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Conce$iones de agua: Piñata para los cuate$

Ambiente y desarrollo

Por  Juan José Agustín Reyes Rodríguez 

Esa información era un secreto a voces, sin embargo no se había dado a conocer formalmente, hasta que la organización FUNDAR, logró mediante la Ley de Transparencia, que el SAT publicara la información, aunque parcial, porque quedan pendientes de conocer nombres de personas y empresas que se ampararon para no hacer públicas sus canonjías obtenidas en los últimos tres años.

Se han descubierto formalmente, las corruptelas en la construcción de hospitales y los negocios con las estancias infantiles; el huachicoleo en Pemex, término que ya se institucionalizó para llamar así a todas las transas que se van encontrando; la venta de terrenos a precios irrisorios en las playas más hermosas; el otorgamiento de concesiones para minas de metales preciosos en todo el país, así como el fracking o fractura hidráulica para explotación de gas, sin consentimiento de los pueblos y comunidades; la construcción de un aeropuerto ecocida en el Lago de Texcoco, con todas sus implicaciones negativas en el ambiente, en la sociedad y la economía del país; la creación de parques eólicos en el sur sureste; el tren México–Toluca, afectando bosques de oyamel y manantiales; innumerables desarrollos inmobiliarios sin respeto a los ordenamientos ecológicos; el asesinato de líderes sociales que defienden el agua y su territorio contra el despojos que empresas, solapadas por los gobiernos federal, estatales y municipales; y así podríamos seguir rascando en cualquier ámbito y encontrar elementos de corrupción, auspiciados por Fox, Calderón y Peña Nieto, con sus funcionarios de primer nivel y sus operadores, por mencionar a los más recientes.

Quizá uno de los temas en donde ha habido más corrupción es el agua, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pero que actúa bajo sus propios lineamientos y decisiones, en beneficio de sus clientes favoritos y grandes empresas o usuarios.

Con el cambio de gobierno el 1 de julio de 2018, hubo cambio del titular de la CONAGUA, por una reconocida investigadora y académica, de la que se espera, todavía, que realmente logre redireccionar el rumbo de este organismo, VITAL para la nación.

Los instrumentos jurídicos que tiene la CONAGUA para regular el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, son fundamentalmente la Constitución, la Ley de Aguas Nacionales vigente, y dentro de estos ordenamientos las concesiones y las vedas que se otorgan o ejercen en aguas subterráneas y aguas superficiales.

Estos instrumentos los ha manejado CONAGUA a discreción, disfrazados de legalidad y con repercusiones importantes para la disponibilidad del agua.

La concepción que se ha tenido de todo el andamiaje legal, ha sido desde el punto de vista monetario y extractivista, sin considerar la visión, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, ejidos, comunidades y pobladores del país.

Se han otorgado concesiones en acuíferos vedados o sobreexplotados a empresas y personas con poder económico y político desde las altas esferas de gobierno, sin que se tomen en cuenta las necesidades actuales y futuras de la población.

En pocas palabras, estas acciones son una descarada PRIVATIZACIÓN DEL AGUA, que sin usar ese término, en los hechos eso es lo que se ha venido haciendo con las concesiones del agua, que pueden llegar hasta 50 años con posibilidad de renovarse.

El derecho humano de una población

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus Artículos 1; 2 apartado A fracción VI, apartado B fracción IX y apartado C; Artículo 4 párrafos cuarto y quinto; definen los derechos humanos, libre determinación de los pueblos a su forma de organización interna, y el derecho a un ambiente sano y al agua, como un derecho humano de toda la población.

Adicionalmente está el mandato internacional del que México forma parte, por lo tanto tiene obligación de cumplir como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que menciona el derecho de los pueblos, ejidos y comunidades a ser consultados y respetar su relación con su agua, sus tierras y su territorio.

La Ley de Agua Nacionales vigente, que debió haberse cambiado desde 2013, es decir un año después de haberse realizado reformas a la Constitución, particularmente al párrafo tercero y cuarto del Artículo 4 mencionado (8 febrero 2012), no ha sido modificada por las visiones e intereses distintos, inclusive opuestos en varios conceptos de la Ley.

Hay por lo menos cuatro grupos de interés que están promoviendo iniciativas para una nueva Ley de Aguas Nacionales o Ley General de Aguas Nacionales, de acuerdo a lo que ha señalado públicamente la organización ciudadana Agua Para Todos, Agua Para la Vida, a saber:

1.- Dentro la propia CONAGUA, con intereses de empresarios y para la producción agrícola, con su propuesta de Ley General de Aguas, con una visión empresarial y de mercado del agua.

