Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
Existen situaciones socioeconómicas problemáticas de larga data en México, para las que no sería necesaria una pandemia sanitaria para hacerlas visibles. Sin embargo, así ha ocurrido durante cuatro décadas en que esos fenómenos estaban y permanecían presentes en la realidad y verlos sólo sirvió para exacerbarlos deliberadamente.
Empecemos por el empleo, cuya falta de oferta fue uno de los detonantes de aquellos problemas. Cuando el mercado laboral interno fue inhabilitado para dar ocupación a entonces casi un millón de nuevos aspirantes a un empleo estable, se optó por fomentar la emigración hacia los Estados Unidos a fin de usar esta válvula de escape para tratar de evitar que la olla de presión social estallara.
A la baja, la recepción de remesas desde los Estados Unidos
El coronavirus se ha encargado de poner ahora las cosas en su lugar. La crisis laboral en la economía estadunidense ha desplazado a casi 22 millones de trabajadores. Ocho millones de cesantes son tipificados demográficamente como hispanos. El más alto porcentaje de esos hispanos es de mexicanos.
No se tienen reportes actualizados de nuestros servicios consulares en la Unión Americana sobre cuántos paisanos habrían sido afectados ya por la pandemia.
Desde el punto de vista humanitario, no es esa cuestión de poca monta. Pero este asunto tiene otra filosa arista para nuestra tranquilidad interna: Desde hace al menos una década, las remesas enviadas a sus familias por nuestros compatriotas transterrados han superado los ingresos por petróleo y turismo.
Para 2019, esos envíos de billete verde alcanzaron el máximo histórico de 35 mil millones de dólares, casi único medio de subsistencia de cientos de miles de familias mexicanas, sobre todo en las áreas rurales y semiurbanas. Los reportes de los servicios bancarios, postales y alternos informan que durante las recientes diez semanas las transferencias están registrando una sensible baja. Dejamos el tema en ese tamaño.
Dos millones de jornaleros dejados a la mano de Dios
El otro punto de esta entrega también tiene décadas presente en los estados del noroeste del país, donde los florecientes valles agrícolas fueron dedicados básicamente a la agricultura de exportación. Los comités de planeación del desarrollo económico de Sinaloa, Sonora y Baja California, blasonan cada ejercicio fiscal de la participación de ese sector exportador en el Producto Interno Bruto de esos estados y en el PIB nacional.
Conforme los censos de las secretarias del Trabajo de esas entidades, en las tareas de siembra, cultivo y cosecha de hortalizas y legumbres la mano de obra ocupada está a cargo de unos dos millones de jornaleros; la mayoría enganchados en familias completas en las zonas indígenas más deprimida económicamente de los estados del sur-sureste de la República. De acuerdo con esas fuentes, la mitad de esos jornales es de menores de edad.
Población carente de Seguridad Social y servicios de Salud
Abundan investigaciones especializadas que denuncian sistemáticamente que esa población productiva es privada del pago de salario justo, según la dureza de su labor y la duración de sus jornadas; de Seguridad Social, a la que no es ajeno el requerimiento de vivienda digna y, desde luego, el de la Educación.
La constante de esos señalamientos, sin embargo, es la negación de servicios de Salud, no sólo para hacer frente a la amenaza ordinaria por las condiciones insalubres del hábitat, sino por el uso indiscriminado de fórmulas tóxicas aplicadas para la protección de las siembras, contra las cuales cual no se dota a los jornaleros de los elementos preventivos contra la contaminación.
En los predios donde se practica ese tipo de cultivos, se registra un alto grado de concentración humana requerida para esas tareas, preferentemente manuales, o de población flotante que se presenta a negociar las compras y para su transportación. El personal de esos campos no puede ser sometido al aislamiento, son riesgo de mermar la productividad y menguar las ganancias.
Las zonas rurales no son prioridad en las acciones de contingencia
Lo grave del asunto, es que, durante las semanas que lleva la pandemia, las autoridades estatales y federales centran su atención en los límites urbanos, donde ya se han detectado los casos de infección y defunción. Ahí es donde actúa el personal médico y de enfermería que, de por sí, no se da abasto en las instalaciones de consulta y servicios hospitalarios disponibles.
Creemos que, en ausencia de sensibilidad patronal, es llegada la hora de que el Estado vele por la integridad física y sicológica de aquellos dos millones de jornaleros que, por añadidura, carecen de representaciones sindicales que levanten la voz por ellos, antes de que se conviertan en mera estadística del desastre.