“Gordias, proclamado rey de Frigia (actual Anatolia en Turquía) ofreció a Zeus su carro y ató la lanza y el yugo con un nudo cuyos cabos se escondían en el interior, tan complicado que nadie lo podía soltar” (Fuente: Muy Interesante).
Juan José Agustín Reyes Rodríguez
¿Han tenido oportunidad de echarse un clavado en la legislación mexicana, para ver la cantidad de leyes que hay para la atención a un solo tema?; ¿Han podido hacer un análisis somero de las duplicidades, contradicciones, deficiencias y omisiones que hay en la legislación?; ¿Los legisladores tienen como deporte, ocurrencias, pasatiempo o verdaderamente legislan con objetivos claros y congruentes sobre los temas que abordan?
¿LOS LEGISLADORES tienen la capacidad técnica y legislativa para formular leyes y tienen el conocimiento del marco legislativo en el que actúan?¿Tienen amplio conocimiento de la gramática española, que necesariamente debe reflejarse en los ordenamientos jurídicos?
HAY MUCHAS preguntas y consideraciones que podríamos seguir haciendo y quizás no encontraríamos las respuestas precisas y verdaderas sobre las mismas. Las leyes que se abordan en cada periodo legislativo ya empezaron con el segundo año de la LXIV legislatura en el segundo periodo, este 1 de septiembre, por lo que esperamos un caudal de nuevas iniciativas de leyes en todos los ámbitos de la sociedad.
A manera de ejemplo, desde el inicio de la 64 legislatura que inició en septiembre de 2018, en el senado se han presentado a partir del martes 4 de ese mes al martes 10 de septiembre de 2019, de acuerdo con la Gaceta del Senado LXIV Legislatura, 1,375 proyectos de decretos de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución y las leyes en todos los temas imaginables, de todos los grupos parlamentarios. Por parte de la Cámara de Diputados, al 11 de septiembre del presente año, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria se han presentado 1357 proyectos de decretos para reformar o adicionar diversas disposiciones legales. Hay que mencionar que todas las leyes deben ser aprobadas por la Cámara de origen, que puede ser el Senado o la Diputación y la Cámara de validación. La única excepción es que la Cámara de Diputados es la única que aprueba el presupuesto de egresos de la Federación.
Los números de iniciativas que se mencionan en ambas cámaras, finalmente deberían coincidir en caso de ser aprobadas. Estas iniciativas solamente corresponden a las presentadas en la LXIV legislatura, en su primer año y lo que va del segundo año, sin considerar el atraso que hay de iniciativas de las legislaturas anteriores, que están durmiendo el sueño de los justos.
A manera de ejemplo de las iniciativas propuestas, se presentan a continuación, de manera enunciativa algunas de ellas, que comprenden prácticamente todos los temas.
Están en perspectiva iniciativas en los temas de la Constitución, en donde hay el mayor número de proyectos de decretos; del Poder Judicial de la Federación, Código Penal Federal, Ejecución Penal, Código Fiscal; Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Armas de Fuego y Explosivos; Responsabilidad Ambiental, Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley General de Aguas, Desarrollo Forestal, Vida Silvestre, Cambio Climático, Residuos, Desarrollo Rural, Capitalización del Procampo, Desarrollo Sustentable, Ley Agraria, Turismo; Anticorrupción, Administración Pública Federal, Energía, Igualdad de Género, Derechos Humanos y Periodistas, Impartición de Justicia, Extinción de Dominio, Seguridad Nacional, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional, Delincuencia Organizada; Educación, Aviación Civil, Protección al Consumidor, Mujeres y Niños, Violencia; IEPS, ISR, IVA, SAT, Aduanera, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Coordinación Fiscal, Operaciones con Recursos Ilícitos; Trabajo, Desarrollo Social, Electoral, Partidos Políticos; Salud, Cultura Física y Deporte; Caminos y Autotransporte Federal; Código Nacional de Procedimientos Familiares, Estímulos y Recompensas, Muerte Digna; Energía, PEMEX, Daños Nucleares, Industria Eléctrica; Acceso a la Información Pública, Congreso General, Microindustria y Artesanías, Medios de Impugnación Electoral, Derechos, Tabaco, Regulación de Mariguana; Competitividad, Competencia Económica; Bandera e Himno Nacional; Adquisiciones y Arrendamientos, Enajenación de Bienes Públicos; Migración, Refugiados y Asilo Político; Día Nacional del Psicólogo; Pueblos Indígenas, Educación Militar, Juegos y Sorteos, Población, Instituciones de Crédito; Telecomunicaciones y Radiodifusión; Vivienda y muchos temas más.
