En su afán de contener la sangrienta ola criminal en sus comunidades, obispos de Guerrero –siguiendo un exhorto del Papa Francisco- buscaron y consiguieron reunirse con líderes de grupos criminales. Estos se disputan el territorio y el objetivo de los prelados era dialogar y “acordar una tregua” entre ellos, con el fin de pacificar al estado.
Mientras daban a conocer estas gestiones, en todo el país el conteo fúnebre del sexenio, por ejecuciones salvajes sumaba 179,226 al 14 de febrero del presente, de acuerdo con un reporte de la consultora TResearch International, con datos oficiales.
El solo planteamiento de “un diálogo” de la sociedad civil –en este caso de representantes eclesiásticos- o de autoridades de cualquier nivel, con fuerzas criminales –así fuere motivado por una causa noble- debiera ser un escándalo. Implicaría un “pacto”, equivalente a una claudicación del estado de derecho.
Por principio y para valorar con serenidad la iniciativa en referencia, hay que atender la posición de los ministros religiosos.
El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, informó en conferencia de prensa, el día “Miércoles de ceniza” –el 14 de febrero- que la violencia en la entidad alcanzó a la comunidad eclesiástica: les han matado catequistas, mayordomos, padres de los acólitos y encargados de adoración.
Precisó que el Ejército estaba dejando actuar a las bandas criminales: “No es posible que haya patrullajes y los criminales llegan, cometen sus delitos y después se retiran sin que nadie los moleste”. Hizo un llamado a las autoridades a “que no se corrompan, que no simulen y que hagan su trabajo”, de brindar seguridad a las comunidades.
Al respecto, el obispo emérito, Salvador Rangel, sostuvo: “Tenemos que hacer algo, porque es penoso que estas autoridades no hagan nada por pacificar al estado”.
Como ha venido reportando la prensa, la violencia se exacerbó en las últimas semanas en importantes ciudades de la entidad, como Acapulco, Taxco, y la capital Chilpancingo. Fueron sitiadas por los criminales: colapsaron el transporte público y de mercancías, las actividades escolares y comerciales. Según conteos oficiales, al menos 1,600 transportistas interrumpieron actividades durante diez días.
Por su parte, el sacerdote Filiberto Velázquez afirmó que finalmente habían lograron un acuerdo entre los dos grupos mafiosos que se disputan la región. No van a invadirse territorios y respetarán los “negocios” de cada cual. Manifestó que las autoridades habían permanecido al margen del presunto “dialogo” y que estaba bien que no se metieran.
El obispo de Chilpancingo había pedido al gobierno “dialogar” con los grupos criminales: “Para que haya una tregua y tengamos paz, pero parece que nos han dejado solos”.
Los representantes del clero, en su intermediación tuvieron el visto bueno del Papa Francisco, quien les pidió no ser indiferentes a la violencia en sus comunidades: “No nos detendremos en seguir buscando espacios de diálogo”, sostuvo González Hernández.
Al ser cuestionado al respecto, el presidente López Obrador respondió que el diálogo estaba bien, aunque era una responsabilidad del Estado garantizar la paz y la seguridad.
No es la primera vez que los obispos dan qué decir por sus reuniones –también en otros municipios del país- con líderes de bandas criminales. Así sea a favor de las mejores causas, no es asunto de su competencia. En todo caso, exigir a las autoridades cumplir sus obligaciones.
La sociedad necesita y debe exigir a unos y otros, muchas explicaciones del mencionado diálogo. El gobierno federal tiene la palabra.