidad de la democracia. Los magistrados agrarios no se hacen cargo de los crímenes que se cometen contra ejidatarios, comuneros y colonos, expuestos al despojo, el expolio y la muerte perpetrados por empresas usufructuarias de concesiones estatales para la explotación de la minería o los recursos hidráulicos, entre otros.
La Procuraduría de Defensa del Trabajo carece de dientes para prevenir y castigar la negación de derechos a la clase trabajadora conforme lo mandatan el artículo 123 de la Constitución y la todavía no derogada Ley Federal del Trabajo.
La Procuraduría de Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, así como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico agotan sus facultades en sesiones conciliatorias entre víctimas y victimarios, hasta que las primeras se dan por muertas.
¿Qué beneficios le reporta realmente a la sociedad la existencia de un costoso Instituto Nacional para la Transparencia y Protección de la Privacidad, que tiene más temas graves bajo la alfombra –reservados; esto es, en el secreto-, que los que excepcionalmente se abren a los solicitantes de información pública gubernamental?
¿Sirve de algo a las audiencias el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyos mandatos o recomendaciones pasan por el arco del triunfo de los concesionarios del Estado?
La Secretaría de la Función Pública fue resucitada sólo para operar la consigna de exoneraciones de sus jefes. Sus procedimientos sancionatorios sólo se conocen por su número y frecuencia; nunca por los nombres de los transgresores que, cuando son inhabilitados, en menos que canta un gallo aparecen en otras dependencias disfrutando de nuevas prebendas y canonjías.
Ya se supo porqué Rosario Robles Berlanga se sintió tan reconfortada con el no te preocupes Rosario. Otra empoderada, Arely Gómez le tendió el manto de Noé para protegerla de las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, que durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social encontró desvíos por más de mil 300 millones de pesos.
Nomás faltó que el PRI, como lo hizo con la expresidenta del INAI, Ximena Puentes, incluyera a Rosario en su nómina de representación proporcional al Congreso. En noviembre pasado, la señora Puente votó por esconder indagatorias de operaciones sospechosas perpetradas por el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin (asunto: Compras a Agro Hidrogenados), también nombrado en el caso de Odebrecht, la brasileña imputada de trasegar millones de dólares a la campaña presidencial del PRI en 2012.
Un billón de pesos al año cuesta a los mexicanos la corrupción. Se termina el sexenio y el Senado se niega a cambiar ese estado de cosas. Si bien les va a los mexicanos, a la mejor en un periodo extraordinario se nombra al Fiscal Anticorrupción. Quién sabe para que vaya a servir, aun siendo autónomo.
Lo dicho, comendador: El neoliberalismo es intrínsecamente corrupto.
(*) Director General del Club de Periodistas de México
VP/Opinión/EZ