Cumplir a rajatabla
LO MÁS GRAVE del caso es el hecho que para su aplicación en un asunto oficial y de la población, es un verdadero NUDO GORDIANO, que pobres de los funcionarios y ciudadanos que no cumplan con esa madeja de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, circulares, oficios, memoranda y otros instrumentos legales.
Un ejemplo legal que podemos referir es el Marco Normativo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) que, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, publicado el 29 de abril de 2014 tiene el siguiente Marco Jurídico Aplicable:
Obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 leyes federales; cinco códigos; 16 Tratados y Convenios Internacionales; 14 reglamentos; entre lo más relevante, además de las normas oficiales, reglas de operación.
Se consideran los ordenamientos específicos de la materia forestal, sociales, económicos, de género, responsabilidades y prácticamente todo el abanico de leyes que directa o indirectamente marcan su actuar administrativo.
Al revisar cada una de las leyes podemos encontrar que se repiten términos o conceptos, con palabras diferentes, sobre todo en los temas ambientales, pero viendo su significado gramatical son exactamente lo mismo; a Francisco unos le llaman Pancho y otros le dicen Paco.
Considero que la capacitación de los legisladores debería ser un tema fundamental, desde el básico conocimiento de las reglas gramaticales y conocer el significado de muchos términos para evitar esa madeja de leyes que por los diferentes nombres que le den a un concepto, que tiene el mismo significado, inventan leyes al respecto, lo cual puede constatarse en la legislación ambiental y de recursos naturales, siendo reiterativo.
Creo que debería crearse, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, una o varias comisiones especiales de revisión de toda la legislatura, con el fin de reagrupar, fusionar, adecuar o eliminar aquellos ordenamientos jurídicos que se duplican, se oponen y crean confusión, en los temas relevantes. Esta si sería una verdadera labor legislativa que justificaría la presencia de tantos legisladores, de los cuales los menos son los que verdaderamente trabajan con seriedad y a fondo.
Lo mismo podemos encontrar en la legislación aplicable a otros asuntos de la administración pública en los tres poderes de la unión. Si vamos a los estados el asunto es aún más complicado.
Recientemente, el 4 de septiembre, hubo un foro en el Senado de la República, “Debate Inaplazable: las transformaciones que los Poderes Judiciales necesitan en el México del siglo XXI”, en donde participaron algunos senadores y diputados, funcionarios públicos, organizaciones sociales, magistrados federales y de algunos estados, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expertos todos en materia de legislación jurídica.
Hubo exposiciones sobre la necesidad de discutir al menos 37 iniciativas que permitan transformar los poderes judiciales, tanto el federal como de las entidades federativas, vinculando al poder legislativo con el poder judicial, estableciendo mecanismos de trabajo conjuntos.
Se mencionó la necesidad de hacer una reingeniería jurídica para resolver problemas de acceso a la justicia, mayor independencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; contar con procesos de selección de los integrantes del poder judicial, con perfiles idóneos, mediante concursos de oposición y no por designación; que haya legalidad para todos.
Desconfianza
UNA ORGANIZACIÓN civil, “México Evalúa”, señaló que en encuestas que han hecho, la percepción de la gente es de desconfianza hacia los jueces, 70 por ciento piensa que son corruptos, 43 por ciento piensa que son injustos y que está en juego la justicia.
Con las acciones de la cuarta transformación del gobierno federal, hay preocupación y resistencia del poder judicial en cuanto a las iniciativas de reducción de salarios, cambiar a los jueces cada seis años y crear una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia, para atender específicamente asuntos de corrupción.
Otra organización, “EQUIS Justicia para las mujeres”, mencionó otros datos. 23 por ciento de hombres y 20.5 por ciento de mujeres, ubican como autoridad al poder judicial y desconfían del mismo. Hay opacidad y hermetismo con el que opera. De los asuntos resueltos o en proceso corresponden dos millones al ámbito de los estados y un millón al ámbito federal. De los tribunales locales, solamente uno publica sus resoluciones y ninguno de los demás lo hace.
Se hizo énfasis que los tribunales deben estar cercanos a la gente. Dictar sentencias con argumentaciones sólidas, acatar la jurisprudencia, ser vinculatorias con los derechos humanos, amigables con discapacitados e indígenas.
Se establecieron tres mesas de debate. “Independencia y gobierno judicial”, “Selección de personas juzgadoras idóneas” y “Transparencia judicial y participación ciudadana”.
