Sinfonía Telúrica
Por Abraham García Ibarra
Cuando se recorre el sur de Europa por tierra, uno observa y aspira aromas de campos de lavanda. Apenas se acerca uno los suburbios de sus metrópolis, busca recetas contra el vómito. Cuando se transita por Texas, uno recuerda que esa demarcación fue alguna vez mexicana: Apesta a petróleo y racismo.
Cuando se recorre por tierra el sur de México, se tienen un itinerario y una opción para viajar a Acapulco: La Autopista del Sol o los tramos que quedaron de la antigua carretera federal libre. Buena parte de los viajantes opta por los segundos.
La explicación es sencilla: Una, la de los costos de peaje. La segunda, la seguridad. La autopista fue presentada como emblema de la ruta a la posmodernidad.
No hay verano en que el recorrido no sea interrumpido por deslaves y derrumbes provocados por las tormentas tropicales. Convertida en camino real, es santuario de bandas de asaltante y ladrones.
La del Sol fue iniciada en 1989 y se inauguró en 1993. Fijarse bien en las datas: Arranque del Estado neoliberal.
Por esas cosas tan habituales de la absurda vida institucional mexicana, la gestión financiera de aquel proyecto -endosado al Grupo Mexicano de Desarrollo- quedó depositada en el Fondo Nacional de Infraestructura. Ay, los afamados fondos y fideicomisos, vectores de deuda pública. El último eslabón de dicho itinerario fue marcado con El socavón de Cuernavaca.
¡Basta de metáforas! escribidor, ve al grano. Cambio de página.
¿Remedios contra la corrupción? Cohechos, cruzadas y reforma
Cuando, en 1982, se puso a caballo la Renovación moral de la sociedad, a unos cuantos meses el Fondo de Cultura Económica, en su colección Biblioteca Joven, editó el libro, ¿Remedios contra la corrupción?/ Cohechos, cruzadas y reforma. El crédito de esa obra prolijamente documentada, aparecida originalmente en inglés en 1980, es del jurista estadunidense W.M. Reisman.
Para no restar interés a algún potencial lector, preocupado por la peste del siglo mexicano (peor que la actual pandemia), sólo retomamos un aspecto subrayado por el autor, en cuyo centro de gravedad coloca al legislador.
Se trata de lo que Reisman tipifica como lex simulata. Aquellos productos del proceso legislativo que se fabrican sobre las rodillas para salir al paso a la presión de la opinión pública de la hora, sólo para taparle el ojo al macho. Ya los tribunales judiciales se encargarán de discernir la constitucionalidad de esas leyes. Para el caso mexicano, las salas superiores del Tribunal Constitucional; la Corte suprema.
Contra la corrupción, la demanda más sentida de la sociedad
Vamos, pues, al grano: En noviembre de 2012, tiempo crepuscular del segundo periodo del humanismo político, la agenda pública recogió por fin la cuestión del combate a la corrupción. Un clamor nacional.
El nuevo gobierno, a cargo del priista Enrique Peña Nieto, escogió el 5 de febrero de 2013, casualmente del 96 aniversario de la Constitución de Querétaro de 1917, para darle curso a la demanda más sentida de la sociedad.
Una semana después, se abrió el primer foro senatorial de debates con participación de representantes de los tres Poderes de la Unión, las más autorizadas voces de la Academia y las de algunas organizaciones de la sociedad civil.
Para ilustrar el interés general en esa materia, sólo rescataremos dos ideas-fuerzas escuchadas en aquellas deliberaciones: 1) La reconfiguración del Estado de derecho y, 2) El control de constitucionalidad del actuar del Poder Ejecutivo y de su titular.
Se atravesó entonces el vergonzoso capítulo de La Casa Blanca. Finalmente, cuatro años después, procesada la reforma constitucional, en 2016 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se tenía un poderoso argumento: Un billón, costo de la corrupción
Se trataba del pie de cría de un nuevo orden constitucional anunciado desde 2012 por el fáctico Pacto por México. Para reforzar la presión pública sobre el Congreso de la Unión, entre finales de 2016 y principios de 2017, una investigación no gubernamental reveló que el costo de la corrupción público-privada en México rondaba ya en un billón de pesos al año.
