La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
La demanda más sentida de la sociedad mexicana tiene un solo nombre: Justicia pronta y expedita para todos: Para los de abajo igual que para los de arriba. Se sustancia y se exige, más que en nuevas leyes capciosas, en una respuesta racional a un escandaloso déficit: El del Estado de derecho asignatura que, desde la perspectiva local e internacional, no goza de la mejor fama
Tres tentativas permanecen en embrión:
- Prácticamente desde que se instaló la LXIV Legislatura federal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, se sacó de la manga un proyecto de reforma constitucional de la que no se conoce aún dictamen.
- El paquetazo de la reforma a la Justicia Penal que miembros del gabinete presidencial intentaron introducir en la Cámara alta y fue bloqueado por el propio senador de Morena, Monreal Ávila.
- La iniciativa presentada a principios de febrero por el ministro presidente del Tribunal Constitucional, doctor Arturo Zaldívar, tipificada por los que saben de esas cuestiones como una reforma por y para el Poder Judicial de la Federación.
El proyecto del senador zacatecano fue caracterizado como un rapto de protagonismo mediático personal sabido, como es, que su autor cultiva aspiraciones presidenciales para 2024.
En los tres proyectos, nueva tanda de reformas constitucionales
Acaso por lo voluminoso y extenso alcance del segundo paquetazo, salvo medios especializados, como el canal Judicial TV, analizaron sus enunciados en espera de su revisión y actualización en una segunda vuelta.
La iniciativa que ha merecido mayor atención y análisis, es la del ministro Zaldívar, dada su autoridad política e institucional, y su experiencia en la judicatura.
De sus resonancias, a reserva de volver a él en otras entregas, recomendamos la lectura del examen que hizo la asociación no gubernamental, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que se apoyó bases documentales y científicas para proponer elementos en abono a un serio y productivo conversatorio.
La obscena y rentable industria de los litigios mediáticos
En los tres proyectos, en cuyo centro de gravedad está una nueva revisión del texto de la Carta fundamental, encontramos una notable y grave omisión, que ha dado pie a una subcultura en el ejercicio del litigio y de las controversias judiciales.
Por mandato de ley, en el periodo entre el conocimiento público, la indagatoria ministerial y la consignación de una causa, está establecido el principio de secrecía, para no entorpecer las investigaciones. En la instancia jurisdiccional, sólo los actores con interés jurídico, tienen el derecho de acceder a los expedientes del caso, según se trate.
No obstante esas restricciones y limitaciones legales, en años recientes, en algunos casos en legítimo ejercicio del Derecho a la Información; en otros por filias y fobias frente al poder político y los más por mero morbo, particularmente en los medios electrónicos ha aparecido la figura del litigio mediático, del que hacen uso y abuso abogados defensores sin escrúpulos profesionales: Ganar en los pisos de televisión y las cabinas de radio los pleitos que, de otra manera, no podrían ganar ni en las agencias ministeriales ni en los juzgados.
Las verdades históricas que se derrumban al primer soplo
Desde otro escenario todavía más odioso, se fabrican al vapor verdades históricas que, al paso de los meses, no logran pasar la prueba de credibilidad. Y sus perpetradores ni sudan ni se abochornan.
De lo que se trata, es de la construcción de opinión pública: Mientras fiscales y juzgadores deben ceñirse a una disciplina de discreción, por razones obvias, dichos profesionales de la defensa privados montan espectáculos mediáticos con un solo objetivo: Cargar de prejuicios el humor social, para “ganar” los conflictos judiciales en las pantallas antes, aún, de que pasen a una instancia jurisdiccional.
Peor aún: En la procuración y administración de la Justicia, aparecen funcionarios públicos que compiten en esa inmoral conducta con sus contrapartes, prejuzgando a presuntos justiciables, de lo que siguen lo que en el argot judicial se denomina faltas al debido proceso.
El recurso más socorrido de los litigantes particulares se da en los recursos de amparo. Antes de que algún juzgado de distrito reciba la solicitud respectiva, sus promotores ya están en las pantallas de televisión descreditando argumentos esgrimidos por la autoridad ministerial, con el propósito de dejarla acorralada, con independencia de si la razón asiste al acusador o al acusado.
La prisión preventiva oficiosa y sus indefensas víctimas
En la estadística penal oficial aparecen, por ejemplo, múltiples casos de prisión preventiva oficiosa contra personas cuya causa pasa años sin sentencia y, en un descuido, al correr de los lustros son sometidos a sentencias condenatorias o, si son absolutorias, las víctimas pagaron un castigo que no se merecían.
Lo sorprendente es que, en las iniciativas en materia de Justicia Penal comentadas -de las que derivaría una nueva cultura judicial– no aparezca ni por asomo la propuesta de regular la gestión de los abogados de defensa para quienes pueden pagarla y, en cambio la defensoría de oficio se vea limitada por la insuficiencia de personal y de recursos presupuestales y científicos, para atender las causas de los indigentes que en mala hora cayeron en manos de hordas judiciales y ni siquiera cuentan con la posibilidad de beneficiarse de los programas de reinserción social. Es un inamisible castigo a la pobreza. Es cuanto.