Dentro de la propuesta de la reforma judicial hay un punto que tiene ganado el consenso, prácticamente de todas las corrientes políticas.
Están de acuerdo con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que vendrá a sustituir lo que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que ha incumplido su principal objetivo.
Ha sido juez y parte a la hora de evaluar el trabajo de quienes se supone están dedicados a la impartición de justicia.
No existe alguna sanción emblemática de parte de dicho órgano. Nada que se le parezca.
Cuando en el poder legislativo se tocó por primera vez el tema de separar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, la mayoría de las voces coincidieron en que era necesario.
Inexplicablemente se dejó pendiente el punto, quizás con la idea de que el propio poder judicial se auto depurara, empezará a limpiar vicios que le han dejado descrédito.
La autocrítica no es lo suyo, como si los juzgadores fueran criaturas puras o vivieran en una nube, distanciados del pueblo. Seres perfectos que no se equivocan y mucho menos incurren en irregularidades.
¿Recuerdan que el CJF haya aplicado alguna sanción ejemplar? ¿Algún correctivo que haya llevado a muchos juzgadores a la reflexión para evitar en lo sucesivo cometer faltas?
¿Cuándo se ha sancionado a un ministro o ministra de la Corte? ¿Será que son sobrehumanos y no cometen errores?
¿Quién vigila lo que hace la Corte?
¿Si se equivocan, corrigen?
Las preguntas se quedan sin respuestas.
En sus participaciones en los Diálogos Nacionales, por ahí deberían empezar, nadie mejor que ellos y ellas saben de lo que adolece la institución, nada más que prefieren ocuparse en repeler lo que dan por hecho terminaría con sus prestaciones suntuosas y controvertibles.
Tener acceso a un ministro o ministra, en la mayoría de los casos, no es derecho de mortales comunes. Es una ofensa que pregonen que están abiertos a escuchar y mantengan la puerta cerrada.
Situación y trato diferente para potentados que también acuden a la Corte por justicia o para que se les proteja, cuando sus intereses económicos se ven afectados en materia fiscal o en otros procesos en los que se llegan a ver involucrados, por conflictos laborales o patrimoniales.
¿Qué tal cuando el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca se niega a escuchar a gente que puede verse afectada por sus proyectos de resolución, al fin que nadie lo va a reprender?
¿Y qué sucede cuando se equivocan y emiten resolución por encima de una sentencia de inocencia irrevocable y que ha causado ejecutoria?
También quedó para historia el episodio que hizo público Alejandro Armenta Mier cuando se desempeñaba como presidente de la mesa directiva del Senado y recibió mensajes vía WhatsApp de la ministra presidenta Norma Piña. El legislador los consideró intimidatorios y amenazantes.
En un principio era difícil dar por hecho que los mensajes fueran de ella. Pesaba más la versión de que habían hackeado su teléfono. Terminó por reconocer que sí eran suyos, aunque no con la intención señalada por el senador.
Definitivamente no era el método más sano para la comunicación entre representantes de dos poderes distintos.
Por eso y más, hay consenso en crear el tribunal de disciplina.
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