La inversión monetaria de este gobierno en programas sociales contra la criminalidad alcanzó los 127 mil millones de pesos, solo en el primer trimestre del presente año. Hay una encendida polémica respecto de los resultados de la estrategia oficial.
El punto de partida hipotético fue que las carencias sociales son propiciatorias de conductas delictivas. Por lo tanto, el gobierno consideró que cualquier estrategia de combate al crimen tenía que contemplar por principio ayudar a los pobres con diversos programas sociales. Con esa idea nació la política oficial de “Abrazos, no balazos”.
Como datos ilustrativos de los alcances de esa estrategia anticrimen, valga mencionar que -según datos oficiales- al menos 30 millones de hogares son beneficiarios de algún programa de ayuda, de un total de 35 millones que conforman la gran familia mexicana.
Es decir, un 85% de las familias del país reciben al menos un programa asistencial.
Ese porcentaje tan elevado se explica porque el mayor de todos los programas -la pensión para las personas adultas mayores- es “universal”; esto quiere decir que llega también a gente rica. En total ya son más de 11 millones los beneficiarios. Reciben dos mil 400 pesos al mes (el doble bimestral).
Luego está el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, consistente en una beca de capacitación laboral, de seis mil 310 pesos al mes, en 2023 –un salario mínimo-, y seguro médico para los beneficiarios; máximo de un año. Son cerca de tres millones de becarios desde que inició el programa en 2019.
El siguiente “Sembrando vida” -para campesinos ejidatarios-, tenía a junio del presente 447 mil 709 beneficiarios. Estos reciben seis mil pesos cada mes.
También es digno de mención el programa destinado a madres trabajadoras, que suma 256 mil 274 beneficiarias; ellas reciben 800 pesos al mes (el doble bimestral), y una cantidad extra si tienen hijos con discapacidad.
Además, está el programa de ayuda a personas con discapacidad permanente, quienes reciben un mil 400 pesos mensuales (el doble al bimestre).
Por el otro lado, al menos 20.3 millones de mexicanos sobreviven con salario mínimo -de 207 pesos al día, en 2023-, según encuesta reciente del INEGI. Los asalariados tienen que destinar una tercera parte de su ingreso mensual (poco más de seis mil pesos) para adquirir una “canasta básica”, de 2,177 pesos por persona.
Se puede concluir que si bien las ayudas son elevadas en población cubierta, no lo son en cantidad entregada per cápita. Si a esto se agrega el alto porcentaje poblacional que sobrevive con sueldo mínimo y la muy elevada inflación promedio del sexenio, de dos dígitos en alimentos –lo que más afecta a los sectores de bajos ingresos-, solo queda admitir lo insuficiente de la estrategia oficial anticrimen.
Hasta el 01 de agosto del presente sumaban 162 mil 281 asesinatos dolosos; lo peor de una larga estadística criminal (robos, asaltos, fraudes, etc.).
Numerosos expertos han reprobado la estrategia de “Abrazos, no balazos”; sin descartar el enfoque social han planteado como prioritario, combatir la impunidad.
A final de cuentas, la realidad arroja su propio balance.