Ojo Público
Por Norberto Hernández Montiel
“Discurso de odio es cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad”.
La anterior es la definición que se ofrece, respecto a este concepto, en la “Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio”.
Está seguida de un texto firmado por el secretario general del organismo, Antonio Guterres, en el cual éste alerta: “En todo el mundo, estamos presenciando una inquietante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia, con un aumento del antisemitismo, el odio contra los musulmanes y la persecución de los cristianos”.
Ambos párrafos vienen a colación porque desde los tres partidos que integran la coalición “Va por México”, y Movimiento Ciudadano se está acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento de Regeneración Nacional de atizar este tipo de discurso hacia ellos, por haber votado en contra de la reforma eléctrica.
Llama la atención que durante la mañanera del 4 de abril, una reportera de Reporte Índigo presentó una pregunta al mandatario Andrés Manuel López Obrador de la siguiente forma: “…publicamos que con ese discurso (de odio) está creciendo la polarización y también se está deteriorando la gobernabilidad del país. ¿Se desistirían de esta campaña o de este discurso, presidente?”
Sustentó su cuestionamiento en el calificativo de “vendepatrias”, aplicado a los diputados que votaron en contra de la reforma y retomó el argumento de la oposición, según el cual así se recurre al discurso de odio.
Es curioso que esta interpelación se le dirigió al gobernante que fue desaforado en 2005, nada menos que por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso, en un proceso tan desaseado que Roberto Campa Cifrián, diputado priísta se pronunció contra el dictamen, y aseveró: “El origen de todo esto no es que López Obrador sea un delincuente, sino que es un candidato peligroso”.
Por aquellos días había mucho más que un “discurso de odio”. Se trató de un intento de descarrilamiento a López Obrador que había tenido su episodio más conocido en los “videoescándalos”, iniciados el 21 de abril de 2003. Lo que arrancó con ese golpe político continuó con la tentativa de encarcelar a AMLO.
A modo de ilustración de lo sucedido entonces, citaremos textualmente la definición de odio del Diccionario Panhispánico de la Real Academia de la Lengua:”Sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia”.
Poco tiempo después del desafuero, con palabras similares a las de Campa Cifrián, mencionadas arriba, pero con una intención muy diferente, Antonio José Solá Reche, asesor de la campaña de Felipe Calderón para la presidencia, acuñó la expresión de que Andrés Manuel López Obrador era “un peligro para México”, y lo vinculaba con las ideas de crisis, devaluación, desempleo y aumento de la deuda externa, las cuales se repitieron profusamente en toda clase de spots.
Recordemos que de acuerdo con la ONU el discurso de odio es un ataque o el uso de “lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son”.
Aquí podemos ver también el uso que se le da al primer apellido del presidente como una descalificación, utilizada por muchos personajes de la oposición, desde que eran gobierno. Por ese motivo, Vicente Fox se refería a AMLO como “López”, al igual que su vocero, Rubén Aguilar Valenzuela y muchos otros políticos, sobre todo panistas.
Clasismo y racismo se unen en este intento de descalificación, que nos incluye a los Hernández, González, Pérez y a todos aquellos que carecemos de un primer apellido rimbombante. Cabe preguntar si en este tipo de alusiones no hay discurso de odio.
Podemos comparar ahora con la expresión “vendepatrias”, cuyo significado no encontramos en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, pero como mexicanos lo comprendemos muy bien, a causa de lo vivido a lo largo de nuestra historia, comenzando por la conquista y el malinchismo, los cuales ocasionaron el saqueo de la riqueza nacional; la imposición de Maximiliano de Habsburgo a nuestra incipiente República; la pérdida de gran parte del territorio nacional en el Siglo XIX y la concesión, que hizo Felipe Calderón, de 35.5 millones de hectáreas de suelo nacional a mineras canadienses.
Vista en este contexto, la palabra “vendepatrias”, aplicada a los legisladores que abandonaron el recinto de San Lázaro cuando se iba a votar la ley minera, además de que sufragaron contra la reforma eléctrica, suena más suave que traidores a la patria.
Conviene traer a colación dos fragmentos de la carta que el presidente Adolfo López Mateos nos dirigió a los mexicanos, con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica, hace 62 años, el 27 de septiembre de 1960:
“Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”.
En esta misiva, que ha leído varias veces AMLO durante sus mañaneras, aquel otro López aseguraba: “Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros…”
A la luz de los sucesos mencionados se puede concluir que los mexicanos tenemos derecho a saber cómo votan en el Congreso de la Unión los dos tipos de legisladores que tenemos: aquellos que fueron electos como representantes populares, y los que llegaron por la vía plurinominal, a conveniencia de sus partidos.
Esta información está muy lejos de lo que podríamos considerar discurso de odio. Simplemente sirve para decidir a quiénes les vamos a dar nuestro sufragio en las siguientes elecciones.