HONDURAS, 10 sep (Prensa Latina) Organismos de derechos humanos y de la sociedad civil se pronuncian hoy en relación con los efectos negativos de la declaración de Honduras como tercer país seguro.
El país no dispone de los recursos financieros ni la capacidad logística y humanitaria para atender a miles de inmigrantes que sean retenidos en el país, declararon.
También denunciaron la forma poco transparente en la que el gobierno negoció el pacto bilateral, sin informar y consultar a los principales actores de la sociedad sobre su impacto y alcance.
Roberto Herrera, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el país, declaró que de concretarse, la vulneración de los derechos humanos sería grave, no solo para los migrantes en tránsito, sino para los mismos hondureños que continúan saliendo del país.
El diario La Prensa informó ayer sobre el polémico pacto migratorio, denominado Acuerdo de cooperación en materia de asilo, que se concretó el pasado agosto durante una reunión en Washington entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario interino del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan.
El gobierno hondureño también acordó acelerar la aprobación de las deportaciones de sus ciudadanos, así como a permitir el traslado por avión de adultos y niños.
Por su parte, Estados Unidos acordó entregar fondos para implementar el plan, incluido el posible envío de agentes federales a Honduras, según fuentes diplomáticas.
La declaratoria compromete a Honduras a recibir y proteger a miles de migrantes y, al igual que los convenios precedentes firmados por Estados Unidos con Guatemala, forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para sofocar el flujo de migrantes en su frontera sur.
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