EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra
Desde la época del viejo y verdadero PRI, sus detractores hablaban ya de la Presidencia imperial. Con ello se quería significar la tentación satisfecha por algunos mandatarios mexicanos de actuar como monarcas europeos.
Si de poder absoluto se trata, podemos ilustrar esa categoría con los luises franceses: El XIV proclamó: El Estado, soy yo. El XV, a la luz de las calamidades de su mandato, declaró: ¡Después de mí, el diluvio! El XVI y su María Antonieta, la de los afamados pasteles para la plebe hambrienta, fueron expuestos a la guillotina.
Y aquí entra el clásico: El poder corrompe; el poder absoluto, corrompe absolutamente.
Al retornar el PRI a Los Pinos en 2012, la tendencia a gobernar desde la Presidencia imperial fue restaurada. El imperativo republicano fue arrojado a la basura.
Cambio de página con otra cita clásica: Los dioses ciegan a los que quieren perder. Desde la crisis de 1928, desencadenada por el asesinato del presidente reelecto, Álvaro Obregón, México no había sufrido una inestabilidad política del tamaño y la profundidad de la actual. En los veinte tuvo que convocarse a la elección presidencial extraordinaria.
Segunda vuelta electoral, un imperativo impostergable
Después de las usurpaciones del poder presidencial de 1988 y 2006, los politólogos más autorizados y aun algunas mentes lúcidas del priismo, empezaron a plantear la urgencia de instituir constitucionalmente la Segunda Vuelta en la elección presidencial, a fin de revestir de legitimidad al resultante jefe del Ejecutivo federal.
En ocasión no lejana, a Enrique Peña Nieto se le cuestionó sobre el tema de la Segunda Vuelta electoral. Salió al paso: Eso sería construir mayorías artificiales. Blasonó que él las había construido, auténticas, con el Pacto por México.
“Mayorías artificiales”. ¿Qué hizo el PRI el pasado 4 de junio en las elecciones de gobernador en tres estados de la República? Desde que se iniciaron los preparativos de esos procesos, el PRI buscó construirse mayorías ficticias.
Para tal efecto, el PRI arrimó a su fogón las sardinas de la chiquillada: Los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES).
Con los resultados del 4 de junio, que todavía están por ajustarse, el PRI se proclamó triunfador de todas, todas, según la inane estulticia del dirigente nacional Enrique Ochoa Reza.
Desagregados los números del 4 de junio, encontramos que el Partido Encuentro Social (PES) aliado del PRI, entre los partidos con registro nacional, quedó en noveno lugar. Son nueve partidos nacionales. Quedó, pues, en el último sitio. Por debajo del quinto lugar quedaron el PVEM y el Panal.
Esa alianza es con la que cuenta el PRI como presupuesto para 2018. “Que también vamos a ganar”, asegura Ochoa Reza.
¡A que los dioses del Olimpo!: Ochoa Reza no se da todavía por enterado de que los resultados, especialmente en los estados de México y Coahuila, han sido impugnados por fuerzas de la oposición, que acudirán en última instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para demandar la anulación de las elecciones.
Segunda vuelta electoral, todavía posible de legislar
El contenido de estas notas tiene como punto de partida una conferencia de prensa que en la Ciudad de México ofreció esta mañana el presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.
A reserva de entrar a detalle en esa conferencia, tracemos un cuadrante: A la luz de las turbulencias poselectorales en los estados de México y Coahuila, una creciente tendencia de opinión pública exige la institución de la Segunda Vuelta electoral para 2018.
Concretamente, el jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, planteó ayer la urgencia de legislar en materia de segunda vuelta electoral para la elección presidencial, a fin de fortalecer el sistema democrático mexicano y evitar crisis de legitimidad de quienes arriban a posiciones clave de gobierno.
En las ediciones de medios impresos metropolitanos del pasado fin de semana, por lo menos cinco opiniones editoriales analizaron los procesos electorales del 4 de junio, denunciaron la monstruosa falsificación de los resultados mediante la coacción y la compra de votos, y coincidieron en que es impostergable la Segunda Vuelta Electoral.
La dirigencia nacional del PRI reaccionó colérica contra esa proposición y su representante en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, se refugió en la cachaza: “Ya no hay tiempo de avanzar en un ordenamiento de ese tipo”. Su chalán presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, lo secundó: El artículo 105 señala que las leyes electorales federales o locales no podrán ser reformadas durante el periodo electoral y tres meses antes.
El periodo electoral correspondiente a 2018 se abre en octubre próximo. Tres meses antes es agosto. Dice en junio Burgos García: “Es obvio que no hay tiempo”.
