Los trillados caminos de la corrupción

VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George

Los trillados caminos de la corrupción </span></p> VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George

Del pillaje que a escala industrial perpetró en Veracruz Javier Duarte de Ochoa, se empezó a tener conocimiento al menos desde la mitad de su sexenio. Hoy no se tiene noticia de su paradero.

Lo mismo ocurrió en los casos de Chihuahua, con César Duarte Jáquez, y  Quintana Roo, con Roberto Borge Angulo. Ahora ha empezado a destaparse la cloaca de Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca. Más los que se acumulen esta semana.

Después de las elecciones de junio de 2016, con resultados trepidantes para el PRI, en julio el presidente Enrique Peña Nieto estuvo en el centro de un espectacular montaje en el que promulgó el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

A ese paquete le faltó un actor principal: El Fiscal Anticorrupción. En ese momento se planeaba habilitar al procurador General de la República con esa doble función. Abortó esa maniobra y se programó para el 10 de abril de 2017 el nombramiento de ese funcionario.

Al mejor estilo de operación del Congreso de la Unión, en este caso del Senado, se ha pasado nuevamente por el arco del triunfo sus propios compromisos y aplazó hasta julio, nuevamente después de las elecciones de este año, la designación de tal fiscal.

¿Tendrá tiempo dicho fiscal de atender las recientes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública de 2015 del actual gobierno, algunas de las cuales son materia de denuncias ante la PGR, o su revisión quedará sujeta al principio de no retroactividad, toda vez que las leyes anticorrupción se promulgaron hasta julio de 2016? Todo puede suceder en este país.

La nueva fachada: Asociaciones Publico-Privadas

El asunto viene a tema porque existe un punto en eso de la corrupción que tiene que ver, otra vez, con los gobernadores y los alcaldes.

Algunos analistas financieros están poniendo el acento de sus preocupaciones en la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP) con las que los estados y el propio gobierno federal encuentran la forma de diferir el pago de obras y servicios financiados y administrados a la vez por contratistas privados.

Casualmente, bajo la figura de las APP están documentados en el gasto gubernamental del año señalado algo más de 36 mil millones de pesos. En términos contables, dichos recursos se remiten al casillero de “pasivos contingentes”.

Desde el sector privado, para prevenir los turbios manejos de los gobernadores, se propone legislar una Ley para controlar el gasto federalizado. La ASF propone una nueva metodología para hacer más eficaz la fiscalización de las APP.

Los focos de alarma obligan a atender el concepto de “pasivos contingentes”. No es para menos. Hasta los últimos meses del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa) los pasivos acumulados se catalogaron como “deuda contingente”.

Al transformarse -con Zedillo-  el Fobaproa en Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), la podrida panza del viejo ente se vació en la nueva tesorería en la que la Cámara de Diputados  le engomó la etiqueta de deuda pública; esto es, con cargo a los contribuyentes. Hasta 2016, los pasivos del IPAB iban derecho a acumular el billón de pesos de déficit.

Son tales métodos de corrupción los que teóricamente debería desterrar el Fiscal anticorrupción de la PGR. Pero no hay aún fiscal anticorrupción. Por una sencilla razón: No hay tampoco voluntad política.


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