a diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) propuso elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a gozar de una pensión económica, a fin de garantizar una vejez digna y decorosa.
La legisladora priista planteó reformar el artículo cuarto de la Constitución, con la finalidad de establecer las modalidades y apoyos para el acceso a estos derechos.
Además de que el Estado implemente políticas públicas para la integración y participación de los adultos mayores en la vida activa y comunitaria.
“Es importante promover una cultura de envejecimiento digno y de calidad en nuestro país, porque de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años; y para el 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es importante diseñar política públicas con este enfoque”, expresó.
Destacó que con esta reforma los adultos mayores podrían gozar de una pensión económica por vejez, así como del acceso para su adecuada movilidad en espacios y transportes públicos.
Comentó que este sector es uno de los más vulnerables de la población, “porque no cuentan con una retribución económica que les permita satisfacer sus necesidades básicas, además de los constantes impedimentos arquitectónicos de movilidad en espacios públicos y transportes, lo que dificulta que se integren y participen en la vida económica y social”.
Por ello insistió que se deben garantizar las ayudas pensionarias a este grupo, para que tengan un desarrollo pleno, porque de lo contario se les estaría condenando a la marginación.
Su iniciativa señala que de acuerdo al Censo de Población 2010, la población mexicana de 60 años y más, asciende a 10 millones 55 mil 379 personas, es decir el 9.06 por ciento de la población total del país, y se tienen que empezar a garantizar sus derechos porque la población de adultos mayores va en aumento.
Irazema González Martínez concluyó que “la presencia de estos derechos en el máximo ordenamiento de la nación, los hace operativos, de aplicación directa, pero sobre todo vinculantes con los poderes públicos y con las necesidades de los adultos mayores”.