Se rechazaron las acusaciones de Ucrania sobre la supuesta implicación de Rusia en “asesinatos selectivos” y “secuestros” de tártaros y ucranianos en Crimea.
El Tribunal rechazó todas las reclamaciones de Ucrania sobre cuestiones de ciudadanía, al no encontrar discriminación racial en el régimen jurídico de Rusia para la concesión de la ciudadanía en la península de Crimea desde 2014.
Tampoco se consideraron fundamentadas las acusaciones sobre la supuesta vulneración de los derechos de los tártaros y los ucranianos de Crimea, al momento de acceder a los medios de comunicación nacionales, a reunirse y manifestarse, y a preservar los sitios del patrimonio cultural.
La restauración hecha por Rusia del Palacio del Kan de Bajchisarái no resultó ser una “catástrofe cultural”, como dijeron los representantes ucranianos, sino una medida necesaria para eliminar las consecuencias de la negligencia de las autoridades ucranianas, que habían reducido este monumento histórico y cultural a un estado ruinoso.
El Tribunal ha reconocido que los habitantes de Crimea tienen acceso a la educación en las lenguas tártara de Crimea y ucraniana. Sin embargo, la mayoría dictaminó que la drástica reducción del número de escuelas de lengua ucraniana tras la transferencia en 2014 de la península de Crimea a la jurisdicción de la Federación de Rusia constituía una violación de las obligaciones de la ICERD relativas al derecho a la educación.
Kiev intentó dictar medidas represivas contra miembros de la organización terrorista Hizb ut-Tahrir y de las organizaciones extremistas Tablighi Jamaat y Mejlis de Crimea por perseguir supuestamente a los tártaros de Crimea por motivos étnicos. La Corte Internacional de Justicia discrepó de esta apreciación. El Tribunal no encontró elementos de discriminación en las disposiciones de la legislación rusa contra el extremismo ni indicios de discriminación racial en la aplicación de dichas disposiciones por parte de las fuerzas del orden rusas.
El Tribunal tampoco encontró violación del Convenio en lo que respecta a la prohibición del denominado “Mejlis”, reconocido como organización extremista en Rusia. La sentencia subraya que el órgano representativo de los tártaros de Crimea es el Kurultai, que no ha sido prohibido y sigue cumpliendo sus funciones en Crimea.