Voces del Periodista Diario

Necesario, un tribunal que juzgue los crímenes corporativos

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de julio de 2017.- Las corporaciones trasnacionales saquean a México porque los legisladores mexicanos lo permiten, con leyes hechas para ello, expuso la periodista Celeste Sáenz de Miera. Ejemplo de ello, agregó, está la autorización para que los dueños de las minas extraigan grandes cantidades de oro, sin reportar un beneficio mínimo al país.

La conductora de Voces del Periodista señaló que algo similar ocurre con la administración de los ahorros de los trabajadores mexicanos.

Dr. Juan Ramón Jiménez. Foto de Voces del PeriodistaEl economista Juan Ramón Jiménez, profesor de la UNAM, por su parte, expuso que el sistema de pensiones se privatizó a raíz de la crisis de pagos de 1994, que inició con el “error de diciembre”. El sistema bancario “estaba derruido”, dijo, y se quiso aplicar en México lo que se experimentaba en Chile: privtizar los ahorros de los trabajadores.

El país, dijo, tuvo un hueco enorme; en 15 días, a finales de 1994, hizo que salieran del país 100 mil millones de dólares.

Recordó que Washington prestó 50 mil millones de dólares, a cambio de la privatización del sistema bancario y de la entrega de la factura petrolera de Petróleos Mexicanos. De manera adicional. el entonces mandatario estadounidense, Bill Clinton, obligó al mandatario mexicano de la época, Ernesto Zedillo, a entregar el poder en el año 2000, al panista Vicente Fox.

Explicó que las afores y los bancos quedaron, entonces, como beneficiarios de este esquema de corrupción, que también alcanzó a las constructoras, que se “apalancaron” desde 2013 con los ahorros de los trabajadores mexicanos.

En el 2003, en tiempos de Vicente Fox, se permitió que las afores invirtieran en Nueva York y Chicago. En 2008, ocurrió un gran fraude en Estados Unidos, cometido por Bernnie Madoff. Pero el 20 por ciento de los ahorros de los trabajadores fue parte de ese fraude, porque el gobierno mexicano había dado autorización para que se llevara allá.

Todo esto, concluyó Juan Ramón Jiménez, amerita que se instale un Tribunal Social que conozca y dé su veredicto sobre los crímenes corporativos.

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