Voces del Periodista Diario

¡Al diablo con las instituciones!

Foto amplificada de don Abraham García IbarraEl lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

Hay proclamas que lo mismo sirven para un barrido, que para un fregado. Todo depende de quien las pronuncie originalmente, y de quien se les apropie y las ejecute después.

La proclama con la que encabezamos esta entrega, es de vieja data opositora. Quien la acuñó, sin  embargo, carecía de poder para ponerla a caballo. Hoy, quienes la denunciaron la ponen en práctica porque disponen de poder para hacerlo.

Ilustramos de entrada el tema con un hecho de suyo disolvente: El agarre que se están dando los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) contra los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ambas instituciones fueron creadas, con el carácter de autónomas, para hacer cumplir un añoso anhelo y derecho  de los mexicanos: La plena observancia y respeto al voto libre, secreto y directo para la formación de los poderes públicos.

No es la primera ocasión que el INE se rebela contra actos del TEPJF. Esta vez, sin embargo, el diferendo fue motivado por la decisión de los magistrados de hacerle al ajustador del siniestro electoral ocurrido en Coahuila el pasado 4 de julio, a fin de acomodarle las cuentas de los gastos de campaña al PRI, a fin de darle el gobierno de la entidad.

En espera del desenlace final de ese sainete, desde el seno del propio Estado se ha colocado una bomba de mecha corta a la incipiente organización de la sucesión presidencial de 2018, a cargo del INE.

El subprocurador de la PGR, Alberto Elías Beltrán, en funciones de encargado del despacho, por sus propias pistolas cesó al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, a riesgo de sospecha sobre los fines de esa determinación, habida cuenta que el ahora cesante investigaba hechos relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Aleatoriamente, Nieto Castillo había informado días antes de que, entre otros casos, investigaba en el Estado de México transgresiones a la ley, en las que estaría implicado el PRI.

Con independencia de los alegatos de Elías Beltrán, plausibles o no, para el cese de Santiago Nieto Castillo, es evidente que su acto unilateral mando al diablo al Senado de la República, órgano constitucionalmente facultado para la designación o remoción del titular investigador de delitos electorales.

En esos desencuentros, los beligerantes de llevan entre las espuelas la institución electoral, consagrada en la Constitución General de la Republica. Es cuanto.

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