Norberto Hernández Montiel

Ojo Público

Escribir un trabajo académico es una actividad que requiere de la mayor seriedad, inclusive cuando se trata de la más sencilla tarea; el profesorado debe insistir en que cada actividad se realice con el máximo rigor, fundamentalmente respecto a las citas textuales, las cuales siempre se entrecomillan y se asocian con una nota de pie de página.

Lo anterior viene a colación por el informe con el cual la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz obtuvo su título de Ingeniería en Computación. La claridad para redactar cualquier trabajo implica, necesariamente, precisar cuándo las ideas son propias o de otro autor. Es por ello que se considera como plagio el uso de frases o párrafos ajenos que se pueden interpretar como propios del autor del trabajo.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define el plagio de la forma siguiente: “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. No se trata de un error, o una falta menor, y esto lo corroboramos con la existencia de una institución que tutela los derechos de autor en nuestro país, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

Vayamos todavía más lejos. La pagina web del Indautor cuenta con ligas a diversas instituciones que salvaguardan este derecho, como el Instituto Federal de Defensoría, la Organización Mudial de la Propiedad Intelectual, el Centro de Arbitraje de México y otras más, a las cuales se puede acudir desde el sitio mencionado.

Al principio señalábamos que una cita textual se entrecomilla y se asocia con una nota de pie de página. Para información de la senadora Gálvez, desglosamos los datos que deben apuntarse a pie de página: Nombre de autora o autor de la obra, comenzando por apellidos; título de la publicación citada, escrito en cursivas; nombre de la casa editorial que publicó; país en el cual se publica; año de publicación; edición, en caso de que haya más de dos; página de la cual se tomó.

Para el caso de las citas que se incluyen a partir de archivos de Internet, se les anota con el nombre de autora o autor, comenzando por apellidos; título de la obra; institución que publica; liga de la página o sitio cibernético de donde se tomó; fecha de la consulta, en la cual se escribe, mínimamente, mes y año de la revisión.

Lo anterior es una norma académica que desgraciadamente ha ido perdiendo rigor, al grado que hay publicaciones en las cuales se sustituye la nota de pie de página por una referencia entre paréntesis, únicamente con el primer apellido del autor y el año de la publicación. Hay casos peores, de libros editados por universidades, en los que no hay citas. Al final se incluye una descuidada bibliografía o hemerografía, únicamente con título de la publicación.

Sabemos que el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turnar el vergonzoso asunto de la senadora Gálvez tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, con la finalidad de que se realice el análisis correspondiente y se determine si hubo plagio. La UNAM hizo su parte, pero el asunto no termina ahí.

Volvamos con el perfil de la senadora Gálvez. El desaseo de su informe de trabajo profesional no es un desliz aislado, sino un patrón de conducta caracterizado por corrupción, irresponsabilidad, vulgaridad disfrazada de franqueza, clasismo y racismo, a pesar de que presume sus raíces indígenas.

Todo esto y bastante más lo vemos reflejado en sus actividades, que deberían ser de dominio público, debido a que se trata de una persona políticamente expuesta, lo cual parece entender cuando se trata de otros personajes, como el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, pero lo concerniente a ella, como respondió a un reportero que la cuestionó sobre la “casa roja”, es privado.

Afortunadamente, no se le concedió el amparo que promovió para que no se hablara de ella, como personaje público, con lo cua pretendía acallar al ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien está ofreciendo pruebas de la corrupción de Gálvez.

Todas las actividades de la aludida son públicas, porque vive del erario, su salario como senadora lo pagamos los mexicanos con nuestros impuestos y tenemos derecho a saber, concediéndole el beneficio de la duda, si hubo o no tráfico de influencias en la forma como sus empresas obtuvieron contratos por más de mil 400 millones de pesos, siendo ella delegada en Miguel Hidalgo.

Como votantes responsables, muchos ya hemos tomado nota de que la senadora Gálvez tiene la costumbre de minimizar sus errores, y peor aún, sus posibles delitos con leperadas y bromas de mal gusto. Es rauda para presentar demandas, que el Poder Judicial responde con la misma rapidez y en similar forma mañosa, también es rápida para tramitar amparos.

Para lo anterior tiene a su disposición al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en cuyo Consejo Directivo están nada menos que Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Esa es la razón de su velocidad para presentar litigios, respaldados por órganos del Poder Judicial que también los atienden sin demora.

Inclusive, los funcionarios que dejaron en el Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, en la Comisión de Quejas y Denuncias, dictaron medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no mencione en las conferencias de prensa mañaneras a la senadora Gálvez, en relación con las elecciones de 2024.

Al respecto es imperioso preguntar: ¿Y los artículos 6° y 7° de la Constitución? ¿Dónde quedan la libertad de expresión y el derecho a la información, garantizados en ambos ordenamientos? ¿La Comisión de Quejas del INE pueden ir en contra de la Constitución, con sus medidas absurdas?

El presidente tiene derecho a expresarse y los mexicanos tenemos derecho a estar informados de lo que ocurre en asuntos tan serios como el futuro político de nuestro país, cuyo Poder Ejecutivo, al paso que vamos, podría quedar en manos de una persona a quien una suma de cien por ciento le resulta en 130.