El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación debe informar sobre el caladero de submarinos nucleares en que se ha convertido Gibraltar desde hace décadas. Así consta en una resolución del Consejo de Transparencia a petición de un cuidadano particular, el abogado Guillermo Rocafort, al que la propia cartera de José Manuel Albares denegó los datos que reclamaba. En concreto, el letrado pedía «copia de la comunicación del Gobierno británico» de la estancia en el Peñón del sumergible «HMS Ambush», el pasado 3 de marzo, «así como de todas las comunicaciones de presencia de submarinos nucleares en Gibraltar desde 2018».
Exteriores denegó «parte de la información solicitada» alegando «razones de seguridad nacional, defensa, relaciones internacionales y seguridad pública», y el interesado interpuso una reclamación el 28 de junio de 2023 ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Con fecha del día siguiente, este organismo trasladó la demanda al Ministerio de Asuntos Exteriores para la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerara pertinentes. El 19 de julio «se recibió escrito en el que se reiteran las razones por las que se ha denegado parte de la información solicitada», alude el CTBG en su último documento, fechado el día 23 de este mes de enero, en el que recuerda que «el derecho de acceso a la información» es «un derecho de rango constitucional que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento, por lo que cualquier restricción de su eficacia debe ser objeto de una interpretación estricta, cuando no restrictiva, de los límites aplicables que, en todo caso, deben justificarse de una forma expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida», como además establece el Tribunal Supremo.
En este sentido, el Consejo de Transparencia dice en su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que «el ministerio requerido no ha explicitado las razones por las que aplica los límites mencionados, limitándose únicamente a citarlos».
Considera que la «ausencia de esta justificación evidencia por sí misma la total inobservancia de los requisitos que la Ley de Transparencia exige para imponer una limitación al ejercicio del derecho de acceso a información pública». Afea que «no se ha realizado el mínimo esfuerzo de explicar en qué medida el conocimiento de lo solicitado puede causar un perjuicio a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública, y tampoco se ha tomado en consideración el interés público en el acceso para ponderarlo con el eventual daño que dicho acceso causaría al bien protegido». «Al actuar así», advierte, «se incumple con el mandato del artículo 14.2» de la norma, «impidiendo el control de la veracidad y la proporcionalidad de la restricción establecida a partir de la justificación expresa y detallada del órgano decisorio, como demanda el Supremo».
En conclusión, el Consejo de Transparencia estima la reclamación y pide al Ministerio de Asuntos Exteriores que «resuelva concediendo el acceso a la información solicitada o, en su caso, justifique debidamente la necesidad y la proporcionalidad de la aplicación de límites legales a la parte de la información cuyo acceso se deniega».
Rocafort ha venido denunciando de forma sistemática el peligro que, en su opinión, suponen los submarinos nucleares en Gibraltar, por donde han pasado más de cien sumergibles de propulsión nuclear desde que –entre 2000 y 2001– se reparara el «HMS Tireless», según cálculos de Verdemar Ecologistas en Acción. Gracias a la inquietud del abogado por este extremo se ha conocido que España no cuenta con un plan específico ante un accidente, como reconoció el propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Rocafort se quejó, además, ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que delegó en su homólogo a escala nacional, Ángel Gabilondo, quien finalmente dio por buenas las alegaciones del CSN, aunque al interesado no le convenciera e insista en que España «tendría que tener su propio plan específico de seguridad y de emergencia nuclear para la zona del Campo de Gibraltar, como Reino Unido lo tiene para la colonia de Gibraltar y todas las zonas colindantes a sus bases de submarinos nucleares en el Reino Unido».
En julio de 2016, el «HMS Ambush» de la clase Astute, la nave de ataque de propulsión nuclear más grande de la Royal Navy, chocó con un barco mercante frente a la costa de Gibraltar, pese a tener uno de los sistemas de sónar más avanzados del mundo. Ya había estado en la Roca dos años antes.