BOGOTÁ, (Sputnik), 25 de enero de 2021 .— Un juez de Bogotá emitió fallo condenatorio contra el agente de la Polici?a Nacional, Ne?stor Julio Rodri?guez Ru?a, a quien halló responsable de disparar una granada de gas lacrimo?geno que ocasiono? la muerte de un menor de edad durante una protesta registrada en Bogotá en el año 2005, informó la Fiscalía.
“De acuerdo con los testimonios obtenidos por una fiscal de la Direccio?n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el funcionario, adscrito al Escuadro?n Mo?vil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, acciono? un arma conocida como gaseador o truflay sin orden previa de sus superiores”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
“Los peritajes de bali?stica y los dicta?menes me?dico-forenses evidenciaron que el patrullero desconocio? los protocolos de uso dispuestos para este tipo de artefactos y lo disparo? de forma lineal y directa contra la multitud”, dijo la Fiscalía.
Agregó que “una de las granadas alcanzo? a un joven, de 15 an?os (identificado como Nicolás Neira), quien con otras personas acompan?aba la jornada”.
El joven murio? cinco di?as despue?s del hecho, producto del trauma craneoencefa?lico que le ocasiono? el disparo.
El fallo se dictó luego de que el juez avalo? los argumentos y elementos de prueba presentados por la Fiscali?a, y el próximo 5 de marzo se conocera? la pena impuesta contra el agente de la Policía, a quien se le acusó como responsable del delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual.
De acuerdo con los testigos, los agentes del Esmad golpearon de manera contundente al adolescente, luego de lo cual sufrió el impacto en la cabeza con una munición disparada por el agente Rodri?guez Ru?a.
El joven fue socorrido por los propios manifestantes, quienes lo condujeron a un centro médico donde fue internado y falleció cinco días después.
Los padres de Nicolás pasaron por varias instancias en búsqueda de justicia y en el proceso fueron amenazados de muerte, por lo que pidieron asilo político en España, luego de lo cual el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En abril de 2011 el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó a la nación a pagar una millonaria cifra a los padres como indemnización por la muerte de Nicolás.