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La larga marcha hacia la Economía criminal

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

En diversas entregas editoriales, hemos tratado de documentar el proceso por el cual la institución de la Economía criminal en México pasa por los delitos de cuello blanco.

Busquemos una piedra de toque neoliberal: De acuerdo con investigaciones recientes, la carga de la corrupción en nuestro país tiene un costo de un billón de pesos al año.

Procuremos una correlación causa-efecto con unos cuantos datos: Fiscalistas mexicanos reportan que se encuentran detectadas seis mil 500 empresas fantasma en el país. En recientes ejercicios fiscales se han identificado hasta 224 mil 773 facturas falsas.

Con esos papeles apócrifos se han respaldado operaciones por un billón 400 mil millones de pesos. De acuerdo con especialistas en Derecho fiscal, podrían tipificarse delitos como lavado de dinero, fraude procesal, falsedad y estafa agravada.

La paradoja consiste en que las empresas fantasma existen “legalmente”: Las escritura un despacho notarial a sabiendas de que se constituyen con prestanombres, se inscriben en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, y en el Registro Federal de Contribuyentes. Cuentan hasta con firma electrónica.

En ese proceso hay colusión, confabulación o conspiración entre al menos dos agentes mercantiles y eventualmente de alguna autoridad recaudadora o gobernadores de notoria fama pública.

En no pocos casos, el propósito es mitigar el pago del Impuesto sobre la Renta y obtener devoluciones, por ejemplo, del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En términos relativos, el costo de esos ilícitos equivalen al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Deuda pública, balanza comercial y otros hallazgos

Cambio de página: Aunque Hacienda considera que se ha estabilizado y aun disminuido, al arrancar 2018 se calculaba que la deuda pública habría cruzado la barrera de los 10 billones de pesos. Sólo entre los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, esa cifra se disparó en un billón 300 mil millones de pesos.

Aunque el sector exportador se mantiene boyante, la balanza comercial está desequilibrada por el costo de las importaciones.

En ese fenómeno aparece explícito un factor: La contrarreforma petrolera ha tenido como resultado que México haya bajado sensiblemente la producción y refinación de crudo.

La importación de derivados del petróleo en los primeros cinco meses de 2018, sólo en gasolinas, ha alcanzado 591 mil barriles al día, más del 75 por ciento de la demanda. Obviamente, se paga en dólares, de lo que sigue que los consumidores han resentido incrementos en el precio entre de 10 y 15 por ciento de la Magna y Premium.

“Ahorro bancario” y fondos de los trabajadores para el retiro

El déficit en las cuentas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), en el que se ha depositado el costo de los rescates bancario y carretero, principalmente, fluctúa ya en el billón de pesos.

Los fondos de ahorro de los trabajadores para el retiro suman ya más de 3 billones de pesos. Lanzados en un alto porcentaje al mercado especulativo, giran sobre su liquidez papeles de deuda, empezando por los del gobierno federal y le siguen los de corporativos privados, entre los que se incluyen trasnacionales que se fondean para financiar contratos públicos de proyectos de infraestructura.

Economía negra y economía rural

La economía nacional globalizada, está primada por la economía negra, que se enmascara en el eufemismo de “informal”. Con independencia de lo que implica en la baja captación fiscal, de ese “sector” depende la subsistencia de más de 30 millones de mexicanos.

En ese escenario social aparece un nocivo ingrediente: la desindicalización de la mano de obra que, lesionada por los contratos de protección empresarial y la triangulación contractual, entre las primeras negaciones padece está la falta de seguridad social.

La economía rural tiene como santo y seña la presencia de casi siete millones de jornaleros, una gran parte ejidatarios y comuneros afectados por la privatización de la propiedad social de la tierra. El mercado nacional de alimentos está invadido por productos agropecuarios importados.

Como en el caso de los derivados del petróleo, la compra de esos productos alimenticios o de insumos industriales, se paga en dólares. Ambos inciden en los índices de inflación, que está lejos de anclarse en el 3 por ciento que pretende el Banco de México.

Con premeditación, alevosía y ventaja

¿Cómo llegamos en México a esa absurda y criminal situación, socialmente inadmisible? Por la ruta del Estado neoliberal, que no fue gestado por la mano invisible del mercado, sino en una operación muy visible, marcada por tres agravantes: Premeditación, alevosía y ventaja; mucha ventaja, perpetradas desde el exterior y asumida en el interior.

El huevo de la serpiente se incubó entre las década de los sesenta y setenta, para salir del cascarón en los ochenta.

La nodriza fue, sustancialmente, la ahora desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, con las institutrices Hacienda y Economía, y un amante fiel: El Banco de México.

La herencia de Miguel Mancera y Gustavo Petricioli

En ese periodo, la paternidad del gabinete económico del Presidente en turno fue endosada a dos protagonistas de primer orden: Miguel Mancera Aguayo (Banco de México) y Gustavo Petricioli Iturbide, de larga carrera en el área financiera pública, hasta situarse en Hacienda como titular.

En 30 años, desde Pedro Aspe Armella hasta José Antonio Kuribreña -ambos formados académica e ideológicamente  en universidades estadunidenses- la gestión de las políticas fiscal y monetaria han estado en manos una legión de tecnócratas.

Esos funcionarios del Estado mexicano, hasta finales de 2017, han portado una insignia con esta leyenda: Itamitas, una identidad derivada de su alma mater: El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Los itamitas ¿están incluidos en la convocatoria a la reconciliación nacional? Es pregunta. Es cuanto.



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