He aquí la obra del salinismo transexenal

El Lecho de Procusto

Por Abraham Garcia Ibarra

Pasado el periodo de La familia feliz, según se identificó coloquialmente al equipo de gobierno de Miguel de la Madrid, tocó el turno al Grupo compacto, la marca de Los Pinos durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari.

Sexenio publicitado como el de las reformas estructurales el de 1988-1994, la misión del salto a la posmodernidad se confió a La generación del cambio.

Ya para mediados del sexenio de Salinas de Gortari, miembros de su gabinete presidencial pregonaban su influencia por lo menos en los próximos 25 años, seguramente considerando la maduración e irreversibilidad del proyecto neoliberal.

Primera mojonera: La desnacionalización de la banca

La operación más espectacular se acometió en 1990 con la desnacionalización del sistema de banca y crédito, que le fracturó la vértebra económica al Estado mexicano.

A seis meses de concluir su sexenio, Enrique Peña Nieto es acusado por sus detractores de privatizar el agua.

En la reciente década, instituciones multinacionales y organizaciones civiles mexicanas han catalogado el agua como un derecho humano. Los defensores del agua en México, activos en las zonas rurales, le han dado un rango mayor: El derecho a la vida.

Advertencia pública sobre los riesgos del cólera

En 2016, la Secretaría de Salud presentó un estudio de alerta sobre origen y riesgos del cólera, causado por la bacteria Vitrio chrelerae. En su aviso de prevención, la SSA señala dos riesgos detonantes de ese mal: Ingestión y contaminación del agua. En el segundo cado, de aguas superficiales.

Por razones de orden periodístico, hacia principios  de los noventa tuvimos actividades en el estado Oaxaca. En 1991 se reportaron brotes de cólera entre algunas comunidades indígenas de ese ese estado.

La especie que sentó plazo, fue la sospecha de que el agua de ríos y arroyos oaxaqueños había sido contaminada deliberadamente para desencadenar la epidemia.

Con independencia de la veracidad de esa versión, que sembró la alarma pública, lo cierto es que desde aquella década empezó el auge del mercado de aguas embotelladas.

Tiempo después,  tuvimos acceso a estudios realizados en los laboratorios de la SSA. El resultado, después del análisis de una selección del contenido líquido, fue que la mayoría de agua examinada presentó un alto grado de contaminación, a causa de que muchas empresas embotelladoras la tomaban directamente de los grifos, sin pasarla por un proceso de potabilización.

En el estudio de la SSA citado, divulgado en 2016, se reportaba que particularmente en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y el Distrito Federal, se estaban detectando brotes de cólera, si bien reacciones preventivas y curativas habían impedido que esos brotes alcanzaran la categoría de epidemia.

La mayoría de las etiquetas ya estaban identificadas como franquicia de corporativos extranjeros.

Al principio fue la apropiación inconstitucional del agua

A lo largo de tres décadas, diversas formas de apropiación del agua se han dado particularmente en las cuencas con poblaciones indígenas. De entrada, la primera institución pública acusada de despojo inconstitucional ha sido la Comisión Federal de Electricidad, con proyectos de hidroeléctricas, obviamente para la producción del fluido, cuya finalidad fue favorecer prioritariamente el uso industrial, en detrimento del consumo humano.

Subyacen movimientos de resistencia popular en diversos estados de la Republica, principalmente en Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, etcétera. En la Ciudad de México, en al menos cinco delegaciones están activos diversos movimientos por la escasez del suministro.

De cómo se implantó y desarrolló “la industria de la muerte”

Desde Ernesto Zedillo hasta Felipe Calderón, el problema se potenció por concesiones a granel del dominio del agua para la industria extractiva, tipificada por sus victimas como la industria de la muerte.

Especialmente en el norte de Sonora, la tipificación es justificada en el caso del Grupo México, propiedad de uno de los 16 mexicanos más ricos del mundo: German Larrea Mota-Velasco.

En la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, con factura de la Comisión Nacional del Agua, el Senado recibió la iniciativa de una nueva Ley Nacional del Agua.

En la Cámara alta y, después de recibida la minuta en la Cámara de Diputados, la iniciativa fue denunciada como un proyecto privatizador. Cobró estado en el frente de defensa del agua como derecho a la vida.

A principios de junio, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, por la vía de la discrecionalidad administrativa, el Presidente publicó una serie de acuerdos en el Diario Oficial de la Federación para eliminar la veda en 300 cuencas mexicanas.

Todo para la industria minera, el fracking y hasta la inmobiliaria

La coartada de esa operación está rubricada como formación de una reserva hídrica para uso ambiental. Aquí damos con un contrasentido: Si la veda fue dictada para ese fin, ¿para qué cancelarla?

Según conclusión preliminar de expertos mexicanos, el fin último de aquellos acuerdos es garantizar a empresas privadas nacionales y extranjeras la disposición de los recursos hídricos para las industrias minera, operadoras del fracking para la extracción de hidrocarburos, cerveceras, refresqueras, inmobiliaria, etcétera.

Se pretendería entonces cerrar el arco trazado desde la desnacionalización de la banca, pasando por la contrarreforma agraria y la contrarreforma petrolera, hasta llegar a la reprivatización del agua, elevada de origen a rango constitucional de propiedad de la nación y catalogada ahora como un derecho humano.

Se cumplen así los objetivos y fines del salinismo transexenal, después del periodo de 25 años anunciado desde los años noventa. Es cuanto.

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