En una entrevista publicada este martes por The Guardian, Agnes Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, denunció haber sido víctima de amenazas mortales por parte de un alto funcionario de Arabia Saudita por su papel en la investigación del asesinato del periodista crítico saudita Jamal Khashoggi.
De acuerdo a Callamard, en enero de 2020 uno de sus colegas de la ONU le informó sobre estas amenazas, que tuvieron lugar ese mismo mes durante una reunión de alto nivel en Ginebra (Suiza) con la participación de diplomáticos saudíes. Los representantes del país árabe criticaron el informe de la relatora especial, publicado en junio de 2019, que concluyó que había “pruebas creíbles” de que el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, era responsable de la muerte de Khashoggi.
Según la funcionaria, los saudíes también la acusaron de haber recibido dinero de Catar, rival político de Arabia Saudita. Asimismo, reveló que uno de los altos funcionarios saudíes afirmó haber recibido llamadas telefónicas de personas anunciando su intención de “ocuparse de ella”, lo que fue interpretado por Callamard como una amenaza de muerte.
Cuando los funcionarios de la ONU presentes en la reunión expresaron su rechazo a estas palabras, otros miembros de la delegación del reino árabe trataron de rebajar la tensión asegurando que no había que tomar el comentario en serio. Sin embargo, más tarde, el mismo funcionario saudí habría señalado que conocía a gente que se había ofrecido a “ocuparse del asunto” si no lo hacía él.
“Los que estaban presentes, y también posteriormente, dejaron claro a la delegación saudí que eso era absolutamente inapropiado, y que […] no debía ir más allá”, dijo Callamard. “Estas amenazas no funcionan en mi caso. Bueno, no quiero pedir más amenazas, pero tengo que hacer lo que debo hacer. Eso no me impidió actuar de la manera que creo que es correcta”, puntualizó.
Informe de EE.UU. sobre el caso Khashoggi
En febrero de 2021 fue publicado un informe de la inteligencia de EE.UU. que apuntaba que Mohamed bin Salmán había autorizado la operación de asesinato de Khashoggi. Riad tachó las conclusiones del documento de “falsas e inaceptables”.
Posteriormente, el Departamento de Estado de EE.UU. introdujo restricciones de visados a 76 ciudadanos del país árabe supuestamente vinculados al asesinato. No obstante, la Administración de Joe Biden evitó sancionar al propio Bin Salmán, subrayando que hay “medios más eficaces” para castigar a los responsables.