EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

Cuando, desde lo alto del poder político, se ha venido respondiendo a resultados de investigaciones sobre el monstruoso costo que la corrupción descarga sobre los mexicanos, que esta peste es un asunto cultural, parece pretenderse que el fenómeno  debe darse por institucionalizado y punto. De ello sigue la impunidad.

Algo revelador expresó el priista Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, al ponerse a debate la iniciativa de ley 3de3 (patrimonial, fiscal y conflicto de interés): Lo que se nos pretende imponer, es una cacería de brujas. ¿Quién, inocente, teme a este tipo de acciones profilácticas de la vida pública?

Adquiere su real sentido esa puesta a la defensiva por parte del legislador del PRI cuando, faltando sólo cuatro sesiones para que se cierre el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los senadores se resisten a nombrar al fiscal especializado en el combate a la corrupción, adscrito a la Procuraduría General de la República.

Vale retomar los antecedentes de ese tema:

1) El Sistema Nacional Anticorrupción fue un compromiso asumido por el priista jefe del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto;

2) El Congreso de la Unión, dominado por el PRI, procesó esa iniciativa como parte del paquete de reformas transformadoras que planchó el fáctico Pacto por México;

3) Recientemente, Peña Nieto, en el pleno del Consejo Político Nacional del PRI, tiró línea para que dichas reformas transformadoras sean la base de la plataforma tricolor en los procesos electorales de 2017-2018 que, pronosticó, “vamos a ganar”.

Lo que antes pudo y hoy no puede el Pacto por México

El fáctico Pacto por México fue operado en el Poder Legislativo federal básicamente por el PRI y su apéndice el Partido Verde Ecologista de México.

En el Senado, el priista Gamboa Patrón delegó la presidencia de la Comisión Anticorrupción al verde Pablo Escudero. Éste es actualmente el presidente de la directiva en turno de la Cámara alta.

Si han transcurrido cuatro años del mandato de Peña Nieto, si se han  expedido al menos siete leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué es lo que atora el nombramiento del Fiscal Especializado Anticorrupción de la PGR?

La dilación es doblemente inexplicable, habida cuenta de que el PRI apremió al Senado para que intercediera ante Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que ésta resolviera fast track recursos interpuestos contra  gobernadores tricolores perdedores el 5 de junio, que pretendieron blindar su retirada designando un fiscal estatal anticorrupción a modo. Y la consigna se cumplió.

Por material humano no se para: Desde hace meses hay por lo menos 30 aspirantes al encargo de Fiscal Anticorrupción. La mayoría acredita su idoneidad no sólo por su perfil profesional y su trayectoria, sino por sus atributos éticos.

No es, pues la falta de prospectos a la Fiscalía el pretexto para darle largas al nombramiento. La sospecha conduce a que, de lo que se trata, es de demorar la acción de la justicia contra la legión de corruptos que cada día crece y crece.

Esa sospecha se confirma ahora que se recurre a una nueva baza para distraer a la sociedad del tema capital: Si el nuevo procurador general de la República, Raúl Cervantes, es elegible o no para la Fiscalía General de la República, sea en automático o por otros condicionamientos.

Mientras tanto, el país es un inundado el océano de pus. Es cuanto.