Ojo Público
Norberto Hernández Montiel

El Poder Judicial se halla en una situación cada vez más cuestionable, debido a varios factores, entre los que destacan su dudosa forma de administrar justicia y una legislación llena de incongruencias, en la cual hay abiertas asimetrías con los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo; la principal de éstas es que, teniendo una función de vital importancia, no está sujeto a elección popular.

Lo anterior sin contar con la aberrante contradicción que lleva a su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a comportarse como juez y parte en asuntos cardinales para la vida pública de nuestro país, dado que la ministra Norma Piña, quien funge como presidente de la SCJN, ostenta simultáneamente el mismo cargo en el Consejo de la Judicatura Federal.

Si a ello le sumamos la abierta violación a las fracciones I y II del artículo 127 de nuestra Constitución, los cuestionamientos anteriores adquieren proporciones que no dejan lugar a duda respecto a la imperiosa necesidad de emprender una profunda reforma a los ordenamientos que regulan a la SCJN.

Leamos las fracciones mencionadas: “I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

“II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

La formalización de la reforma a ambas fracciones se concretó el 24 de agosto de 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no en el actual, según consta en el Diario Oficial de la Federación. De entonces data la evidente violación de los ministros de la SCJN al ordenamiento constitucional.

Por si hiciera falta añadir más elementos, el Poder Judicial se maneja con opacidad económica, prepotencia y sin rendir cuentas de sus muchas veces dudosos procedimientos, para los cuales el único argumento que esgrime es su “independencia” hacia el Legislativo y el Ejecutivo. Inclusive en el caso del Congreso, la SCJN ha pisoteado su autonomía y se atrevió a legislar, cuando echó abajo 20 leyes aprobadas por la mayoría del Congreso, como atestiguamos en mayo pasado.Entre aquellos ordenamientos se hallaban la legislación en materia de minería, ciencia y tecnología (que no desaparece al Consejo Nacional de Ciencia Tecnología, Conacyt, como aseguraba la oposición), y la que fortalecía las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional para proteger nuestro espacio aéreo. La SCJN exige respeto a su “independencia”, cuando hace trizas la del Congreso, que es otro poder autónomo.

En ese contexto resultó por demás curiosa la marcha en la que participaron dirigentes e integrantes de partidos de oposición, simpatizantes del INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama… ¡Ah! También empleados de la SCJN, para tratar de evitar la extinción de 13 de 14 fideicomisos multimillonarios, en el Presupuesto de Egresos que aprobará el Congreso de la Unión.

Además, se hace cada vez más irrebatible que el Poder Judicial, en su afán de mostrarse supuestamente independiente, evidencia su cercanía con grupos de poder económico y los partidos de derecha. Los empleados que participaron en la marcha defendieron fideicomisos que realmente les son ajenos, a excepción del que el Congreso dejó sin tocar, porque está relacionado con los derechos de los trabajadores.
Inclusive, el diputado Ignacio Mier Velazco, de Morena, explicó que la propuesta de su partido es incrementar el fideicomiso que se mantendrá, en favor de los trabajadores del Poder Judicial, de 69 a 260 millones de pesos, que se destinarían a la atención de necesidades médicas que les generen gastos extraordinarios.

Tan ajenos son para los intereses económicos del personal de la SCJN los fideicomisos, que las redes sociales difundieron entrevistas en las cuales varios de los manifestantes exhibieron su incapacidad para explicar por qué les afectaba a ellos la extinción de esos instrumentos.

Durante una conferencia de prensa, en el Senado de la República, un grupo de sindicalizados del Poder Judicial se exaltó ante las preguntas de una reportera, quien después de precisar que los fideicomisos se integraron con recursos que le sobraron a la SCJN de su ejercicio presupuestal, indicó que únicamente se benefician 602 empleados, de confianza, de los 14 mil que laboran en ese poder.

Cuando se les preguntó sobre los 200 millones de pesos anuales de que disponen algunos de los funcionarios (no se precisó si se trataba de ministros o éstos y mandos superiores), respondieron que esto se debía a los dilatados horarios de trabajo de magistrados y jueces, por lo cual tienen comedores “exclusivamente para ellos”.

Se puede abundar más, pero vayamos al escenario hipotético de que la oposición, como ya lo ha hecho, presente una controversia constitucional para evitar la extinción de los fideicomisos. ¿Ante qué instancia la presentará? ¡Sería ante la SCJN, que se convertiría en juez y parte! Esto parece no importarle ni a la oposición ni a la SCJN.

Vayamos a la principal asimetría entre los poderes de la Unión: Es necesario que los mexicanos tengamos derecho a elegir a jueces, magistrados y todo el aparato judicial, del mismo modo que lo hacemos con los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que además exista, en estos casos, con mayor razón que para el presidente de la República, la consulta para revocación del mandato, porque tienen la gran responsabilidad de impartir justicia con equidad, y de no hacerlo deben dejar el cargo.

Finalmente, es imperioso que se legisle para que la Presidencia de la SCJN y la del Consejo de la Judicatura las ocupen personas distintas, porque es una aberración que la ministra Norma Piña ostente los dos cargos