VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George.
Al momento de elaborar esta entrega, las agencias internacionales de noticias pasan de la especulación previa a la difusión de los primeros sondeos sobre el resultado del referéndum convocado para decidir la permanencia o el retiro de Inglaterra del bloque comunitario europeo.
La tendencia de la votación fluctúa entre una encuesta y otras, pero todo indica que la pertenencia de Inglaterra a la zona euro gana ventaja.
Londres, Escocia y Gales se pronuncian por el SI, pero el centro del Reino vota por el retiro del bloque continental.
Con independencia de los resultados definitivos, el dato que hay que subrayar es el de cómo funciona la democracia en un país del Primer Mundo: El sujeto último del proceso democrático, el ciudadano, es consultado sobre las grandes decisiones que propone el gobierno. Y su mandato no sólo se acata, sino que se cumple.
En la anterior entrega, comentamos la preocupación de los conductores de la política económica mexicana en torno a los resultados finales del proceso democrático inglés.
Aquí, seguimos anclados en la democracia electorera
Hoy proponemos otro enfoque: El de las deficiencias e insuficiencias -los déficits, pues- de nuestra democracia “representativa”, que no se atreve a dar el salto a la democracia participativa.
Desde que en México se planteó la exigencia de acometer la transición democrática, “el sistema” se ha abocado a una serie de reformas bautizadas como políticas, que han esquivado la profunda Reforma del Estado y se han agotado en meras reformas electoreras que sólo sirven al interés exclusivo de la partidocracia.
Figuras de democracia directa, como el referéndum y el plebiscito, en sus diversas concepciones y aplicaciones según el tema expuesto a la voluntad popular, han sido negadas sistemáticamente, junto, por ejemplo, con la revocación de mandato.
Se han hecho concesiones, siempre sujetas a inviolables e insuperables “candados”, en materia de consulta popular e iniciativa ciudadana, elevadas a rango constitucional.
Particularmente, en cuanto corresponde a la consulta popular, los legisladores antepusieron el interés del Estado al del ciudadano.
En 2015, en las elecciones federales intermedias, desde diversos frentes se propuso la consulta popular concurrente sobre la Reforma Energética, el salario mínimo y la reducción de miembros del Congreso de la Unión.
La respuesta de la autoridad jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en el caso de la Reforma Energética, privilegió las excepciones de aplicación introducidas en el texto constitucional, alegando afectaciones económicas al Estado por la eventual suspensión de dicha reforma.
No puede ser más contradictorio y deplorable ese proceder, que se produce a contrapelo, verbigracia, de las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo que, un día sí, y otro también, suscribe acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia comercial, cuyos impactos finales afectan el interés de la población mexicana en su conjunto.
Frente a experiencias como la comentada de Inglaterra, todo indica que nuestro régimen democrático está condenado a permanecer anclado en la etapa meramente electorera, por lo demás, siempre expuesta a la sospecha del mapacheo y el fraude. Grave asunto.