VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George
En circunstancias normales precedentes se diría que, cuando en octubre el Instituto Nacional Electoral (INE) dé el banderazo de salida para las elecciones generales en México de 2018, se inicia la cuenta regresiva para partidos y candidatos.
Hoy no aplica esa figura retórica: La pugna por la Presidencia de México comenzó de facto desde el primer año de mandato de Enrique Peña Nieto. A estas alturas se nombra ya a más de veinte precandidatos presidenciales.
Lo electrizante de ese fenómeno político, es la apostilla que introducen en sus comentarios algunos politólogos tremendistas: Si hay elecciones en 2018…
Desde que creo estado la institución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los expertos en la materia empezaron a hablar de la judicialización de la política.
Por si misma, esa caracterización del conflicto político no afecta la imagen del régimen mexicano, pues la delegación de facultades en esos órganos de impugnación y sentencia, que operan como instancia jurisdiccional, refleja algún remanente de confianza en el entramado institucional.
El intríngulis radica en el abuso que, en materia electoral, han hecho partidos y candidatos de los recursos de queja, denuncia e impugnación para obtener en la mesa lo que los votantes no les dieron en las urnas.
El personal del INE y el TEPJF parece ya insuficiente para procesar y resolver oportuna y satisfactoriamente cada controversia. Lo confirmamos en las recientes elecciones del 4 de junio en sólo cuatro estados de la República.
La conflictividad electoral se potenciará y exacerbará en julio de 2018 en que a las elecciones generales federales (Presidente y Congreso de la Unión) concurren elecciones en 29 estados de la República con cambio de gobernador (9) y congresos estales (983 diputados), unos dos mil presidentes municipales.
En la Ciudad de México, jefe de Gobierno y 16 delegados, en tesitura de convertirse en alcaldes. Entra en vigor, también, la reelección de senadores y diputados federales.
Ponemos en imaginaria una elemental dificultad para el votante: Habrá para la elección presidencial nueve candidatos de los partidos nacionales y quién sabe cuántos independientes. En los estados, además de los nacionales, tienen registro unos 23 partidos locales que disputarán gubernaturas, diputaciones y alcaldías.
¿Qué diseñador hará el formato de las boletas electorales que satisfaga a todos los beligerantes y sea manejable al elector común? Ya en 2015 las boletas fueron modificadas por la protesta de algunos partidos.
Si por otros móviles socioeconómicos y políticos México está al borde de la ingobernabilidad, no pecamos de pesimismo si aseguramos que el 2018 electoral será de pronóstico reservado.