Es un seguimiento de la Ley Korenfeld, favoreciendo a las mineras, las embotelladoras de agua, cerveceras, inmobiliarias, hoteleras y otras grandes empresas, representadas por sus organizaciones cupulares, como el Consejo Coordinador Empresarial, por conducto del CESPEDES, para mencionar un ejemplo. Propone concesiones a largo plazo hasta agotar existencias, permitir la compra venta de concesiones y las “reservas” reemplazarían a las vedas, permitiendo que la CONAGUA siga aumentando la “Disponibilidad” a petición de los usuarios. (Fuente: Agua Para Todos, Agua para la Vida).

2.- Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de diputados, con intereses en los usuarios de riego y empresarios dedicados a la exportación de productos de agricultura protegida e intensiva;

3.- Comisión de Medio Ambiente y participantes de otras comisiones de la Cámara de Diputados, con participación abierta de grupos ambientales y expertos en el tema;

4.- La organización Agua Para Todos, Agua Para la Vida, con su propuesta de Ley Ciudadana de Aguas Nacionales, propone planes para lograr acceso equitativo y sustentable, consensados por consejos de participación ciudadana-gubernamental, con reconocimiento de derechos humanos, de pueblos y de núcleos agrarios, fuera del sistema de concesiones; no autoriza la compra venta de concesiones, las cuales serían a corto plazo, fuertemente condicionadas y el que no cumpla, pierde el acceso al agua. (Fuente: Agua Para Todos, Agua para la Vida).

Esta lucha abierta entre las posiciones al considerar el agua como una mercancía sujeta al mercado, la cual ha prevalecido, contra considerar al agua un derecho humano, como lo señala la Constitución en su Artículo cuarto modificado desde el 2012, ha impedido que se logre una nueva ley, que tome ese principio como básico.

Los mismos pillos

Se ha denunciado en diferentes medios y por varias organizaciones que el personal de mandos directivos, quienes toman decisiones de trascendencia, son los mismos que han operado las concesiones, en función de los intereses de las grandes empresas y consumidores, dentro de la CONAGUA, quienes siguen haciendo lo mismo que en los gobiernos anteriores. ¿Será que la Directora General no los ha podido o querido cambiar? Es muy evidente que esos funcionarios están actuando en contra de la Cuarta Transformación, porque siguen otorgando concesiones en acuíferos vedados para todos los demás y en otros que están sobrexplotados y que se niegan a los pequeños agricultores.

Abogados especialistas en concesiones de agua señalan directamente que CONAGUA está traicionando al presidente López Obrador, quien clara y contundentemente señaló que no se autorizaría el fracking o fractura hidráulica y que cancelaría los 10 decretos emitidos por Peña Nieto el 8 de junio del 2018 donde levantaba la veda en las principales Cuencas Hidrológicas. En el primer caso, CONAGUA no ha modificado los lineamientos para la protección y conservación en la explotación de los hidrocarburos, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 2017. En el segundo caso, lejos de cancelarse esos decretos promulgados por Peña, la CONAGUA está preparando otros decretos más para que ocurra lo mismo en otras cuencas hidrológicas. Estos decretos levantan las vedas que había por décadas, de las cuales el 65 por ciento se pone a disposición del mercado de agua. Al cual ahora ya se puede acceder por internet, a través de “Conagua en línea” y dejando de “reserva ecológica” el 35 por ciento de la cual se debe considerar el uso urbano, la fabulosa cantidad de 100 litros por habitante en poblaciones indígenas, quienes han sido los guardianes del agua por siglos, el agua para para los municipios y para las funciones ecológicas de las cuencas. Vaya grandes reservas que no estarán a la venta.

Es repartir el agua con concesiones a las grandes corporaciones, empresas y políticos como si fuera una ¡gran piñata! Que el más gandalla tomará lo más que se pueda. Los títulos de concesión, como oferta de mercado, se basan en los artículos 21 y 24 de la Ley de Aguas Nacionales vigente y que no se han querido modificar, para seguir respondiendo a intereses económicos y políticos de grupos beneficiados.

El artículo 21 señala los requisitos que deben tener los solicitantes en cuanto a datos del solicitante, región, cuenca, acuífero en la que pretende obtener agua y sus características, volumen, descargas y otra información. Obligaciones fiscales, pago de contribuciones, servicios ambientales que correspondan.

El artículo 24 establece del término de la concesión que será de cinco a 30 años de acuerdo con la prelación de uso específico de que se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social, y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo.

