Otra vez México llega a su cita puntual de relevo presidencial con augurios catastrofistas. Esto en medio de una peligrosa polarización social y de una violencia política inusitada; así como de ríos de dinero legal e ilegal que alimentan las campañas electorales. En este año 2024, más de 22 mil millones de pesos (“legales”) le fueron aprobados al organismo electoral (INE) como presupuesto “recortado” para organizar el total de elecciones.
Por separado, a los siete partidos contendientes les fue asignado un financiamiento público por cerca de 10 mil millones de pesos (un aumento de 53%, contra lo aprobado en los comicios del año 2018).
Además del proceso federal, en estas elecciones se renuevan ocho gubernaturas; la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, su congreso local y sus 16 alcaldías. También hay elecciones de 31 congresos locales, y se renuevan ayuntamientos de 29 entidades federativas.
Únicamente para el proceso federal, el INE tiene contemplados ocho mil 802 millones de pesos. Del presupuesto para los partidos 6,609 millones están destinados para actividades ordinarias, y 3,304 millones para sus gastos de campaña del proceso electoral federal.
El padrón electoral del INE sumaba 99.8 millones de mexicanos, con corte al 11 de enero de 2024; con una lista nominal de 97.6 millones de potenciales votantes.
Este financiamiento es considerado el mayor en la historia del país, como resultado del crecimiento del padrón electoral; asimismo, por la voluntad de los partidos, porque ellos se reparten el presupuesto a través de sus representantes en el Congreso (y les gusta servirse con generosa abundancia).
Así de fácil. Y a quien no le guste, que le haga como quiera, parecen decir todos los que se benefician de ese oneroso entramado sistemático. Atrás quedaron los reclamos ciudadanos y de la “izquierda” que hoy gobierna, de reducir los enormes costos de las elecciones mexicanas.
Lo mismo pasa cada seis años: los candidatos meten a los electores en un estrés mayúsculo, bombardeados por francas mentiras y promesas oportunistas.
Como es sabido, aparte del dinero público “transparente”, los candidatos y sus partidos aceptan donaciones legales y otras “bajo el agua”. Ya se hizo costumbre y aunque son financiamientos prohibidos, todos los partidos y sus candidatos los reciben. El problema es que son recursos opacos, no pocas veces procedentes de organizaciones criminales o de intereses que compran por anticipado, beneficios indebidos. Esto siempre acaba trascendiendo. Aunque el INE lleva un registro de gastos y aplica multas a quienes violan el reglamento, los candidatos o sus partidos apelan ante el Tribunal Electoral; este –infiltrado por los intereses políticos- no pocas veces revoca las penalizaciones; y todos felices.
Varias expresiones referentes al relevo sexenal mexicano han sido acuñadas en los últimos lustros, como presagio de algo grande: “Choque de trenes” y “la madre de todas las batallas”, entre otras, tratando de advertir que en esa fecha sexenal los mexicanos asisten a una redefinición de su presente y su futuro.
Y es así, desde que el PRI cedió a las presiones sociales y aceptó la participación “democrática”. Desde entonces, 1988, cada elección fue pretexto para hablar de un “choque de trenes”.
En efecto, en al menos las últimas tres décadas, las grandes corrientes ideológicas (izquierda, centro y derecha) se confrontan cada sexenio para tomar el timón del país. Esta no es la excepción; aunque el pueblo acabe pagando -de muchas maneras- los altos costos que representa “la democracia” a la mexicana.