El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
De acuerdo con los usos y costumbres que dan soporte al Culto a la personalidad en México, los gobernadores de los estados -sin distinción de factura partidista- estuvieron muy aplaudidores el pasado 2 de septiembre en el montaje de Palacio Nacional.
Poco importó que Enrique Peña Nieto reconociera que la inseguridad, generalizada en todas las entidades de la República, sigue siendo una de las amenazas a la sociedad, o que abordara el tema de la corrupción y afirmara que sus responsables están siendo investigados y procesados, sin importar su filiación partidista ni la posición que haya ocupado. Obviamente, en la lista están principalmente varios ex gobernadores.
Existe en el macizo de los contenidos documentales del quinto informe de Gobierno de Peña Nieto un dato que debiera alarmar a los alegres socios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Pero no es así. Los mandatarios estatales buscaron ansiosamente los reflectores que alumbraban preferentemente a los presidenciables.
En manos particulares, el dominio sobre 22.1 millones de hectáreas
En los anexos de ese paquete, que condensan sobre todo indicadores estadísticos, aparece aquél que revela que el Estado mexicano ha puesto en entredicho, para todo efecto práctico, su soberanía sobre 22 millones 100 mil hectáreas del territorio nacional.
Para efectos prácticos, acotamos, porque, al estar esa esa enorme superficie sujeta a los términos de las concesiones que otorga el Estado, los titulares de las mismas ejercen derechos de dominio para su explotación y usufructo.
Dicha superficie, que equivale al 11.3 por ciento del territorio de la República, está amparada por 25 mil 716 títulos a favor de particulares que, como personas físicas o personas morales, representan los intereses privados de las compañías mineras, en su mayoría de metrópolis extranjeras.
Sin entrar por ahora a las recientes licitaciones en favor de trasnacionales de la energía, sobre todo del petróleo, vale hacer dos observaciones: 1) las concesionarias mineras gozan de un régimen fiscal o contractual que las exime prácticamente de impuestos y del cumplimiento de contraprestaciones a los propietarios o posesionarios de esos terrenos, y
2) las concesionarias mineras practican la explotación de sus fundos a cielo abierto, que provoca graves impactos al medio ambiente, afectado además por descargas de sustancias tóxicas que dañan a personas y la actividad agropecuaria.
No se requiere tener conocimientos de agrimensor para saber que la minería extractiva opera sobre grandes extensiones rurales en los estados de la República.
Los gobernadores nadan de muertito
En las zonas de explotación minera hay un creciente registro de conflictos sociales que tienen como protagonistas a núcleos ejidales o comunidades indígenas cuyos derechos, aun los de consulta previa para su ocupación y explotación, son conculcados por las empresas concesionarias, según consta en litigios sentenciados por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con la doctrina constitucional, los estados son titulares de su “libertad y soberanía” y si bien son parte del pacto federal, las constituciones estatales imponen al jefe del Ejecutivo velar por los intereses de sus habitantes.
Es cierto que las concesiones para la explotación de los recursos del suelo y el subsuelo son facultad reservada a la Federación, pero este régimen no exenta a los gobernadores de su responsabilidad de exigir la observancia de un federalismo que no altere el equilibrio entre la administración central y las subsidiarias de los estados.
Entre la liberalidad con la que el gobierno federal emite a granel concesiones de toda índole y el criminal abuso que de ellas hacen sus titulares, los gobernadores han optado por la ley del menor esfuerzo, dejando a las poblaciones expoliadas rascarse con sus propias uñas frente al poder del dinero y de los criterios de los tribunales judiciales.
Por eso resulta inadmisible y a la vez irritante ver a los socios de la Conago haciendo genuflexiones a los pies del Presidente en turno, sin hacerse cargo de la adversa situación socioeconómica que padecen sus gobernados. Es cuanto.