También señala que en términos del artículo 22 de la misma ley podrá haber prorrogas hasta por igual término. “Para decidir sobre el otorgamiento de la prorroga se considerará la recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados”. Podríamos señalar más artículos o partes de ellos y hacer un análisis de lo que cada párrafo o texto esconden, a la hora de su interpretación, por ello hay tanta discusión.

A continuación hago una síntesis del trabajo elaborado por el sociólogo Ángel Martínez Mendoza de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua, formulado de acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua (RPDA) de la CONAGUA, de fecha 31 de mayo de 2019.

Del 31 de agosto de 2018, al 28 de febrero de 2019, se otorgaron se otorgaron 4,077 concesiones. Del 28 de febrero de 2019, al 31 de mayo de 2019, con la nueva administración, se otorgaron 37,693 o sea nueve veces más que en el periodo anterior. Y ahora con el sistema de concesión en línea, el proceso de otorgamiento de concesiones, que se inició en abril de este año, está acelerándose de manera exponencial, con las que se está garantizando el control privado del agua, seguramente previendo que habrá restricciones, cuando salga la nueva ley del agua, ¡si acaso llega a salir!

Principales ganadores de la piñata

Haciendo un recuento de las principales concesiones (misma fuente, Sociólogo Martínez Mendoza), a las grandes empresas se encuentran las desarrolladoras, constructoras, de bienes raíces e inmobiliarias tienen 2,214 concesiones de agua; granjas avícolas, porcinas y ganaderas, nacionales y trasnacionales, 2,015 títulos de concesión; embotelladoras de agua transnacionales, 314 concesiones; refresqueras transnacionales norteamericanas 312 concesiones; 83 títulos los tienen empresas transnacionales más 32 títulos de proveedoras de insumos a estas empresas; Empresas lecheras y sus derivados 198 concesiones.

Es importante destacar las incongruencias que existen en las concesiones mineras extranjeras y nacionales. Ya que la CONAGUA solamente registra 468 títulos de concesión a empresas de Canadá, Estados Unidos, China y Japón, así como a las mexicanas Grupo México, Carso y Otros. Sin embargo, la Secretaría de Economía, durante los dos sexenios panistas (2000 a 2012), otorgó 26,000 títulos de concesión minera, más los 6,000 del PRI, suman 32,000 concesiones mineras contra 468 concesiones de agua, hay una gran diferencia, cuando estas mineras son contaminantes del agua, ríos y acuíferos, así como arrasan bosques y comunidades originarias o no. Esto es materia de una profunda investigación legal y social. Siguiendo con otras concesiones las tequileras tienen 90 títulos, mezcaleras siete, vineras 74, y otras destiladoras 40, para un total de 213 concesiones; clubes campestres 75, deportivos 68 clubes de futbol tres, campos de golf 62 para un total de 208 concesiones.

La CONAGUA tiene registradas 62 concesiones para campos de golf y en realidad hay 220 campos. Las industrias textiles tienen 189 concesiones; la industria azucarera y productores de caña de azúcar 185 concesiones; 181 las empresas cementeras; empresas farmacéuticas transnacionales y nacionales tienen 133 concesiones; 106 concesiones otorgadas a empresas papeleras y cartoneras, de las cuales 92 son extranjeras; 71 concesiones a invernaderos y viveros; 26 concesiones a empresas petroleras norteamericanas y 21 a otras; así como innumerables concesiones para parques industriales, industria automotriz, gaseras, supermercados, empresas públicas, empresas privadas hidroeléctricas y eólicas, instalaciones militares. Otras concesiones que están en la obscuridad son las otorgadas a la industria del fracking o fractura hidráulica, para la extracción del gas shale, que la Secretaría de Energía ha otorgado 924 permisos y la ¡CONAGUA NO TIENE REGISTROS!

Temas controversiales

Sin duda el tema del agua, como el maíz, la mariguana, el petróleo, las playas, y otros que están en la palestra actualmente, seguirán siendo temas controversiales, porque por un lado está el interés nacional de los habitantes y por el otro los intereses económicos y políticos de los empresarios que han tenido beneficios y canonjías por décadas y que no están dispuestos a perderlos.

Como una medida precautoria, numerosas organizaciones están demandando al presidente López Obrador, que en el caso del agua, deben despedir e investigar a los funcionarios de CONAGUA, entre los que se encuentran Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de administración del agua; Víctor Alcocer Yamanaka, subdirector general técnico de la Conagua y el responsable del área del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) que habiendo estado en el pandero en los gobiernos anteriores, siguen manipulando y otorgando las concesiones en un mercado del agua que parece una piñata.

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