México, 10 Oct. (Notimex).- El Capítulo México de Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de Estados Unidos cumplir sus obligaciones sobre derechos humanos y revisar o conmutar las sentencias de pena de muerte que pesan sobre 60 mexicanos en ese país.
En el Día Internacional para Erradicar la Pena de Muerte, el organismo reconoció el papel desempeñado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la defensa de los 51 mexicanos incluidos en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) conocido como caso Avena.
La dependencia mexicana, señaló la organización no gubernamental a través de un comunicado, ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos.
En ese sentido llamó a las instituciones mexicanas a redoblar sus esfuerzos para asegurarse de que se suspendan las condenas de muerte, en particular para los incluidos en el caso Avena.
Esa sentencia señala la falla de las autoridades estadunidenses en el cumplimiento de los derechos consulares establecidos en la Convención de Viena, que son fundamentales para acceder a un juicio justo.
En particular, la falta de juicio justo pone en riesgo a quienes son juzgados en un país distinto al suyo y se pueden dar prácticas discriminatorias, además de que las barreras de lenguaje amenazan con limitar el acceso a la justicia para los procesados.
Pese a la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Internacional, Texas se ha negado a acatarla y ha ejecutado ya a dos mexicanos amparados por su sentencia: José Ernesto Medellín, en mayo de 2008, y Humberto Leal, el 7 de julio de 2011, recordó Amnistía.
El organismo internacional de derechos humanos detalló que Estados Unidos es el único país que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, especialmente en Texas, donde las minorías étnicas tienen mayor probabilidad de ser sentenciadas a pena capital.
Desde que el año 2000 cuando asumió el cargo el actual gobernador de Texas, Rick Perry, han sido ejecutados en total a 250 personas en ese estado.
Los argumentos de Texas para llevar a cabo estas ejecuciones es que no existe una norma interna en Estados Unidos que obligue a esa entidad y sus tribunales a aplicar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, AI recordó que las sentencias de la CIJ deben cumplirse incondicionalmente y no caben excusas de incompatibilidad de derecho nacional, por lo cual el argumento de Texas no tiene validez.
Además, el estado de Texas ha hecho caso omiso de los llamados del gobierno de Barack Obama para detener las ejecuciones de mexicanos amparados por la sentencia de la Corte Internacional.
Existe un proceso para aprobar una legislación federal que permita cumplir con esta sentencia, recordó pero dicha legislación no ha sido aprobada todavía.