La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) rescató a 49 personas que presuntamente eran explotadas laboralmente por los encargados de dos centros de rehabilitación contra las adicciones, mismos que fueron detenidos en cumplimiento a una orden de cateo ejecutada en dichos lugares localizados en la delegación Iztapalapa.
En un comunicado, la PGJDF informó que en uno de los inmuebles ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza, colonia Santa Martha Acatitla, elementos de la Policía de Investigación adscritos en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas rescataron a 41 hombres y seis adolescentes de entre 14 y 17 años.
También aseguraron a Juan Martínez Malpica, quien ordenaba castigos a los internos; José Alberto Somoza Tenorio, interno encargado de medicina y aplicaba castigos; Ricardo Monroy Herrera, imponía castigos; Alan Rojas Ramírez o Alan Cabrera, vigilante del patio; Carlos Alberto Villegas Primitivo, encargado y aplicaba castigos.
En otro predio de avenida Las Lajas, colonia Citlali, los investigadores liberaron a dos afectados y aseguraron a Marco Antonio Ramírez Yáñez, quien aplicaba castigos.
La solicitud de la medida cautelar fue concedida por el juez 22 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, con el propósito de que la representación social encontrara indicios relacionados con declaraciones de un denunciante.
El afectado señaló que en mayo de 2015 fue anexado y desde su ingreso recibió malos tratos, lo sometían a realizar diversos trabajos en contra de su voluntad y si no accedía recibía diversos castigos.
Esta información fue confirmada por los ofendidos al referir que al entrar a los centros de rehabilitación les ofrecían buena alimentación, atención médica, psicológica y les ayudarían a combatir sus adicciones. Incluso les hablaron de actividades deportivas y visitas de sus parientes.
Sin embargo, los inculpados inmediatamente los amarraban de manos y pies, tiraban al piso por varios días y sólo los desataban para ir al baño. Posteriormente, mediante la violencia física y amenazas, eran sometidos a realizar trabajos forzados de albañilería, plomería y jardinería, así como al aseo de puercos que tenían en criaderos.
Familiares de los afectados no tenían contacto con ellos, además debían entregar una despensa y realizar pagos de 700 a 800 pesos semanales para la atención de las personas anexadas.
Tras ser valorados médica y psicológicamente las víctimas fueron diagnosticadas en estado de vulnerabilidad, por lo que una vez integrados los elementos de prueba al expediente, la Procuraduría capitalina ejerció acción penal contra los imputados ante el impartidor de Justicia del Reclusorio Preventivo Sur, como probables responsables del delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados.
Con información de Proceso