Ricardo Anaya Cortes, que es licenciado en Derecho, sostiene que “sí es posible que la segunda vuelta electoral pueda aplicarse en la elección presidencial del próximo año, toda vez que por tratarse de una reforma constitucional no requiere de un plazo mínimo previo al proceso electoral, como ocurre con las demás leyes en la materia”.
El PAS a la vanguardia con la iniciativa ciudadana sinaloense
Entramos de lleno a las declaraciones de Cuén Ojeda y lo hacemos de cara a los criterios asumidos por Gamboa Patrón y Burgos García con aquello de que “ya no es tiempo”.
El dirigente del PAS refresca la memoria a los priistas en el Congreso de la Unión: El 25 de septiembre de 2014; esto es, hace 31 meses, el PAS ingresó al Senado la Iniciativa Ciudadana firmada por 227 mil 130 sinaloenses libres que con sus firmas apoyaron la proposición de una reforma a la Constitución federal para legislar sobre Segunda Vuelta Electoral y Revocación de Mandato.
Las firmas fueron cotejadas, contra las credenciales de elector, por el Instituto Nacional Electoral (INE), que entregó al Senado su veredicto.
El presidente de la directiva senatorial era entonces el perredista Miguel Barbosa Huerta. Lo relevó en el cargo el verde-priista, Pablo Escudero. Ambos conservaron en la hielera dicha iniciativa, que ya estaban en posesión de tres comisiones de dictamen, entre ellas la de Puntos Constitucionales que preside Burgos García.
Cuén Ojeda, a preguntas expresas de los periodistas, recordó que los impulsores de la iniciativa ciudadana comentada, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusando al Senado de omisión legislativa al no darle curso al proyecto.
Los magistrados federales conminaron a la directiva del Senado para que siguiera el procedimiento correspondiente. El Senado, tripulado por el priista Gamboa Patrón, desacató la recomendación de la instancia jurisdiccional.
Un nuevo recurso, siguiendo las vías institucionales, introdujo el PAS. Se produjo un predictamen a la iniciativa. Se quedó en la congeladora de la Cámara alta al cerrarse el periodo ordinario de sesiones y hasta la fecha en que, según los senadores priistas, “ya no es tiempo” de proceder en consecuencia.
Cuén Ojeda, que llamó por su nombre las marranadas cometidas en las elecciones del 4 de junio pasado, advirtió, con vistas a julio de 2018: México está en la tesitura de la explosión social y política.
Por el fracaso de las “reformas transformadoras”, particularmente la Energética, dijo el líder sinaloense, “México ya tocó fondo”. Preciso es, reiteró, la Segunda Vuelta Electoral (que, según la dirigencia nacional del PAN, puede proceder, habida cuenta que, de acuerdo con una consulta interna a juristas del partido, se trata de una reforma constitucional, no de una ley ordinaria en materia electoral).
Por derecho propio, el PAS reclama tener candidatos
Lo que motivó fundamentalmente la visita de Cuén Ojeda a la Ciudad de México, fue su interés en presentarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a tramitar un recurso de consulta sobre la potestad de los partidos estatales y locales a postular directamente candidatos a senadores y diputados federales en las elecciones generales de 2018.
Son sinaloenses, argumentó, los que elegirán en su territorio, no en otro, a sus representantes ante el Congreso de la Unión (tres senadores; siete diputados).
Si hasta a aspirantes independientes se les otorga esa prerrogativa, ¿por qué no a un partido que, como el PAS, de acuerdo con los resultados del proceso electoral de 2016, está reconocido como segunda fuerza electoral en la entidad, después de haber sido avalado por los votos de más de 250 mil electores?
La solicitud del PAS está sostenida en un macizo alegato jurídico (constitucional y leyes reglamentarias). Se espera el plazo legal para que el INE, a tenor con el texto del artículo 8 de la Constitución federal, sobre el derecho de petición -presentada para el caso “por escrito” y de manera “pacífica y respetuosa”- dé la debida respuesta a los promoventes de la consulta.
Lo que no está expresamente prohibido, está permitido
Tenemos a la vista copia de aquel documentado alegato. Habrá oportunidad de comentarlo. Pero una observación de Cuén Ojeda nos queda clara: La potestad reclamada por el PAS no está impedida expresamente por la Constitución y las legislaciones en materia electoral.
Sostienen los que de Derecho saben: Lo que no está prohibido por la ley… está permitido. Así lo aseguran los que saben de Constitución y de Leyes. Es cuanto.