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El Estado como agente de racionalidad y de equilibrio

El Estado como agente de racionalidad y de equilibrio

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

Todavía se conocía el 1 de septiembre como El Día del Presidente, una plástica alegoría que condensaba el poder metaconstitucional de los mandatarios mexicanos, según definición del doctor Jorge Carpizo.

Habían transcurrido once meses de lo que se conoce como La Matanza de Tlatelolco, que tuvo como escenario la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México.

La Sesión General del Congreso de la Unión era dominada por la mayoría legislativa del PRI, algunos de cuyos miembros trataron de justificar la brutal y sanguinaria represión del 2 de octubre de 1968.

No se inventaba aún la coartada de “la percepción pública”. Percepción: “Impresión material hecha por nuestros sentidos por alguna acción exterior”.

La Asamblea estaba expectante. Se puso de pie, desconcertada, esperando una señal del legislador “líder de la mayoría”, también súpito.

Es que el Presidente Gustavo Díaz Ordaz respiró profundo y con su voz de trueno, mirando directo a la audiencia, exclamó: ¡Asumo toda la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica!

Por supuesto, se refería a los trágicos sucesos del año anterior.

No existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Contra los complacientes reportes policiales (después se conocerían públicamente expedientes y testimonios militares), y contra el silencio de los medios electrónicos y la mayoría de los impresos nacionales, al momento se divulgaron, sobre todo en el extranjero, reportajes de los que derivaron ensayos histórico-periodísticos sobre el tema.

Aquí, la obra más documentada y consultada hasta la fecha, sobre aquellos dolorosos e indignantes acontecimientos, es la de Elena Poniatowska.

Para bien o para mal, aquella oración de Díaz Ordaz se inscribe en el lenguaje del estadista.

Primera versión de La Guerra Sucia.

De aquella década data lo que en la jerga política se denomina La guerra sucia. El ex presidente Luis Echeverría fue indiciado por imputaciones de responsabilidad en ese periodo.

Veinte años después (1993) se inició lo que, también en el código de comunicación política, se tipifican como “crímenes de Estado”. (Cardenal Posadas, Colosio, Ruiz Massieu, etcétera).

En la memoria política de Ernesto Zedillo Ponce de León han quedado tatuadas las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, y de Acteal, Chiapas; por esta última causa, denunciado ante cortes judiciales de los Estados Unidos.

Calderón y los daños colaterales

Sin disminuir por sinrazones cuantitativas el número de víctimas del 2 de octubre de 1968 -a fin de cuentas se trata de vidas humanas-, durante el sexenio Felipe Calderón las victimas de su guerra contra el crimen organizado se elevaron al cubo.

Al referirse a inocentes víctimas civiles de ese desigual y demencial combate, Calderón abrió un casillero con la etiqueta: Daños colaterales. Sólo guarismos.

El michoacano nunca ha asumido su responsabilidad de estadista por esa felonía. Por lo contrario, todavía en estos días, pretendiendo de defender su mandato, emplea voces trianguladas tratando de comparar las estadísticas mortales de lo que va del actual sexenio, con las  del suyo, y casi dice que le siguen debiendo la exoneración.

Contra Calderón, sin embargo, se han levantado voces que le atribuyen la paternidad de una segunda edición de La Guerra Sucia. Esto es así porque, con independencia del monstruoso saldo de vidas perdidas en la lucha contra el narco, hizo suya la coartada del terrorismo para criminalizar los movimientos sociales y exponer a  penalización carcelaria a los activistas.

No se pasa por alto que en la Corte Penal Internacional (CPI) existe una iniciativa firmada por más de 20 mil mexicanos para que se analice y dirima si Calderón incurrió en Crímenes de Lesa Humanidad en la modalidad de genocidio, entre otras.

La tentación de la Última ratio

Hoy existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). No es instancia de acusación y mucho menos de sentencia. Su gestión se limita a indagar científica y jurídicamente hechos y a emitir recomendaciones para reparar entuertos.

No obstante, sus funcionarios está sometidos a la insidia mediática que llega incluso a imputarles conspiración contra el Estado mexicano. Francamente, no se vale.

El punto es que, aun con el “monopolio legitimo” de la violencia de su lado, tantas veces invocado en los últimos tiempos,  el Estado es tutelar de la integridad física y patrimonial del conglomerado social y de sus individuos.

El Estado tiene la responsabilidad indeclinable e indivisible de conducir racionalmente la lucha de los contrarios. Caer en la tentación de la última ratio (el recurso extremo) para dirimir el conflicto no es, como diría el clásico, “un crimen: Es una imbecilidad”.

Mañana es 1 de septiembre. Los mexicanos esperan las buenas noticias, tan esquivas en estos días.

Redacción Voces del Periodista

Redacción Voces del Periodista


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