Se alzó un potente coro: No emprenderemos una cacería de brujas
Cuando se pretendía revestir el esqueleto de músculo en la etapa de diseño estructural del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con sus leyes auxiliares y su cuerpo administrativo, surgió la alarma en el propio Senado: No emprenderemos una cacería de brujas. Se hizo coro en las moradas parlamentarias.
La voz fue la del senador Emilio Gamba Patrón quien, en 1993, como secretario de Comunicaciones y Transportes, blasonó de la Autopista del Sol, astro apagado al correr de los años.
Si se revisa el esquema actual del SNA, creemos observar que está aún rabón: Permanece flotando la contraloría social y la renovación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desde hace más de tres años están pendientes los nombramientos de los magistrados administrativos. Para esas (16/18) plazas se inscribieron más de mil postulantes.
Para ser magistrado se requiere buena conducta y honorabilidad
Será porque para ser magistrado de justicia administrativa se exige contar con notoria buena conducta y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional, la Lámpara de Diógenes no alumbra aún a los hombres más idóneos.
Recapitulemos el recorrido: En 1982 se instituye la secretaría para asestar la renovación moral de la sociedad. En el sexenio siguiente, la tecnocracia inaugura el nuevo corporativismo empresarial; se le entrega la gestión de la Economía del Estado. En 2000, Vicente Fox ondea la bandera contra la corrupción. Llega a Los Pinos y declara su gobierno como el de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios.
Al terminar el sexenio 2006-2012, en el llano se habla de La docena trágica y el tejido social está roto. A unos días de terminar el mandato de Felipe Calderón Hinojosa se enuncia el combate a la corrupción. Con Peña Nieto se llega al colmo. Hace unas semanas, fuentes oficiales revelaron que en 2019 se habrían dado actos de corrupción con presuntos quebrantos de más de 12 mil millones de pesos.
De 2018 brotan fragancias, no precisamente de rosas
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados tiene en revisión la Cuenta Pública del gasto federal de 2018. Empiezan a ventilarse ciertas fragancias, no precisamente de rosas.
Aún antes de que se presentara la pandemia del Covid-19, era del dominio público que la Secretaría de Salud no rechinaba de limpia. Al conocerse los requerimientos de personal, instrumental, equipo de primeros auxilios y sucedáneos para tratar a las víctimas, etcétera, todo se tradujo en déficits.
A lomo de la emergencia nacional derivada de la crisis sanitaria, desde hace un mes se anuncia la Nueva normalidad. Una novedad, más que abstracta, etérea.
Para Juárez, el servidor público debe vivir en la augusta medianía
En la nueva era, es eslogan la austeridad republicana como imperativo en el manejo de los dineros públicos. Existía desde antes la Ley de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Después de todo, en el logo de la cuarta transformación aparece la efigie del conductor de la segunda transformación: Juárez, el gobernante que dijo que el servidor público debe conformarse con vivir en la augusta medianía.
La austeridad pública es una parte del todo. No el todo. El todo debe ser, ante que normalidad, una profunda racionalidad republicana, sin dejar cabos sueltos ni boquetes abiertos, por donde se van robos y despilfarros a fondo perdido. Y en tratándose de fondos y fideicomisos, los tenemos para prestar y regalar.
A manera de escape de la “fatiga informativa”
Para 2021, nosotros tenemos “otra” conmemoración. El 19 de junio se cumple el centenario del fallecimiento del jerezano Ramón López Velarde: Patria: Tu superficie es el maíz/ Tus minas, el Palacio del Rey de Oros/ Y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros…
En Suave Patria, López Velarde hizo la revelación: El niño Dios te escrituró un establo/ Y los veneros de petróleo, el diablo. Es cuanto.