Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
Las políticas de Estado, sobre todo las fundamentales de Salud y Educación, no pueden estar expuestas al piso de remates entre los poderes públicos o al capricho o el oportunismo de los sujetos obligados, entre éstos los gobernadores.
Disuelta en los hechos la Conferencia Nacional de Gobernadores, dinamitada por un sectario sindicato de mandatarios del Partido Acción Nacional, las negociaciones con las entidades federativas escapan a la unidad de acción, de suerte que, por ejemplo, en el caso del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, los acuerdos se han dado de manera fragmentada, según el partido en el que militan los gobernadores que se han sentado a la mesa de diálogo con las partes federales.
Lo inadmisible de esa operación política, es que los gobernadores no actúan en función de los apremios y la vulnerabilidad del sistema de Salud, emplazado a brindar atención a 127 millones de mexicanos, sino haciendo cuentas, no de los costos, sino de los beneficios presupuestales que en lo particular les puede rendir su adhesión a Palacio Nacional.
Desde esa perspectiva, ya son 21 los mandatarios que, al cuarto para las doce, como si se tratara de toma y daca dieron su consenso al nuevo enfoque, administrativo, científico y social del plan nacional de Salud. Hasta ayer, faltaban 11 entidades federativas de dar el visto bueno.
Los del PRI doblaron la vértebra de última hora. No se pasa por alto que han sido precisamente de ese partido ex gobernadores que han sido defenestrados por ejercicio indebido del servicio público, afectando con desvíos precisamente el presupuesto etiquetado al ramo de Salud, de lo que se colige que los tricolores parecieron actuar poniéndose el guarache antes de espinarse bajo la amenaza de desaparición de poderes en los estados, método que ya se hizo sentir en el pasado periodo de sesiones en el Senado, en que se introdujeron tres iniciativas al respecto.
Los que tratan de encarecer la factura presupuestal son los gobernadores del PAN, alardeando de que solventarán la política de Salud con sus propios medios fiscales, baladronada que cae por su propio peso cuando se conoce el deplorable estado de las finanzas de sus estados.
Lo que se requiere, no es la aplicación de la regla de premios y castigos según el humor de los dispensadores de favores federales, sino producto de una operación política de gran calado, en que los consensos no sean compulsivos, sino expresión de una voluntad racional colectiva frente a los grandes desafíos nacionales.
Ese imperativo eventualmente podría lograrse con los 15 nuevos gobernadores que surgirán de las elecciones de 2021, pero por lo pronto, le cuelga mucho al incipiente Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en horas críticas en que se anuncia la inminente invasión del coronavirus que está tocando las puertas del país.