En la medida en que el derecho penal se conciba con virtud y cuidado, asegurando que se sancione a quien lo merezca, pero también que se reconozca la inocencia de aquel a quien el Estado haya acusado erróneamente, se alcanzará una de las finalidades de la democracia: la eficacia plena de las libertades de los gobernados.
Así lo afirmó el senador perredista Manuel Camacho Solís, presidente de la Comisión Reforma del Estado, en la presentación de la segunda edición del libro Manual Práctico del Juicio Oral, de la jurista y académica Diana Cristal González Obregón.
Al afirmar que la obra contribuye al claro entendimiento de los principios que rigen los juicios orales y que hoy representan en México un cambio integral en la forma de impartir justicia, el legislador dijo que las realidades sociales no pueden ser modificadas a partir de reformas constitucionales y legales, sino sólo cuando éstas se implementen adecuada y democráticamente.
El derecho penal es el ordenamiento que con mayor claridad permite determinar la naturaleza del Estado, qué conductas castigar y cómo castigarla, así como el grado en que una comunidad política se acerca a un sistema democrático o a uno autoritario.
Por su parte, el senador Raúl Morón Orozco destacó que la doctora González Obregón “nos permite reflexionar cuando afirma que es necesaria la eficaz persecución de los delitos,”.
En un país lastimado por una severa crisis de inseguridad que se ahonda por diversos motivos, uno muy importante es la existencia de un sistema de justicia penal que propicia la impunidad en lugar de prevenirla y castigarla de manera ejemplar.
Dijo que coincide con la autora cuando afirma que el derecho a la defensa en México es bastante limitado, la persecución penal se realiza en representación de la sociedad, pero se descuida el interés de la víctima y es común que se realicen consignaciones sin tener pruebas fehacientes y se relega la condición de ser humano de los procesados.
Estuvo de acuerdo en que se han atrofiado las capacidades de investigación del Ministerio Público y que la función de jueces y magistrados se limita a recibir y convalidar actuaciones. “Muchas veces los jueces, al dictar sentencias reproducen prácticamente el contenido de las averiguaciones previas”.
Indicó que la autora exhibe con nitidez el modelo que a todas luces está rebasado por la realidad, y en contraposición “nos muestra las virtudes del sistema garantista que tiene como premisa el respeto a los derechos tanto de la víctima como del inculpado”.
A su vez, la autora González Obregón, coordinadora de capacitación en el sistema acusatorio y juicio oral del Instituto de Formación Profesional (IFP), de la Procuraduría General de Justicia capitalina, señaló que el objetivo de la obra es dotar de herramientas modernas y eficaces a los operadores jurídicos, de cara a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal en México.
“Imaginemos un sistema de justicia –dijo– donde el juez te escucha, donde tienes voz y voto, donde la víctima está protegida, donde tu abogado no te pide dinero para copias, donde éste realmente es un jurista y no un coyote, donde no te dicen lo que tienes que hacer y donde no tienes miedo y se resuelve tu caso en minutos”.
“Pero dejemos de utilizar la palabra imaginemos”, subrayó, ya que este cambio empieza a ser realidad en México, gracias a los legisladores que aprobaron en junio del 2008 y en junio del 2011 un parteaguas trascendental: “el proceso penal mexicano será acusatorio y oral”, artículo 20 de la Ley de Justicia Penal.
A la presentación, asistieron también los senadores perredistas Zoé Robledo Aburto y Fidel Demédicis Hidalgo, así como Carla Cabrales Silva, jueza de ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango y Juan José Olea Valencia, Coordinador general del IFP.