En la primera mesa, se mencionó la necesidad de fortalecer el poder judicial y darle una verdadera independencia y no depender de las propuestas que hace el ejecutivo federal o lo gobernadores; los partidos se distribuyen las cuotas de magistrados y ministros. Combatir el nepotismo, garantizar la imparcialidad, separar la defensoría de oficio del poder judicial, austeridad, rotación, fortalecer el Consejo de la Judicatura en lugar de desaparecerlo.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha, hizo una exposición muy clara y directa, señalando aspectos que van al fondo del problema. Mencionó que se han hecho muchos parlamentos abiertos pero que, si no se aplican las propuestas, de nada sirven. Las iniciativas que se han presentado parecen parches y sin conocimiento. El establecer una sala anticorrupción en la corte, no es asunto de constitucionalidad, que es la función de la corte. El estado constitucional es más grande y complejo.
La independencia judicial debe tener autonomía institucional, los funcionarios judiciales deben ser independientes, con servicio civil de carrera, permanencia, con ética, remuneraciones adecuadas; hacer análisis de caso por caso en cada judicatura. Prácticamente en todas las mesas se manifestó como un común denominador la importancia del presupuesto como una de las condiciones para la independencia del poder judicial.
Debe haber un régimen de responsabilidades para evitar fallas y corrupción, transparencia en todas las resoluciones y que se hagan públicas, cuentas claras, profesionalización y concursos de oposición. Regular sin sobre regulación, austeridad en todo el engranaje jurídico y participación ciudadana.
En la segunda mesa sobre la “Selección de personas juzgadoras idóneas para el México actual”, se mencionó que el personal idóneo debe cumplir requisitos normativo, cultural, social y político. El Instituto de capacitación judicial debe tener el carácter de Instituto de Educación Superior. Que haya preparación continua, talleres de formación para todas las carreras judiciales. Establecer requisitos, que de hecho ya hay algunos, con exámenes teóricos y prácticos, establecer un sistema de competencias para las diferentes ramas del derecho e incorporar procesos de información tecnológica
En la tercera mesa, “Transparencia judicial y participación ciudadana”, hubo mayor participación de organizaciones sociales y expertos judiciales. Las reformas propuestas deben ser tendentes a fortalecer el poder judicial. Se confunde la selección de magistrados y ministros con la politización partidista. Es importante ver de dónde vienen los postulantes y a que grupos podrían favorecer estando en el poder judicial.
Hay grandes disparidades en el poder judicial de la federación y los estatales; hay diferentes interpretaciones para un mismo asunto y disparidades en materia de transparencia. Es fundamental que se publiquen todas las resoluciones para poder hacer monitoreo y dar certeza sobre los alcances y límites. Debe haber una política proactiva del poder judicial y superar las limitaciones de las capacidades humanas.
No confundir independencia con sordera
HAY QUE HACER reformas a la Ley General de Transparencia que obligue al poder judicial a publicar todas sus resoluciones y sentencias, que permitan identificar los conflictos de interés, eliminar la opacidad, incentivar la denuncia ciudadana y que las sentencias y sus contenidos sean de interés público.
No confundir independencia judicial con sordera judicial. Falta acercar al poder judicial con la ciudadanía. En esta última mesa ya no había ningún diputado o senador que fueron los convocantes a este foro de debate.
En este evento se presentaron 31 ponencias o exposiciones de los participantes de los sectores mencionados. Realmente el anunciado Debate Inaplazable, lo menos que hubo fue debate. Parece que la mayor preocupación de los legisladores y magistrados asistentes fue el presupuesto. Fui el único asistente del público al que forzadamente le dieron la palabra, casi al concluir el evento. Eso me dio la oportunidad de hacer tres propuestas.
1.- LA SELECCIÓN del personal del poder judicial, requiere tener capacidad técnica jurídica, experiencias positivas comprobadas, someterse a exámenes de confianza y psicométricos, así como tener ética comprobable. Esta selección también debe aplicarse a los legisladores federales y estatales, para que conozcan lo que legislan.
2.- HAY UNA MADEJA impresionante de leyes, como un Nudo Gordiano, no sólo en el ámbito judicial, sino en prácticamente todos los temas, que tal parece que la intención es enredar la justicia y complicar su aplicación. Para ello propuse que se haga una revisión, adecuación, fusión y simplificación de leyes, códigos y reglamentos, en lugar de seguir aumentando esa madeja de leyes que a veces son más ocurrencias y parches, como dijo Hugo Concha, solamente para que algunos legisladores justifiquen su función.
3.- COMO SIGUE EL JALONEO entre el ejecutivo y los partidos políticos representados en el congreso, en la designación de magistrados y ministros, se sugiere que se explore la posibilidad que estos funcionarios del poder judicial sean verdaderamente independientes, o sea; elegidos por votación ciudadana.