El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
Los empedernidos recelosos solían exclamar: Ya ni en la paz de los sepulcros creo. Con tantas narcofosas y cementerios clandestinos de que está poblado el territorio nacional, razón no les falta ahora a esos escépticos.
Habemos, sin embargo, algunos “de modelo antiguo” que, ilusos, seguimos creyendo en la Constitución o en los girones que nos han dejado los “transformadores”.
Sobre la gestión de los bienes públicos
Los artículos 25, 27 y 28 de la Carta fundamental, por ejemplo, conservan en sus textos algunas prescripciones sobre el dominio de la Nación y la gestión del Estado de lo que técnicamente se definen como áreas estratégicas, sobre cuya administración se recarga el desarrollo nacional.
Entre esos sectores está la comunicación vía satélite (aunque se le reduce a la condición de prioritaria), que implica la propiedad nacional sobre el espectro electromagnético, hoy, para algunos efectos, emigrado a la operación digital.
El Estado, dice el artículo 28, ejercerá en esa actividad la rectoría para proteger la seguridad y la soberanía de la Nación. Al otorgar el Estado concesiones o permisos, establecerá su dominio en las respectivas vías de comunicación.
“Bienes públicos, se codifican aquellos recursos expuestos a concesiones o permisos a particulares.
Hablemos específicamente de las concesiones a empresas de medios electrónicos, para cuya gestión se exige el cumplimiento de requisitos constitucionales, de los ordenamientos reglamentarios y los que expresamente se señalan el los títulos de concesión.
Donde empieza la transgresión a la norma
Abordemos la cuestión desde dos ángulos: 1) En la revisión de las Cuentas Públicas, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados encuentra de manera recurrente la transgresión a la normatividad legal en la gestión de los citados títulos.
Se advierten en ese punto las sospechosas omisiones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, inscrita en las estructuras administrativas de la Secretaría de Gobernación.
2) En este punto empecemos por denunciar la tentación patrimonialista que mueve a los funcionarios públicos, en especial los que actúan desde el Poder Ejecutivo federal.
En materia de medios electrónicos, el gobierno –los tres Poderes de la Unión– dispone de canales o sistemas de radio, codificados como estatales u oficiales. En estricto rigor, pocos cuestionan ese derecho que permite la divulgación y defensa de las políticas públicas.
Aún más, las disposiciones jurídicas autorizan al Estado a ordenar enlaces en cadena nacional para difundir eventos o mensajes que se consideran excepcionales.
No obstante, de facto, con frecuencia se irrumpe en la programación de los medios concesionados para ponerlos a los servicios de la alta burocracia federal.
Las facultades que la Constitución reserva al INE
En otra vertiente, para efectos político-electorales, la Constitución reserva al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de administrar tiempo-aire del Estado, para regular la publicidad de la actividad ordinaria o de campaña de los partidos políticos o de sus candidatos.
Incluso, el propio INE tiene atribuciones para someter a veda la publicidad gubernamental en periodos de campaña electoral constitucional.
Lo dicho en los dos párrafos anteriores, parece lo ideal para acreditar la equidad en la competencia democrática. “Lo ideal”, subrayamos porque, en la práctica, aparecen los excesos y abusos que ni las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) logran frenar.
El gobierno del Estado de México y la gestión del Mexiquense
Trataremos de ilustrar esas observaciones con un caso concreto: El gobierno del Estado de México tiene licencia para explotar sus medios electrónicos.
El patrimonialismo que denunciamos antes se ha hecho visible en los últimos tres sexenios y lo que va del cuarto en aquella entidad, donde el gobierno ha sido detentado por parientes y compadres.
En 2011, en la perspectiva de la sucesión presidencial, un litigio cayó en la Primera Sala de la autoridad jurisdiccional, el TEPJF.
En la pasada campaña por la gubernatura, que culminó el 4 de junio, de nuevo menudearon las denuncias contra la intromisión gubernamental en las campañas en favor del PRI, específicamente con el uso electoral de los programas públicos.
Anoche seguimos la programación “informativa” del canal Mexiquense que, repetimos, está bajo control del gobierno del Estado.
En varias barras “noticiosas” se hizo profusión de los actos relacionados con el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Hasta ahí, todo bien.
Pero cercana la media noche, el conductor puso en pantalla una encuesta. Dio pie a esa consulta abierta al público, el registro de la precandidatura presidencial por Morena de Andrés Manuel López Obrador.
Obviamente, la intencionalidad de los programadores fue asociar la devoción a la Morenita del Tepeyac con el evento de Morena.
Oportunista, fue una de las opciones puestas a cuadro. Fue la que alcanzó el más alto porcentaje de las supuestas opiniones.
El propósito claro, fue acusar a ese precandidato presidencial de valerse de la fe y la religiosidad populares para acarrear agua a su molino electoral.
Lo hizo, facciosamente, un medio del gobierno del Estado de México que explota un bien público sujeto, teóricamente, al Derecho Constitucional.
Ochoa, Fox, Calderón, Margarita y hasta un ex presidente del IFE
No se puede hacer abstracción del hecho de que, en la Ciudad de México, el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, a esas mismas horas se exhibía en pantallas y cabinas de radio metropolitanas, arremetiendo contra Morena y López Obrador y contra la coalición Por México al frente y su precandidato presidencial Ricardo Anaya.
Si buscáramos la mano que mueve la cuna, encontrarla no entraña la menor dificultad: Ca-sual-men-te el mismo libreto se reprodujo todo el día de ayer en la generalidad de las cadenas nacionales de radio y televisión.
Todavía hoy por la mañana, la ofensiva continuaba: El ariete más socorrido fue el incurable enfermizo Vicente Fox. Le hicieron segunda el dipsómano Felipe Calderón y su esposa y precandidata presidencial independiente, Margarita de Calderón Hinojosa.
Para reforzar la “cruzada” contra las oposiciones se apeló incluso a un ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde Ramírez, ahora dedicado a la rentable industria de las encuestas y de la asesoría política.
Ese es el lodoso y nauseabundo escenario en el que arrancan las precampañas rumbo a Los Pinos. La guerra sucia surge en todo su macabro esplendor. Así se dan los resultados de la capacitación cívica que con tanto entusiasmo pregonan los árbitros electorales. Es cuanto.