Sinfonía Telúrica
Por Abraham García Ibarra
Aun sin pandemias que trastornen las funciones del Estado, uno de los vicios que atrofian el servicio público es la incurable propensión a la reformitis, cuyos resultados no pocas veces cumplen la conseja de los remedios peores que la enfermedad.
Pasado un mes de que se conoció la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para hacer reasignaciones al gasto federal en lo que resta de 2020, el Congreso de la Unión entró en receso de sus sesiones plenarias y dejó el tema prendido de alfileres.
De entrada, lo que hay que aclarar -en voz de autorizados constitucionalistas-, es que la Cámara de Diputados, en situaciones de emergencia fiscal, no requiere de solicitud del Ejecutivo para ejercer sus facultades exclusivas a fin reordenar el etiquetado del Presupuesto de Egresos conforme lo exijan situaciones de contingencia.
Lo que el lance de abril propició, fue que las bancadas de oposición en San Lázaro le metieran ruido al asunto acusando al Presidente de tratar de eliminar contrapesos en el ejercicio del gasto público y dio pie a que algunos gobernadores retomaran su beligerancia, tratando de revertir los ajustes que desde el otoño de 2019 se hicieron al gasto federalizado.
Dados los protocolos de aislamiento y confinamiento impuestos por la autoridad sanitaria, ni siquiera la Comisión Permanente del Congreso da señales de vida parlamentaria.
Formación de capital humano, asignatura impostergable
Aun así, nos parece, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados debiera estar haciendo su tarea en lo que respecta a la gestión del gasto federal para el segundo semestre de 2020, definiendo las áreas prioritarias y estratégicas, más allá de lo asistencialista, a fin de que el desarrollo nacional no se descarrile.
Hemos dicho que, dada la magnitud de los impactos económicos derivados de la pandemia, no existe sector que merezca más y mejor atención que otros. Sin embargo, si de instituir una nueva normalidad se trata, es vital que la formación de capital humano ocupe sitio especial en la reconstrucción del modelo económico.
De ser así, la Universidad Pública no puede permanecer como mera fuente tributaria de los requerimientos del espectro económico-empresarial, urgido aquí y ahora de talentos para el futuro inmediato.
Contra esa lógica de supervivencia, lo que vemos es el propósito de restringir el apoyo presupuestal a la enseñanza Media y Superior, según lo ha confirmado la Secretaría de Educación Pública a las autoridades académicas y a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios.
Proyectos de desarrollo, ¿sin mano de obra calificada?
El solo anunció unilateral de esa medida se traduce en el riesgo de que, el menos una docena de universidades públicas de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, México, Michoacán, etcétera, con rezagos financieros desde el sexenio pasado, queden expuestas a su extinción o una subsistencia precaria de aquí al mes de octubre, en que sus fondos de tesorería apenas alcanzarían para solventar su gasto en personal.
No se puede hace abstracción de que, al menos cinco estados del sur-sureste del país señalados, están en el hinterland de proyectos de desarrollo, para cuyo éxito se precisa de mano de obra altamente calificada; requerimiento que no puede depender de la migración de profesionales y técnicos egresados de los centros de estudios metropolitanos que, dicho sea de paso, no son afectados en el mismo grado y medida por los recortes presupuestales a los que se somete al resto de la estructura universitaria nacional.
La política educativa no puede sujetarse a criterios gerenciales
Es evidente que la solución esa problemática no puede quedar solo bajo criterios de quienes, en la soledad de sus despachos en la Ciudad de México, corren el lápiz para diseñar ecuaciones costo-beneficio, como si se trata únicamente de una operación gerencial ajena a la suerte de millones de jóvenes que no están en condiciones socioeconómicas para sufragar el oneroso costo de la enseñanza privada.
Nos quedamos, pues, en que, si de reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 es caso, la Universidad Pública de provincia no puede ser tratada como la eterna Cenicienta. Es cuanto.