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Tragedia humana y ruin oportunismo partidista

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

Siendo, como somos, usufructuarios de la Libertad de Expresión, pecaríamos de insolencia convertir ese derecho en ejercicio exclusivo de quienes practicamos el periodismo.

Eso no obsta, sin embargo, para recordar que el régimen de concesiones que la Constitución reserva como faculta del Estado mexicano, codifica en la categoría de bienes públicos, aquellos propiedad de la Nación.

Los títulos de concesión que el Estado otorga a quienes pueden pagarlos, previenen en términos generales, en el caso de los Medios de Comunicación electrónicos, que su función es contribuir al desarrollo educativo y cultural del pueblo mexicano, a la salud de la economía popular y a velar por la paz social, etcétera.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es el responsable de la observancia de esas contraprestaciones y lo hace con eficacia y respeto a la Libertad de Expresión y a la pluralidad, bajo el principio de imparcialidad.

No obstante, es evidente que algunos corporativos concesionarios no se ciñen a la normatividad.

Antes que investigar, retrasmitir temerarias acusaciones

El pasado lunes murieron en tragedia aérea la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y los miembros de la tribulación del helicóptero en que viajaban de la capital poblana a la Ciudad de México.

Sin disponer de información técnica, imprescindible en circunstancias de esa naturaleza, a bote pronto las redes sociales desencadenaron la histeria colectiva difundiendo una serie de especulaciones en las que se privilegiaron incomprobadas sospechas de un atentado político.

Es el modus operandi de esos medios “alternativos”. Lo reprobable es que un medio televisivo concesionado de alcance nacional -con despistados y confundidos enviados in situ– empezó a recoger y retrasmitir tendenciosamente esas escandalosas versiones sin respetar el más elemental principio ético-editorial.

Antes que acudir a las autoridades responsables del peritaje científico en ese tipo de sucesos, esa cadena empezó a buscar a actores políticos presa de prejuicios para hacerlos “opinar” sobre ese drama humano.

Por supuesto, se dio voz a alienados adversarios partidistas del nuevo gobierno federal quienes, sin más argumento que su fobia, plantearon temerarias e infundadas acusaciones contra un candidato a la gubernatura de Puebla, contra su partido, y contra el Presidente de la República mismo. Son los primeros, afirmaron, a “los que hay que investigar”.

Furiosa incitación al linchamiento público

No fue casual, por ello, que en solemne acto luctuoso en la capital poblana que congregó a la clase política local y representaciones nacionales, anónimos asistentes incitaran al linchamiento de la secretaria de Gobernación, quien acudió a expresar su solidaridad con la familia de las víctimas y con las autoridades estatales.

En el crispado escenario político nacional y en una entidad en la que no se serenan los ánimos poselectorales, donde, además, están violentamente activos agentes del crimen organizado, esa manera de operar la concesión de un bien público, es, por decir lo menos, irresponsable. Es cuanto.

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